Constitución de un patrimonio protegido

De conformidad con la normativa catalana (artículo 227-2 CCCat), es necesario tener en cuenta las siguientes características jurídicas del patrimonio protegido:

De conformidad con la normativa catalana, el patrimonio protegido puede ser constituido por cualquier persona, incluido el propio beneficiario.

La constitución del patrimonio protegido se debe realizar mediante una escritura pública autorizada ante Notario, en la que se hará constar:

• El nombre del constituyente y del beneficiario, así como las circunstancias que autorizan a la constitución del patrimonio protegido.
• La declaración de voluntad de constituir ese patrimonio protegido, así como de afectar los bienes que se aporten a la satisfacción de las necesidades vitales del beneficiario.
• La denominación del patrimonio protegido, que debe realizarse mediante la expresión de “patrimonio protegido a favor de…”, seguido del nombre y apellidos del beneficiario.
• La descripción de los bienes que se aportan al patrimonio, así como la forma en que ello se hace.
• Indicación del nombre de las personas a las que se encomienda la administración del patrimonio protegido (que no podrán ser el propio beneficiario).
• Las personas ante las que se hubiere de rendir cuentas en caso de conflicto de intereses.

Asimismo, en la escritura de constitución se podrán hacer constar otras disposiciones relativas al patrimonio protegido (con especial referencia a las normas que deban regir su administración), así como a las facultades de disposición del administrador y las garantías que, en su caso, éste deba prestar.

Por último, si los constituyentes lo desean, también pueden establecer el destino del remanente que, en su caso, hubiere, en el momento en que se extinga el patrimonio protegido.

La administración del patrimonio protegido quedará en manos de la persona física o jurídica que se designe en la escritura de constitución del patrimonio protegido, de modo que, por ejemplo, lo puede ser un familiar del beneficiario, o una entidad social dedicada a la asistencia de personas dependientes o discapacitadas.

Sobre el cargo de administración, su gestión y vicisitudes del cargo, es necesario resaltar las siguientes cuestiones:

• Como ya se ha indicado, el administrador del patrimonio protegido no puede ser su beneficiario.
• El administrador tendrá el deber de conservar los bienes que integran el patrimonio protegido, así como mantener su productividad y aplicar su valor o sus rendimientos a la satisfacción de las necesidades vitales del beneficiario.
• El administrador estará legitimado para defender en un juicio el patrimonio protegido y, asimismo, puede contraer obligaciones con cargo al patrimonio protegido para cumplir su finalidad.
• Para administrar el patrimonio, el administrador quedará sujeto a las reglas de administración que se establezcan en la escritura de constitución y, en defecto de ellas, por las reglas que la ley establece para administrar los bienes de una persona tutelada.
• Si la persona designada como administradora, no quisiere o no pudiere aceptar el cargo, o a posteriori renunciar a él, cualquier persona interesada o el Ministerio Fiscal podrá solicitar a la autoridad judicial el nombramiento de un nuevo administrador.
• En caso de que las reglas que se establecieron en la escritura de constitución para administrar el patrimonio protegido no sirvan adecuadamente para cumplir con su finalidad, cualquier persona interesada o el Ministerio Fiscal podrán solicitar a la autoridad judicial que las modifique.

Para asegurar que el administrador del patrimonio protegido realiza una adecuada gestión de este, la ley determina una serie de mecanismos de control que es necesario tener en cuenta. Así pues:

• En la escritura de constitución pueden designarse personas que supervisen la administración (como por ejemplo otro familiar del beneficiario) así como medidas de control de la gestión del administrador (como por ejemplo imponer una auditoría anual de la gestión).
• Además, de conformidad con la ley, el administrador deberá rendir cuentas de su gestión, de forma anual, o bien ante el beneficiario del patrimonio protegido o bien ante sus representantes legales.

De conformidad con la normativa civil catalana, el patrimonio protegido se extingue por alguna de las siguientes causas:

• Por muerte o declaración de fallecimiento del beneficiario.
• Por pérdida de la condición de persona discapacitada o en situación de dependencia.
• Por renuncia de todos los beneficiarios.
• Por expiración del plazo por el que se constituyó o cumplimiento de alguna condición resolutoria establecida en la escritura de constitución.
• También, por resolución judicial, en caso de que el beneficiario incurriere en causa de ingratitud hacia el constituyente.

En todos estos casos, la extinción del patrimonio protegido comportará:

• Su liquidación, la cual deberá ser llevada a cabo por las personas que se estableciere en la escritura de constitución y, en su defecto, por el administrador.
• La rendición de cuentas final por parte del administrador, ante el beneficiario del patrimonio protegido o sus herederos.

Asimismo, quiero indicar que, si tras la liquidación del patrimonio protegido, quedare un remanente, al mismo se le dará el destino que se establezca en la escritura de constitución, de modo que los bienes, por ejemplo, podrán revertir en el constituyente o sus herederos, teniendo en cuenta que, si no se establece nada al respecto, el remanente revertirá en éstos.

Efectivamente, si los bienes que integran el patrimonio protegido son bienes inmuebles, dicho patrimonio protegido se puede inscribir en el Registro de la Propiedad, en cuyo caso, en la inscripción que se practique se harán constar las facultades conferidas al administrador, así como las causas de extinción del patrimonio protegido y el destino que, en su caso, se establezca para el remanente.

Lo mismo sucederá si se tratare de otra clase de bienes que tuvieren acceso a otra clase de Registros públicos.

En relación con el tratamiento fiscal del patrimonio protegido, es aquí cuando aparece una de las grandes diferencias entre la normativa estatal y autonómica, pues los beneficios fiscales aplicables a esta figura difieren notablemente en función de la tipología de normativa.

Así pues, si el patrimonio protegido se constituye al amparo de la normativa estatal (recordemos, la Ley 41/2003, de 18 de noviembre), se podrán aplicar, entre otros, los siguientes beneficios fiscales:

• Por lo que se refiere al IRPF del discapacitado, las aportaciones que reciba su patrimonio protegido tendrán la consideración de rendimientos del trabajo hasta el importe de 10.000€ por cada aportante (y con un límite anual de 24.250€ en su conjunto), de modo que lo que exceda de dicho importe, no estará sujeto a tributación.
• Por lo que se refiere al IRPF del aportante, éste se podrá deducir hasta 10.000€ anuales de su base imponible por la aportación realizada.
• En el caso del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, las aportaciones que se realicen al patrimonio protegido estarán exentas.
• Asimismo, no estarán sujetas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones la parte de las aportaciones que tengan para el perceptor la consideración de rendimientos del trabajo.

Por el contrario, en el caso de que el patrimonio protegido que se constituya al amparo de la ley catalana, estos beneficios fiscales, por lo que se refiere al IRPF no son aplicables, pues en la Ley del IRPF sólo se ha previsto su aplicación cuando la constitución se realice al amparo de la norma estatal. 

Así pues, en el caso catalán, serán de aplicación unos beneficios fiscales más limitados, previstos en la Ley Catalana 2/2016, de 2 de noviembre, de modificaciones urgentes en materia tributaria, de entre los que cabe destacar:

• Una bonificación del 99% en el Impuesto de Patrimonio por lo que se refiere a los bienes que formen parte del patrimonio protegido.
• En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una reducción del 90% en el importe excedente de las aportaciones al patrimonio protegido respecto del límite fijado por la ley para tener la consideración de rendimientos del trabajo.
• En el caso del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, las aportaciones que se realicen al patrimonio protegido estarán exentas.