Modificación de estatutos sociales

El ejercicio social de las sociedades de capital es aquel lapso temporal que divide en periodos la actividad de las compañías. En nuestro ordenamiento jurídico, el ejercicio social de las sociedades mercantiles tiene la duración de un año natural y, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Sociedades de Capital, a falta de disposición estatutaria (es decir, si los estatutos de la sociedad no dicen nada al respecto), se entenderá que el ejercicio social termina el treinta y uno de diciembre de cada año.

En la mayor parte de sociedades mercantiles, el ejercicio social finaliza efectivamente el treinta y uno de diciembre de cada año. No obstante, en ciertas sociedades que desarrollan sobretodo actividades de corte estacional, es decir, que la mayor parte de su actividad comercial o ventas se ejecuta en un periodo concreto del año, es habitual, e incluso recomendable, que su ejercicio social finalice en el momento en que dicha actividad estacional concluya, para así contribuir a reflejar una imagen más fiel y real de la evolución de la actividad de la compañía, compactando los resultados de la sociedad en periodos que reflejen la actividad productiva y comercial real.

<ejemplo>“Por ejemplo, ello puede ser recomendable en una empresa que fabrica helados, pues la mayor parte de su facturación se concentrará en verano, de modo que si su ejercicio social finaliza el 30 de septiembre, se podrá reflejar de forma más adecuada cómo ha sido el año a nivel de ventas”.<ejemplo>

Así pues, cuando una sociedad se halle en la situación descrita, podrá acordar la modificación de su ejercicio social para adaptarlo a la realidad de su actividad productiva. En estos supuestos, será necesario el correspondiente acuerdo de la junta general (artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital), conforme se haya acordado esta modificación, para lo cual será necesario aportar el correspondiente certificado de los acuerdos sociales en los términos del artículo 109 del Reglamento del Registro Mercantil, es decir, expedido por el Secretario o el Vicesecretario del consejo de administración, con el visto bueno del Presidente o, en su caso, del Vicepresidente del órgano, por el administrador único o cualquiera de los solidarios o por los administradores que tengan el poder de representación conjunta.

Una cuestión formal, aunque esencial en el funcionamiento de las sociedades de capital, es la relativa al modo en que las juntas generales han de ser convocadas. Como es sabido, las juntas generales de las sociedades de capital conforman el órgano de representación de los socios de la compañía, es decir, sus propietarios, a los cuales les corresponde adoptar las decisiones de mayor trascendencia para la sociedad, como pueden ser entre otras la aprobación de sus cuentas, los aumentos o reducciones de capital social, la disolución de la sociedad, y el nombramiento y separación de los administradores, entre otros. 

Para la adopción de dichos acuerdos, la junta general deberá contar con el quórum suficiente, tanto por lo que respecta al número de asistentes como por lo que se refiere a la adopción de los acuerdos y las mayorías que legal o estatutariamente se exijan. Como es lógico y se puede intuir pues, la convocatoria de las juntas es una cuestión extremadamente sensible, pues todos los socios han de tener el derecho de conocer de forma segura, cierta e indubitada la convocatoria de una junta, para poder acudir o no a ella y ejercer en la misma todos los derechos que la ley o los estatutos de la sociedad le pueden llegar a reconocer. 

El cumplimiento de esta formalidad es un hecho de vital importancia, pues su inobservancia provocará la denegación de la inscripción de la escritura que se hubiere otorgado, tal y como resulta, entre muchas otras, de la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 23 de mayo de 2014.

Para garantizar que esta convocatoria se realiza de un modo adecuado, garantizando los derechos de todos los socios, el legislador ha dedicado un precepto concreto a la forma en que estas deben producirse, estableciendo en concreto en su artículo 173 que las juntas generales serán convocadas:

1. Mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad si esta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos del artículo 11 bis de la misma Ley de Sociedades de Capital.
2. Para el caso de que no exista una página web de la sociedad en los términos antes dichos, la convocatoria de la junta general se publicará en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil” y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social.
3. Asimismo, y en sustitución de esta forma de convocatoria antes indicada, los estatutos de la sociedad podrán establecer que ésta se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. En este supuesto, se podría incluir por ejemplo la notificación personal mediante burofax, carta certificada o telegramas.

En esta materia, tanto el legislador como la propia Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública han tratado de encaminar la redacción de la ley y su interpretación a un sistema más ágil y sencillo que simplifique estos requisitos de forma en la convocatoria de las juntas generales, para facilitar que las decisiones de las sociedades puedan adoptarse de un modo más rápido, favoreciendo así la celeridad en la aplicación de los acuerdos y decisiones que en ellas se adopten, hasta tal punto que hoy en día la ley permite la posibilidad de imponer a la sociedad la gestión telemática de un sistema de alertas a los socios de los anuncios de convocatoria insertados en la página web de la sociedad.

Así pues, para todas aquellas sociedades de capital más antiguas que presenten un régimen de convocatoria más rígido, inoperativo y costos económicamente (como puede ser la convocatoria mediante anuncios en el BORME y en periódicos), la modificación de sus estatutos para introducir sistemas de convocatoria electrónicos, mucho más ágiles y económicos, puede ser de gran interés y ayuda para contribuir al dinamismo y el buen funcionamiento de la sociedad y de sus órganos de gobierno.

En esta materia es menester indicar que la ley, en la actualidad, prevé la posibilidad de asistencia a las juntas generales por medios telemáticos en el caso de las sociedades anónimas, lo cual, sin duda, teniendo en cuenta el contexto actual de pandemia y del subsiguiente distanciamiento social que ésta impone, puede resultar muy interesante.

Para que ello sea posible, esta opción debe estar prevista expresamente en los estatutos sociales de la compañía, tal y como se desprende del artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital, de modo que si su compañía no dispone de esta posibilidad, modificar sus estatutos sociales para incluirla puede ser muy interesante, pues sin duda, una junta telemática puede resultar mucho más ágil y económica para la compañía.

Sobre esta modificación particular, téngase en cuenta que existe un apartado específico en esta web que se analiza con detalle. No obstante, a continuación se establece un breve resumen con las cuestiones más relevantes a tener en cuenta.

Dicho esto, es necesario indicar que a los administradores de la sociedad, de conformidad con el artículo 209 de la Ley de Sociedades de Capital, les corresponde la llevanza de la gestión y la representación de la sociedad, en los términos establecidos en la ley. En la práctica, los administradores de la sociedad serán las personas encargadas de gestionar la sociedad en su día a día, adoptando las decisiones comerciales, financieras y en el ámbito de la gestión de su capital humano que más convengan en cada momento, todo ello en aras a maximizar los recursos de la compañía y conseguir unos resultados más favorables.

En esta labor tan trascendental para el devenir de la sociedad, más allá de las personas que en cada momento desempeñen esta responsabilidad, sin duda tiene una gran importancia el diseño y la estructura que en cada momento adopte el órgano de administración, pues dependiendo de su estructura, la toma de decisiones estratégicas para la sociedad se producirá de un modo u otro.

De todas las posibilidades que el ordenamiento jurídico ha previsto, de conformidad con el artículo 210 de la Ley de Sociedades de Capital, la administración de las mismas se podrá confiar a un administrador único, a varios administradores que actúen de forma solidaria o de forma mancomunada o a un consejo de administración, debiéndose indicar asimismo que:

• En caso de tratarse de una sociedad anónima, cuando la administración conjunta se confíe a dos administradores, éstos actuarán de forma mancomunada y, cuando se confíe a más de dos administradores constituirán consejo de administración.
• En caso de optarse por la forma societaria de la sociedad limitada, los estatutos podrán establecer los distintos modos de organizar la administración, atribuyendo a la junta de socios la facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos sin necesidad de modificación estatutaria.
• Si se optare por un consejo de administración, debe asimismo saberse que éste estará formado por un mínimo de tres miembros, fijándose en los estatutos el número de miembros del consejo de administración o bien el máximo y el mínimo, teniendo en cuenta asimismo que en el caso de las sociedades limitadas el máximo de miembros del consejo no podrá ser superior a doce (Artículos 242 y siguientes LSC).

Como se puede apreciar pues, cada uno de estos sistemas tiene sus obvias ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, es evidente que con un administrador único la sociedad podrá adoptar decisiones de un modo mucho más rápido y ágil, mientras que cuando se trate de un consejo de administración la adopción de las decisiones será mucho más compleja, aunque estas pueden llegar a ser más acertadas debido a que han sido adoptadas con el concurso de la experiencia y conocimientos de una pluralidad de personas.

Como es lógico, las sociedades de capital, a lo largo de su devenir, en función del ciclo económico, de su situación económico-financiera, de la evolución de su cifra de negocios o de las necesidades de reorientación de su actividad, pueden necesitar distintos modos de organizar su la administración, de modo que para poder modificar el órgano de administración previsto estatutariamente será necesario otorgar la correspondiente escritura de modificación de estatutos sociales, en la que sus socios acuerden organizar la sociedad con una clase de órgano u otro, entre las distintas opciones que ofrece la ley antes detalladas, para adaptar sus necesidades a la realidad de la compañía.

Otra de las grandes cuestiones que los socios de una sociedad de capital pueden plantearse es la modificación de los estatutos sociales de su sociedad para establecer reglas que regulen la transmisión de acciones o participaciones entre los propietarios del capital social de la compañía. 

Estas reglas sin duda, tienen una gran importancia, puesto que la composición del capital social de una compañía puede influir de forma decisiva en la orientación y rumbo de la misma. Crear una sociedad con unos socios iniciales con los que se tiene confianza y sintonía no garantiza, ni mucho menos, que éstos vayan a ser nuestros “compañeros de viaje” a lo largo de toda la vida social de la compañía, pues puede suceder que éstos decidan vender sus acciones o participaciones, dando entrada a terceras personas en la estructura accionarial, con las que no se tiene la sintonía o complicidad necesarias para llevar a buen puerto la actividad empresarial. Es pues para tratar de evitar estas situaciones que las sociedades, en sus estatutos, pueden fijar reglas para regular o limitar la transmisión de sus acciones o participaciones. 

A este respecto, tradicionalmente, la doctrina ha distinguido cuatro grandes tipologías de cláusulas:

1. Cláusulas de permanencia, en virtud de las cuales se exige a los socios de la compañía la obligación de seguir manteniendo tal condición durante un periodo de tiempo determinado, poniendo de relieve el carácter subjetivo de los socios especialmente en las sociedades de responsabilidad limitada.
2. Cláusulas que consagran derechos de adquisición preferente, en virtud de los cuales se reconoce a los socios actuales de la sociedad un derecho a adquirir, con carácter prioritario a terceras personas ajenas al capital de la sociedad, las participaciones o acciones de otros socios que deseen enajenarlas.
3. Cláusulas denominadas “de arrastre”, en virtud de las cuales, cuando un tercero realice una oferta al socio mayoritario de la compañía para adquirir un porcentaje de las acciones o participaciones mayor del que posee, los socios minoritarios se vean obligados a aceptar también dicha oferta.
4. Cláusulas denominadas “de acompañamiento”, en virtud de las cuales, cuando un socio reciba una oferta para vender sus acciones o participaciones, el resto de socios también puedan adherirse a dicha venta en las mismas condiciones ofertadas.

La regulación concreta de estos supuestos cabe hallarla en los artículos 106 a 112 de la Ley de Sociedades de Capital por lo que se refiere a las sociedades de Responsabilidad Limitada, y en los artículos 120 a 125 del citado cuerpo normativo para las sociedades anónimas. 

Por lo que se refiere a las sociedades de responsabilidad limitada, el legislador parte del principio de libertad de transmisión de las participaciones de los socios por actos inter vivos, siendo no obstante limitado este principio general por las reglas, limitaciones y prevenciones que establezcan los estatutos sociales al respecto (Artículo 107 de la Ley de Sociedades de Capital). Dicho esto, los estatutos sociales de la sociedad limitada podrán establecer las reglas o cláusulas que consideren oportunas sobre esta materia (ver las distintas tipologías antes descritas) con las siguientes limitaciones (Artículo 108 de la Ley de Sociedades de Capital):

• Serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente libre la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos inter vivos.
• Serán nulas las cláusulas estatutarias por las que el socio que ofrezca la totalidad o parte de sus participaciones quede obligado a transmitir un número diferente de las ofrecidas.
• Sólo serán válidas las cláusulas que prohíban la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos inter vivos, si los estatutos reconocen al socio el derecho a separarse de la sociedad en cualquier momento, exigiéndose en todo caso el consentimiento de todos los socios para la incorporación de cláusulas de esta naturaleza en los estatutos sociales.

Asimismo, para el caso de que en el marco de un proceso ejecutivo se produzca un embargo sobre las participaciones sociales (Artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital) que concluya con una subasta de las mismas, en el momento anterior a la aprobación del remate y la adjudicación de las participaciones, esta situación se notificará a la sociedad y ésta a su vez a todos los socios para que, si existiere un derecho de adquisición preferente, éstos pudieran ejercerlo en el plazo de un mes, subrogarse en la posición del rematante.

Por lo que se refiere a las sociedades anónimas, el legislador (artículo 120 de la Ley de Sociedades de Capital) establece asimismo que una vez impresos y entregados los títulos originarios, las acciones nominativas (que podrán también transmitirse libremente), una vez acreditada la transmisión, ésta se inscribirá de inmediato en el libro-registro de acciones nominativas por parte de los administradores, mientras que en el caso de las acciones al portador, éstas se transmitirán por la simple tradición del documento.

Dicho esto, por lo que se refiere a las reglas a tener en cuenta al fijar cláusulas limitativas de la transmisibilidad de acciones, es necesario tener presente lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Sociedades de Capital, en el que se establecen las siguientes cuestiones:

1. Solo serán válidas frente a la sociedad las restricciones o condicionamientos a la libre transmisibilidad de las acciones cuando recaigan sobre acciones nominativas y estén expresamente impuestas en los estatutos.
2. Cuando las limitaciones se establezcan a través de modificación estatutaria, los accionistas afectados que no hayan votado a favor de tal acuerdo, no quedarán sometidos a él durante un plazo de tres meses a contar desde la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
3. A diferencia de lo que sucede con las sociedades de responsabilidad limitada, serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente intransmisible la acción, ya que las sociedades anónimas se conciben como sociedades abiertas en las que es deseable fomentar la entrada y salida de accionistas, a diferencia de las sociedades limitadas a las que se presupone un marcado carácter personalista en la composición de la estructura accionarial.
4. La transmisibilidad de las acciones sólo podrá condicionarse a la previa autorización de la sociedad cuando los estatutos mencionen las causas que permitan denegarla, debiéndose tener en cuenta que salvo prescripción en contrario de los estatutos, dicha autorización será concedida o denegada por los administradores de la sociedad, los cuales tendrán dos meses para dar una respuesta, entendiéndose positiva si en dicho plazo no se facilita la respuesta pertinente.

Las escrituras de modificaciones estatutarias en las que se declare la unipersonalidad de la sociedad así como el aumento o reducción de capital social, dada la sustantividad e importancia de las mismas, se les dedicará un apartado ad hoc, el cual los interesados pueden consultar en esta misma página web.

Más allá de los supuestos descritos en las preguntas anteriores, la escritura de modificaciones estatutarias se puede referir a cualquier otro aspecto de los estatutos de la mercantil, como por ejemplo su duración, la denominación de su página web, la posibilidad y las normas que pueden permitir la emisión de obligaciones u otros instrumentos de deuda, la retribución o no de los administradores, la duración de su cargo, la creación de subcomisiones delegadas del Consejo para el tratamiento de asuntos específicos de la compañía, las normas que regirán su disolución y liquidación, etc.

Para otorgar una escritura de modificaciones estatutarias simplemente será necesario contactar con la oficina notarial (llamando al teléfono de la oficina notarial o en la dirección de email mercantil@jesusbenavides.es) y concertar una cita en el día y hora que más convenga a los otorgantes.

El día y hora acordados, los otorgantes simplemente deberán acudir a la oficina notarial provistos de la documentación necesaria (consultar apartado de documentación necesaria) para firmar la escritura correspondiente, la cual será redactada en base al contenido legal mínimamente exigible y a las previsiones y necesidades de los clientes en cuestión.

En cualquier caso, si los interesados necesitan ayuda en relación a los modelos de certificados de los que resulte la adopción de los acuerdos sociales necesarios para las modificaciones estatutarias que se traten, pueden contactar con la oficina notarial para obtener ayuda y asesoramiento al respecto.

En muchas ocasiones, se presenta como cuestión controvertida o dudosa para las sociedades quién tiene facultades para comparecer ante Notario para otorgar la correspondiente escritura de modificación de estatutos sociales. 

A esta respuesta se tratará de darle respuesta a continuación para que los interesados en esta clase de documentos tengan claro quién y como debe proceder según el tipo de acuerdo y órgano que lo emita:

De conformidad con el artículo 108 del Reglamento del Registro Mercantil, relativo a las personas facultadas para la elevación a instrumento público, la elevación a instrumento público de los acuerdos sociales adoptados por la Junta o Asamblea General o especial o por un órgano de administración colegiado, corresponde a la persona que tenga facultad para certificarlos, la cual, en virtud del artículo 109 del citado cuerpo normativo, corresponderá, en relación a las actas y acuerdos de los órganos colegiados de las sociedades mercantiles:

• En caso de que la sociedad esté regida por un consejo de administración, al secretario y, en su caso, al vicesecretario del órgano colegiado de administración, sea o no administrador. Las certificaciones se emitirán siempre con el visto bueno del presidente o, en su caso, del vicepresidente de dicho órgano.
• Al administrador único, o a cualquiera de los administradores solidarios, cuando la sociedad esté regida por esta modalidad de órgano de administración.
• A los administradores que tengan el poder de representación en el caso de administración conjunta o mancomunada.

En todos estos casos, será necesario que las personas que expidan la certificación tengan su cargo vigente en el momento de la expedición, puesto que para poder inscribir los acuerdos contenidos en la certificación deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante.

Y, en todo caso, como cuestión formal, será necesario tener en cuenta asimismo que no se podrán certificar acuerdos que no consten en actas aprobadas y firmadas o en acta notarial.

Por su parte, las decisiones del socio único, consignadas en acta bajo su firma o la de su representante, podrán ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los administradores de la sociedad.

También podrá realizarse por cualquiera de los miembros del órgano de administración con nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil, cuando hubieren sido expresamente facultados para ello en la escritura social o en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos.

Si el interesado lo desea, se le puede hacer entrega de la copia auténtica de la escritura de modificación de estatutos sociales el mismo día de la firma, pero en tal caso, deberá ser él quien acuda al Registro Mercantil a gestionar su inscripción, pues este es un trámite necesario para que la modificación acordada pueda desplegar todos sus efectos.

Por supuesto, si ello se desea así, es posible encomendar esta gestión a la propia oficina notarial, la cual remitirá telemáticamente la escritura al Registro Mercantil a los efectos de obtener su inscripción.

Una vez ello ya se haya producido, se hará entrega de la copia auténtica de la escritura a sus otorgantes, en la que consten ya los datos de inscripción de la misma, lo que será mucho más útil, pues a partir de ese momento el documento podrá desplegar todos sus efectos.