La importancia de los plazos en el mundo legal. ¿Cómo se computan?

21/8/2023

Tiempo de lectura:

La importancia de los plazos en el mundo legal. ¿Cómo se computan?

En esta artículo encontrarás

Llegado ya el ansiado verano, y más en concreto, el esperado mes de agosto, esa época del año en la que parece que el mundo se pare por unas semanas, lo cierto es que, a nivel jurídico, nada más lejos de la realidad, pues aunque la mayor parte de la actividad empresarial, inmobiliaria, laboral, etc., se detenga por unas semanas, para la mayor parte de los ámbitos del Derecho, ello es indiferente, pues el tiempo sigue transcurriendo a todos los efectos, lo que cobra especial relevancia en aquellos casos en los que el factor tiempo es clave para los derechos e intereses legítimos de las personas.

En las últimas semanas, varias son las consultas planteadas por clientes de mi despacho notarial en relación con los plazos, donde el factor tiempo es el elemento clave a resolver, como por ejemplo, cuál es el plazo máximo que tengo para firmar la escritura de compraventa en base a lo pactado en el contrato de arras, o cuándo finaliza el plazo para pagar la plusvalía municipal del piso que acabo de vender, o qué pasa con el procedimiento judicial de desahucio que he instado para echar de mi vivienda un inquilino moroso, la cual asimismo pretendo vender, entre muchos otros.

Como vemos pues, muchos son los ejemplos en los que el tiempo, y su cómputo, son factores clave para el adecuado ejercicio de nuestros derechos, de modo que, comprender adecuadamente esta realidad, así como su cómputo en cada ámbito concreto, se vuelve en algo clave y muy importante para los ciudadanos. En base a ello, en el presente artículo, a través de mi tradicional sistema de pregunta – respuesta breve, y con un enfoque destinado al ciudadano de a pie ajeno al mundo de Derecho, trataremos de abordar esta cuestión, en distintos ámbitos del Derecho, para que las personas que deban tener en cuenta plazos y tiempos para el ejercicio de sus derechos puedan conocer adecuadamente esta variable y tenerla en cuenta correctamente.

Los tiempos en el Derecho civil

En primer lugar, por lo que se refiere al cómputo de los plazos en el ámbito del Derecho civil, esto es, en las obligaciones y contratos que los particulares asumimos o celebramos a diario en múltiples ámbitos de nuestra vida, deberemos tener en cuenta, como norma clave, lo dispuesto en el artículo 5 del Código Civil (AQUÍ puede consultar el mismo), en el que se establece que, como regla general:

<div class="ml-text">“Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.

<div class="ml-text">En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles”.</div>

Así pues, por ejemplo, esta norma nos será de utilidad en muchos casos, como los que a continuación exponemos:

Plazos por días

<div class="ml-text">Ejemplo: Juan, propietario de un piso, ha pactado con María la venta del mismo, por un precio de 250.000 euros. A tal efecto, ambas partes han suscrito un contrato de reserva o “de arras”, el día 1 de julio de 2023, en el que ambas partes se comprometen a formalizar esta compraventa, ante Notario, en el plazo máximo de 90 días a contar desde la firma del contrato en cuestión.</div><br><br>

<div class="ml-text">En este caso concreto, si María, una vez firmado dicho compromiso, tiene problemas para obtener la financiación bancaria necesaria, de modo que los tiempos de la operación se estrechan, y necesita saber el día exacto en el que, como máximo, deberá firmar su compra, deberá tener en cuenta las reglas expuestas en el artículo 5 del Código Civil.</div><br><br>

<div class="ml-text">Así pues, ese día 1 de julio (el día en que se firma el contrato de reserva o “de arras”) quedará excluido del cómputo, de modo que será a partir de día 2 de julio que deberemos comenzar a computar los 90 días de plazo pactado, contando asimismo los días inhábiles (esto es, sábados, domingos, festivos laborables, etc.).</div><br><br>

<div class="ml-text">En base a lo expuesto, la firma de la compraventa ante Notario deberá producirse, como máximo, el día 29 de septiembre, pues en caso contrario, María habrá incumplido su contrato y se expondrá a las consecuencias jurídicas que en él se hubieren pactado (muy probablemente, la pérdida de la cantidad entregada a Juan en concepto de arras).</div>

Plazos por meses

<div class="ml-text">Ejemplo: Juan, que es propietario de un piso, lo tiene alquilado a María, su inquilina desde hace 8 años. Cuando formalizaron ese contrato de alquiler, pactaron que, en caso de que Juan necesitara recuperar la vivienda para sí o para un familiar de primer grado, lo notificaría a María de inmediato, la cual dispondría de un plazo de 3 meses para abandonar el inmueble.</div><br><br>

<div class="ml-text">Así pues, ahora, en julio de 2023, Marta, la hija de Juan, se ha separado de su marido, y necesita el piso de su padre para vivir en él. </div><br><br>

<div class="ml-text">A la vista de esta situación, Juan, en fecha 31 de julio de 2023, notifica fehacientemente a María, su inquilina, la rescisión del contrato en base a la causa indicada, concediéndole el plazo de 3 meses que pactaron en su momento para entregar la posesión del inmueble.</div><br><br>

<div class="ml-text">Recibida la notificación, si María tiene dudas sobre cuál es la fecha límite en la que debe dejar su piso de alquiler, deberá acudir a los criterios del artículo 5 del Código Civil, en el que, como hemos visto, los plazos por meses se computan de fecha a fecha, de modo que, en este caso concreto, María deberá abandonar su vivienda de alquiler, como máximo, el 31 de octubre de 2023, esto es, 3 meses computados de fecha a fecha, desde el 31 de julio.</div>

Plazos por años

<div class="ml-text">Ejemplo: Juan, que es propietario de un piso, alquila el mismo a María, con fecha de efecto de 1 de julio de 2023, concediéndole asimismo una opción de compra (que permite a María adquirir ese piso, por un precio de 250.000 euros), la cual se podrá ejercer en un plazo de 3 años, a contar desde la formalización del contrato.</div><br><br>

<div class="ml-text">Así las cosas, María tiene dudas de cuál es la fecha máxima para tomar la decisión de ejercer o no ese derecho de opción de compra pactado.</div><br><br>

<div class="ml-text">Para resolver esta duda, deberemos acudir deberá acudir a los criterios del artículo 5 del Código Civil, en el que, como hemos visto, los plazos por años se computan de fecha a fecha, de modo que, en este caso concreto, María deberá decidir si ejerce su derecho de opción de compra, como máximo, el 1 de julio de 2026, esto es, 3 años computados de fecha a fecha, desde el 1 de julio de 2023.</div><br><br>

MÁS ALLÁ DEL CÓMPUTO ESTRICTO DE LOS PLAZOS CIVILES, EN ESTA MATERIA, HAY QUE TENER EN CUENTA ASIMISMO UNOS CONCEPTOS ADICIONALES MUY IMPORTANTES EN DERECHO, COMO SON LA PRESCRIPCIÓN Y LA CADUCIDAD.

Como veremos a continuación, existen plazos de prescripción y plazos de caducidad, cuya diferencia es muy importante entender para poder proteger nuestro patrimonio y derechos e intereses legítimos.

Podemos avanzar ya que una de las principales diferencias entre ellos es que los plazos de prescripción SE PUEDEN INTERRUMPIR, esto es, el titular del Derecho, realizando una serie de actuaciones dentro del plazo (como por ejemplo, reclamar judicialmente su derecho), puede PARALIZAR EL CÓMPUTO del mismo y, en caso de reanudarse este, “PONER EL MARCADOR A 0” (es decir, que se vuelva a computar el plazo desde el principio), mientras que, como veremos, en los plazos de caducidad, esta posibilidad de interrupción no existe.

Así pues, como acabamos de ver a lo largo de este artículo, en Derecho, el tiempo es muy importante, pues para conseguir una adecuada ordenación de la sociedad y los patrimonios, es necesario evitar que los derechos y obligaciones permanezcan indeterminados o inciertos en el tiempo de forma indefinida, pues ello causaría una gran inseguridad jurídica.

<div class="ml-text">Pensemos, por ejemplo, en el caso de que las deudas pudieran reclamarse indefinidamente, sin límite de tiempo, podría suceder que Juan, impaga una deuda a María, por importe de 3.000 euros, y al cabo de 50 años, los hijos de María reclamaran a los hijos de Juan (esto es, sus herederos) la devolución de esos 3.000 euros, más intereses. Como vemos, no tendría ningún sentido esta situación, la cual causaría una gran inseguridad jurídica en las relaciones jurídicas de la sociedad.</div><br><br>

Partiendo de esta base, el Derecho, en muchas ocasiones, utiliza el factor tiempo como el elemento clave para imponer límites al ejercicio de derechos o, en su caso, para la consolidación o extinción de los mismos, de tal modo que las personas deberemos tener en cuenta estos tiempos o plazos para ejercer diligente y adecuadamente nuestros derechos, o la renuncia a los mismos. En base a lo expuesto, partiendo de esta base, es necesario diferenciar dos grandes conceptos, como son:

La prescripción

La prescripción puede ser definida como la extinción (o en su caso, consolidación) de un derecho, a causa del transcurso del tiempo, esto es, aquella situación que se produce cuando una persona ha adquirido un derecho, y este se encuentra a su disposición, pero que, al no ejercerlo dentro de un plazo determinado, este se extingue (o consolida).

Para comprenderlo, nada mejor que un ejemplo:

<div class="ml-text">El Banco X, presta a Juan 10.000 euros, el cual deberá devolver los mismos al cabo de un año, junto con los intereses pactados. Llegada la fecha convenida, Juan no devuelve el dinero a su banco, el cual, no obstante, a resultas de un error en sus bases de datos informáticas, no detecta el impago, de modo que no reclama a Juan la devolución de este dinero.</div><br><br>

<div class="ml-text">Como vemos, el Banco X es titular de un derecho de crédito, esto es, tiene derecho a que Juan le devuelva esos 10.000 euros que le prestó, más unos intereses pactados.</div><br><br>

<div class="ml-text">No obstante, Juan no cumple con su obligación, y el Banco X, por su inoperancia, desidia, o mal hacer, llegado el plazo de vencimiento, no le reclama la deuda a Juan, esto es, no reclama el cumplimiento o efectividad de su derecho. Así pues, ¿hasta cuando puede ese banco reclamar la deuda a Juan? ¿1 año? ¿2 años? ¿5 años? ¿para siempre?</div><br><br>

<div class="ml-text">Como vemos, para evitar esta inseguridad jurídica, el Derecho ha de poner límites temporales a la reclamación de ese derecho de crédito, el cual, en el caso concreto de esta deuda dineraria, estaría fijado en 5 años (a contar desde que fuere exigible dicha deuda).</div><br><br>

Comprendido pues qué es esto de la prescripción, vamos a tratar de reseñar sus principales características:

<div class="ml-text">Sólo es estimable a instancia de parte. Esto quiere decir que para que la misma se pueda apreciar por un Juez, es necesario que la parte a la que beneficia dicha prescripción la alegue.</div><br><br>

<div class="ml-plus-text">Así pues, por ejemplo, en el supuesto planteado de la deuda de Juan, si el banco, pasados 10 años del impago, reclama judicialmente la deuda a Juan, para que el Juez pueda apreciar la prescripción de la deuda, es necesario que Juan (o su abogado) aleguen expresamente que dicha deuda está prescrita, pues de no hacerlo, aunque ello fuere así, el Juez no lo podría declarar por sí mismo, sin que alguien se lo haya pedido.</div><br><br>

<div class="ml-text">SE PUEDE INTERRUMPIR, esto es, existe la posibilidad de PARALIZAR EL CÓMPUTO de ese plazo al ejercer una serie de actuaciones por parte del titular del Derecho (como por ejemplo, la interposición de una acción judicial ante los Tribunales, o por reclamación extrajudicial), tras lo cual, “EL CONTADOR SE VOLVERÁ A PONER A 0”, esto es, el plazo se computará de nuevo desde el inicio.</div><br><br>

<div class="ml-plus-text">Siguiendo nuestro ejemplo, si pasados 4 años y 11 meses del impago, finalmente el Banco remite a Juan un burofax reclamando la deuda, la prescripción se habrá interrumpido, de modo que la misma ya no tendrá lugar, y esos 5 años, en su caso, se volverían a computar de nuevo desde el principio.</div><br><br>

<div class="ml-text">El plazo concreto de prescripción de un derecho o acción variará en función del tipo de Derecho que se trate (una deuda dineraria, un derecho de propiedad sobre inmueble, un daño extracontractual, etc.).</div><br><br>

<div class="ml-plus-text">Así pues, por ejemplo, las acciones reales sobre inmuebles prescriben a los 30 años; la acción hipotecaria, a los 20; y las acciones personales que no tengan un plazo especial, a los 5 años.</div><br><br>

<div class="ml-text">Está regulada expresamente en la normativa civil:</div><br><br>

<div class="ml-text">En el caso del Derecho civil común, su regulación básica la encontramos en los artículos 1961 y siguientes (AQUÍ los puede consultar).</div><br><br>

<div class="ml-text">En el ámbito del Derecho civil de Cataluña, su regulación básica cabe hallarla en los artículos 121-1 y siguientes del Libro I del Código Civil de Cataluña (AQUÍ los puede consultar).</div>

La caducidad

Por su parte, la caducidad puede definirse como el límite temporal para el ejercicio de un determinado derecho, esto es, la posibilidad que tiene una persona de adquirir o ejercer un derecho dentro de un plazo de tiempo, de tal modo que, si esa persona no ejerce su derecho dentro del plazo fijado, el mismo se extingue.

De nuevo, para comprenderlo, nada mejor que un ejemplo:

<div class="ml-text">Juan quiere comprar una bicicleta a su amigo Marcos, pero este no se la quiere vender. A la vista de ello, Juan, obliga a Marcos a venderle la bicicleta, bajo la amenaza e intimidación de lesionarlo, si no se la vende. Ante tal amenaza, Marcos accede a celebrar la compraventa, recibiendo a cambio de su bicicleta un precio de mercado de, en concreto, 1.000 euros.</div><br><br>

<div class="ml-text">Como vemos, estamos ante un caso de un contrato celebrado bajo intimidación, esto es, una causa de nulidad de un contrato.</div><br><br>

<div class="ml-text">En este caso, Marcos tiene la posibilidad de a acudir a un Juez, interponer la acción de nulidad, e instar efectivamente la declaración de nulidad del mismo, para así recuperar su bicicleta, pero la ley le limita el plazo para hacerlo, en concreto, a 4 años (artículo 1.301 del Código Civil).</div><br><br>

<div class="ml-text">Así pues, como vemos, Marcos (que ha recibido un precio de mercado por su bicicleta), tiene un plazo de 4 años para decidir si quiere que se reconozca la nulidad de ese contrato (y recuperar así su bicicleta), o en caso contrario, una vez transcurra este tiempo que fija la ley, ya no tendrá derecho a solicitarlo.</div><br><br>

Comprendido pues qué es esto de la caducidad, vamos a tratar de reseñar sus principales características:

<div class="ml-text">Puede ser apreciada de oficio por un Tribunal, es decir, que el Juez que conozca el caso, puede reconocerla sin necesidad de que ninguna parte la alegue expresamente.</div><br><br>

<div class="ml-plus-text">Siguiendo nuestro ejemplo, si Marcos finalmente acude a un Juez para solicitar la nulidad del contrato, pero lo hace al cabo de 6 años de haber firmado el mismo, el Juez, aunque el abogado de Juan no diga nada, apreciará de oficio la caducidad, y desestimará la pretensión de Marcos.</div><br><br>

<div class="ml-text">No admite interrupción en el tiempo, en ningún caso.</div><br><br>

<div class="ml-plus-text">Siguiendo nuestro ejemplo, para que Marcos pueda recuperar su bicicleta, deberá interponer la acción de nulidad, ante el Juzgado competente, antes de esos 4 años, sin ninguna alternativa más, pues de no hacerlo, perderá la posibilidad de anular ese contrato.</div><br><br>

<div class="ml-text">Podemos diferenciar entre la caducidad de origen legal o la caducidad de origen convencional.</div><br><br>

<div class="ml-plus-text">Un ejemplo de caducidad de origen legal es el supuesto de Juan y Marcos que hemos planteado, con ese plazo de 4 años para reclamar la nulidad de un contrato celebrado bajo intimidación, que establece expresamente una ley.</div><br><br>

<div class="ml-plus-text">Mientras que, por su parte, un ejemplo de caducidad convencional sería aquella que pacten dos partes, libremente, en un contrato, como por ejemplo, el plazo de 3 años para el ejercicio de un derecho de opción de compra sobre un inmueble concreto.</div><br><br>

Los tiempos en el plano judicial cuando un conflicto o controversia entre particulares se lleva a un juzgado civil

Como hemos visto, el cómputo de los plazos en el ámbito del Derecho civil, se rigen por lo dispuesto en el artículo 5 del Código Civil, ya analizado anteriormente. No obstante, estos plazos no deben confundirse para nada con el cómputo de los plazos en el ámbito del Derecho procesal civil, esto es, en los tiempos que rigen en los procesos judiciales propios del orden jurisdiccional civil.

Así las cosas, si como particulares o empresas, estamos sometidos a un proceso judicial civil (por ejemplo, una controversia sobre la propiedad de un inmueble, una reclamación de una deuda, un accidente de tráfico que ha causado daños en mi vehículo, un defecto de la construcción de una vivienda nueva que nos hemos comprado, etc.), en todos estos casos, deberemos tener muy presentes las normas que rigen los tiempos en dicho proceso judicial, pues en caso contrario, nuestros derechos e intereses legítimos podrían verse gravemente perjudicados.

En este ámbito, la norma básica de referencia será la Ley de Enjuiciamiento Civil, y más en concreto, sus artículos 130 y siguientes (AQUÍ los puede consultar). Así pues, de conformidad con dicha regulación (que es mucho más extensa, pero que a efectos de este artículo divulgativo, resumimos a continuación), deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos clave:

Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo, y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas.
En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles.
Son días inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, y los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. También serán inhábiles los días del mes de agosto.
Los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.
Los plazos que concluyan en sábado, domingo u otro día inhábil se entenderán prorrogados hasta el siguiente hábil.
Los plazos establecidos en esta Ley son improrrogables (salvo por causas de fuerza mayor muy excepcionales).
La presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo.
‍Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate.

Reseñados pues los aspectos clave que rigen el cómputo de los plazos en el ámbito del proceso civil, vamos a ver un ejemplo, para poder clarificar mucho mejor la cuestión:

Ejemplo de una reclamación de una deuda de 3.000 euros

<div class="ml-text">Juan y María son muy amigos, desde la infancia. Lamentablemente, Juan, desempleado, no tiene dinero para reparar su vehículo, que sufre una importante avería, de modo que, recurriendo a su amiga María, le pide prestados 3.000 euros para afrontar dicha reparación, a lo cual María accede, a la vista de la relación de amistad existente entre ellos. A tal efecto, Juan y María formalizan este contrato de préstamo por escrito, en el que pactan que Juan devolverá a María la cantidad prestada en el plazo de un año.</div><br><br>

<div class="ml-text">Transcurrido ese año, por suerte, Juan ya tiene empleo, en el que recibe una buena remuneración, pero por causas desconocidas, decide no devolver esos 3.000 euros a su amiga María.</div><br><br>

<div class="ml-text">A la vista de ello, María contacta con un abogado, y tras reclamar extrajudicialmente la deuda a Juan, al no recibir respuesta por su parte, María interpone la correspondiente demanda, en los juzgados de Terrassa, a finales de junio de 2023.</div><br><br>

<div class="ml-text">Presentada esta demanda, el Juzgado de Primera Instancia de Terrassa la admite a trámite, y a través del sistema legalmente establecido, Juan recibe la notificación de la demanda, en su vivienda, el día 28 de julio de 2023. </div><br><br>

<div class="ml-text">De conformidad con el artículo 438 de la LEC, Juan dispone de 10 días para contestar esta demanda, alegando a la misma lo que considere oportuno en defensa de sus derechos e intereses legítimos, tras lo cual, le surge la duda de cuál es la fecha límite para presentar dicha contestación.</div><br><br>

Teniendo en cuenta todos los elementos del caso, y la normativa de la LEC sobre el cómputo de los plazos en el proceso civil, vamos a tratar de averiguar esta fecha límite. Así pues:

<div class="ml-text">Como hemos visto, en los plazos por días, el inicio del cómputo comienza al siguiente de la notificación. En nuestro caso, Juan ha recibido la notificación el 28 de julio, de modo que el cómputo del plazo no comenzará ese mismo día de la recepción de la notificación, sino al siguiente día hábil.</div><br><br>

<div class="ml-text">También, como hemos visto, sábados y domingos se consideran inhábiles a efectos procesales, con lo cual, los días 29 y 30 de julio (sábado y domingo), no los tendremos en cuenta.</div><br><br>

<div class="ml-text">Así las cosas, el siguiente día hábil que encontramos en el calendario es el día 31 de julio, lunes, que será el primer día del plazo para contestar esa demanda.</div><br><br>

<div class="ml-text">Llegados a este punto, como hemos visto, el mes de agosto es inhábil a efectos procesales, con lo cual, tampoco lo podremos tener en cuenta a efectos de computar el plazo para contestar la demanda.</div><br><br>

<div class="ml-text">Así pues, transcurrido el mes de agosto, el primer día hábil que encontramos de nuevo es el día 1 de septiembre, viernes, a partir del cual deberemos proseguir el cómputo de esos 10 días de plazo (ya llevamos pues 2 días de plazo consumidos).</div><br><br>

<div class="ml-text">Nuevamente, no deberemos tener en cuenta los sábados y domingos que encontremos en nuestra cuenta (días inhábiles), de modo que no computaremos el sábado y domingo 2 y 3 de septiembre, de tal suerte que reanudaremos nuestro cómputo el lunes 4 de septiembre, hasta el viernes 8 de septiembre (con lo cual, habremos consumido 7 días del plazo). </div><br><br>

<div class="ml-text">Nuevamente, encontramos un fin de semana que no computaremos (sábado 9 y domingo 10 de septiembre), tras lo cual, encontramos de nuevo un día inhábil a tener en cuenta, esto es, el 11 de septiembre (festividad autonómica en Cataluña), que no podremos tener en cuenta a efectos de nuestro plazo.</div><br><br>

<div class="ml-text">Así pues, reanudaremos el cómputo de nuestro plazo el día 12 de septiembre, martes, hasta el jueves 14 de septiembre, en el que, efectivamente, se cumplirán esos 10 días de plazo para contestar a la demanda.</div><br><br>

<div class="ml-text">Por último, deberemos tener en cuenta el margen adicional que concede el artículo 135.5 de la LEC, en virtud del cual, el escrito sujeto a plazo podrá presentarse hasta las 15 horas del día hábil siguiente al que venza el plazo, esto es, en nuestro caso, hasta las 15.00 horas del día 15 de septiembre.</div><br><br>

A continuación, se muestra un calendario resumen del cómputo de los plazos realizados:

‍

En definitiva, a modo de resumen, gracias al ejemplo expuesto, hemos podido ver cómo, en efecto, el cómputo de los plazos civiles nada tiene que ver con el cómputo de los plazos en el ámbito del proceso civil, lo cual, sin duda, debe ser muy tenido en cuenta por los ciudadanos para proteger adecuadamente sus derechos e intereses legítimos de una forma adecuada, pues un desconocimiento sobre esta materia o un cómputo inadecuado de los plazos, puede tener consecuencias devastadoras para nuestros intereses.

Plazos para pagar los impuestos

En materia tributaria, centrando nuestra atención en los plazos para el pago de los impuestos, que es lo que más importa e interesa al ciudadano de a pie, deberemos partir de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley General Tributaria (AQUÍ puede consultar el mismo), en el que se diferencian dos grandes supuestos, a saber:

<div class="ml-text">Deudas tributarias resultantes de una autoliquidación (aquellos casos en los que es el propio obligado tributario quien calcula y cuantifica el importe de la obligación tributaria y la declara a la administración tributaria).</div><br><br>

<div class="ml-plus-text">Ejemplo: Autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales que presenta el comprador de un piso, o la autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que se presenta cuando se recibe una donación o se acepta una herencia, entre otros.</div><br><br>

<div class="ml-text">Deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración (aquellos casos en los que es la Administración tributaria la que cuantifica la obligación tributaria).</div><br><br>

<div class="ml-plus-text">Ejemplo: Liquidación practicada por la AEAT en relación con el IRPF del ejercicio del año 2020 del Sr. Juan, tras realizar una inspección fiscal al mismo y detectar que éste no declaró concepto alguno por IRPF en ese ejercicio, cuando en realidad percibió rentas de capital mobiliario por más de 80.000 euros.</div><br><br>

Deudas tributarias resultantes de una autoliquidación

Tal y como establece el artículo 62 de la LGT, en caso de que la deuda tributaria provenga de una autoliquidación del obligado tributario, la deuda tributaria deberá pagarse en los plazos que establezca la normativa de cada tributo. Así pues, deberemos acudir a la normativa reguladora de cada impuesto para saber de qué plazo disponemos y cómo se computa. Veamos algunos ejemplos para poder comprender mejor la cuestión:

<div class="ml-text">ITP en Cataluña:</div><br><br>

<div class="ml-text">La Ley catalana 12/2004 (AQUÍ puede consultarla), determina en su artículo 13 que, en los hechos imponibles sujetos a ITP, el plazo de presentación de la autoliquidación es de un mes a contar desde la fecha del acto o contrato. Dicho plazo deberá computarse de fecha a fecha (es decir, contando los días inhábiles como sábados, domingos y festivos). En este sentido, AQUÍ puede consultar una web de la Administración Tributaria catalana con más detalle al respecto.</div><br><br>

<div class="ml-plus-text">Así pues, a modo de ejemplo, si Juan compra un inmueble de segunda mano en Barcelona el día 4 de septiembre de 2023 (lunes), y la operación está sujeta a ITP, dispondrá de un plazo de un mes para liquidar ese impuesto, a contar de fecha a fecha, esto es, hasta el día 4 de octubre de 2023 (miércoles). </div><br><br>

<div class="ml-text">ITP en Madrid:</div><br><br>

<div class="ml-text">Por el contrario, en el caso de operaciones sujetas a ITP a liquidar en la Comunidad Autónoma de Madrid, el plazo para presentar la autoliquidación será de 30 días hábilesa contar desde que se produzca el acto o contrato que origina el hecho imponible. En este sentido AQUÍ puede encontrar un enlace a la web de la Administración Tributaria madrileña con más información al respecto.</div><br><br>

<div class="ml-plus-text">Así pues, retomando nuestro ejemplo anterior, en el caso de una compraventa de un inmueble sujeta a ITP a liquidar en la Comunidad Autónoma de Madrid, que se formalice el día 4 de septiembre de 2023 (lunes), se dispondrá de plazo para presentar la autoliquidación del impuesto hasta el día 16 de octubre (lunes), esto es, 30 días hábiles, habiendo descontado del cómputo todos los días inhábiles entre esas fechas, es decir, los sábados, los domingos y el día 12 de octubre (festivo nacional).</div><br><br>

<div class="ml-text">Plusvalía municipal:</div><br><br>

<div class="ml-text">Del mismo modo que en el supuesto anterior, en el caso de la plusvalía municipal, esto es, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, para los actos inter vivos (como una compraventa, por ejemplo), el plazo de que dispone el vendedor para presentar la autoliquidación también será de 30 días hábiles, tal y como establece el artículo 110 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (AQUÍ puede consultar el mismo).</div><br><br>

Como vemos pues, en este sencillo ejemplo, conocer con exactitud los plazos que se disponen para liquidar un impuesto, así como la forma exacta en que deben computarse son cruciales, pues en caso contrario, ello nos puede llevar a cometer errores que pueden acarrear graves consecuencias jurídicas para los interesados.

Deudas tributarias resultantes de una liquidación practicada por la administración tributaria

En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la propia Administración, tal y como establece el artículo 62 de la LGT, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

<div class="ml-text">Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.</div><br><br>

<div class="ml-plus-text">Así pues, por ejemplo, si recibo una liquidación de una deuda tributaria por IRPF el día 10 de septiembre de 2023, dispondré de plazo para pagar la misma hasta el día 20 de octubre (viernes).</div><br><br>

<div class="ml-text">Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.</div><br><br>

<div class="ml-plus-text">Por el contrario, si recibo esa misma liquidación el día 18 de septiembre de 2023 (lunes), dispondré de plazo para pagar la misma hasta el día 6 de noviembre de 2023 (lunes).</div><br><br>

Los plazos en el mundo de la administración pública

Por su parte, cuando debamos computar plazos relativos a actos propios de administraciones públicas (como por ejemplo licencias de obras, sanciones, peticiones a un Ayuntamiento, etc.), deberemos acudir a la normativa de Derecho administrativo que regula esta cuestión, cuya regulación básica cabe hallarla en los artículos 29 y siguientes de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (AQUÍ puede consultarlos). Así pues, en base a ello, deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos clave:

Siempre que la Ley no diga lo contrario, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Dictado el acto administrativo, la administración competente dispone de un plazo adicional de 10 días para notificar el mismo al interesado.

En base a lo expuesto, de nuevo, nada mejor para comprender la cuestión que un ejemplo:

<div class="ml-text">Juan acaba de heredar una vivienda, hoy, 1 de junio, habiendo firmado su aceptación de herencia en escritura pública, la cual se presenta a inscripción en el Registro de la Propiedad de Madrid número X, ese mismo día 1 de junio, por vía telemática. Para nuestro ejemplo, supondremos que, junto con la escritura, se presentan las autoliquidaciones de todos los impuestos pertinentes y que, asimismo, la escritura no presenta ningún defecto que impida su inscripción.</div><br><br>

<div class="ml-text">Además, es necesario saber que Juan necesita urgentemente vender ese piso para, con el dinero que obtenga, cancelar una deuda hipotecaria que pesa sobre su vivienda habitual, incursa ya en un proceso judicial de ejecución hipotecaria en una fase muy avanzada, pues de no hacerlo en pocos días, perderá la propiedad de su vivienda.</div><br><br>

<div class="ml-text">A la vista de ello, Juan ya ha negociado la venta de ese piso que acaba de heredar, con María, la cual financiará su adquisición con un préstamo hipotecario que le concede un banco. Juan, ante la necesidad tan perentoria, ha pedido a María firmar su compraventa el día 2 de junio, una vez que la herencia ya está firmada, pero el banco que financia a María se niega a formalizar el préstamo hasta que la herencia esté inscrita en el Registro de la Propiedad.</div><br><br>

<div class="ml-text">Ante tal situación, Juan se plantea la duda de cuáles son los plazos (y su cómputo) de que dispone el Registro de la Propiedad para inscribir su derecho de propiedad, y así, poder realizar la venta que necesita, a continuación.</div><br><br>

Vamos pues a analizar el supuesto concreto y a resolverlo en base a las normas indicadas:

<div class="ml-text">En este caso, debemos tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, el Registro de la Propiedad dispone de un plazo de 15 días para inscribir el documento, contados desde la fecha del asiento de presentación.</div><br><br>

<div class="ml-text">Como hemos visto, el cómputo de esos 15 días (que serán hábiles) debe iniciarse a partir del día siguiente de la presentación, esto es, en nuestro caso, el 2 de junio.</div><br><br>

<div class="ml-text">A partir de ese día, contaremos los 15 días hábiles (esto es, sin tener en cuenta sábados y domingos), llegándose a la conclusión de que el Registro de la Propiedad, como máximo, deberá inscribir dicha escritura de herencia el día 22 de junio, y que, además, en su caso, dispondría de 10 días hábiles más para notificar la misma al interesado.</div><br><br>

Plazos cuando sea víctima de un delito

Asimismo, en ocasiones, las personas, lamentablemente, también enfrentamos hechos en nuestra vida que pueden tener relevancia penal (como por ejemplo, ser víctimas de una estafa en una compra realizada a través de internet, sufrir la usurpación de una vivienda que es de nuestra propiedad por parte de un tercero, ser víctimas de un accidente de tráfico donde el causante se hallaba bajo los efectos del alcohol o las drogas, etc.).

En todos estos casos, las víctimas, para poder reclamar sus derechos ante la justicia penal (tanto una eventual condena del autor del delito, como una reparación del daño causado en forma de responsabilidad civil ex delicto), también deberán tener en cuenta el factor tiempo al hacerlo, pues el Código Penal determina que la responsabilidad criminal del autor de un delito se extingue, entre otras cuestiones, por la prescripción del delito, esto es, que a resultas del transcurso de un determinado periodo de tiempo desde que se cometió el hecho delictivo, sin que se haya castigado al culpable del mismo, el Estado renuncia a castigar al mismo, ya que entiende que la pena a imponer ha perdido su sentido y/o utilidad.

<div class="ml-text">Así pues, a modo de ejemplo, si compro una bicicleta por internet, con un coste de 1.000 euros, y cuando recibo la caja en mi casa, está llena de piedras, habré sido víctima de un delito de estafa. En este caso, como víctima de dicho delito, deberé tener en cuenta el plazo que la ley me concede para interponer las acciones judiciales oportunas, pues en caso contrario, si dicho plazo transcurre sin que se haya producido actuación alguna, ese delito de estafa prescribirá y el autor del mismo quedará sin castigo.</div><br><br>

Así las cosas, la prescripción de los delitos viene regulada en el artículo 131 del Código Penal (AQUÍ puede consultar el mismo), en el que se establece, a grandes rasgos, que los delitos prescriben:

A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años.
A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años.
A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez.
A los cinco, los demás delitos.
‍Al año, en los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias.

Asimismo, es necesario precisar que:

<div class="ml-text">El inicio del plazo de prescripción se computará desde el día en que se haya cometido la infracción punible.</div><br><br>

<div class="ml-text">La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito.</div><br><br>

<div class="ml-text">Así pues, en nuestro ejemplo propuesto, la víctima de ese delito de estafa (que tiene prevista una pena de prisión máxima de 3 años), deberá tener en cuenta que este delito prescribe a los 5 años, de modo que, antes de ese plazo, deberá interponer la correspondiente denuncia o querella, y la misma, una vez admitida a trámite, iniciar un proceso penal que se dirija contra el autor de esa presunta estafa, para que así dicha prescripción del delito quede interrumpida y se pueda conseguir el necesario castigo al autor de esa infracción penal.</div><br><br>

Adicionalmente, en el ámbito penal, querría hacer también una breve referencia a los plazos procesales y a su cómputo, pues a diferencia de lo que sucede en el proceso civil, la normativa procesal “todos los días y horas del año serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin necesidad de habilitación especial” (artículo 201 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

<div class="ml-text">Así pues, por ejemplo, si soy propietario de una vivienda y la misma ha sido usurpada ilegítimamente por un tercero, e interpongo la denuncia correspondiente ante el Juzgado de Instrucción competente el 31 de julio, durante ese mes de agosto, la justicia podrá trabajar en mi caso concreto, a los efectos de realizar las actuaciones procesales oportunas en aras a esclarecer y, en su caso, enjuiciar ese hecho delictivo.</div><br><br>

Conclusión

Así pues, y a modo de breve conclusión, de todo lo expuesto hasta el momento, podemos afirmar sin ningún género de dudas que los tiempos en Derecho, y su correcto cómputo, son en muchas ocasiones cuestiones clave que todo ciudadano debe conocer, a los efectos de poder ejercer adecuadamente sus derechos e intereses legítimos, pues de lo contrario, podemos incurrir en graves errores de los que se deriven graves consecuencias jurídicas para nuestra persona y patrimonio.

En todo caso, es necesario indicar que toda esta cuestión relativa a los plazos en Derecho y su cómputo es una cuestión, en muchas ocasiones, muy compleja y que presenta muchos matices, de modo que, en la mayoría de ocasiones, se recomienda a los interesados que, ante dudas sobre la materia, recurran a personas expertas en la cuestión, como Notarios, abogados, etc., a los efectos de recibir el debido asesoramiento que les permita tomar las mejores decisiones posibles en tiempo y forma, protegiendo así de forma óptima sus derechos e intereses legítimos.

‍

Esperando pues que este artículo sea de utilidad para todas las personas que tengan interés en conocer la importancia del tiempo en Derecho y su cómputo, el equipo de Notaría Jesús Benavides queda a su disposición para acompañarles en todo aquello que necesiten al respecto

Diciembre 2023

1.- RENUNCIA DE HERENCIA Y SUSTITUCIÓN VULGAR. SI LA DESIGNACIÓN TESTAMENTARIA A LOS SUSTITUTOS ES GENÉRICA (“HIJOS” O “DESCENDIENTES), CON LA SIMPLE AFIRMACIÓN DE QUE ESTOS NO EXISTEN, ES SUFICIENTE PARA FORMALIZAR LA RENUNCIA Y POSTERIOR ADJUDICACIÓN A QUIEN CORRESPONDA:

Adjunto (AQUÍ) la Resolución de la DGSJFP de 30 de octubre de 2023 (BOE de 22 de noviembre de 2023), donde la DG resuelve un caso de una aceptación de herencia de una mujer, fallecida viuda, con dos hijas, a las cuales, en su testamento, designada como herederas por partes iguales, con sustitución vulgar por sus respectivos hijos o descendientes. Al formalizarse la aceptación de herencia, una de las hermanas renuncia a la herencia, y en la escritura, la renunciante simplemente manifiesta que la misma carece de hijos o descendientes (sin acreditarse fehacientemente de ninguna forma), de modo que la otra hermana se adjudica toda la herencia. El Registrador deniega la inscripción porque entiende que debe acreditarse la inexistencia de hijos o descendientes (mediante acta de notoriedad o por cualquier medio válido en Derecho).

El Notario autorizante recurre la calificación y, la DG, alineándose con éste, revoca la nota de calificación, confirmando que, cuando la sustitución vulgar testamentaria se realiza de forma genérica (con expresiones como “hijos” o “descendientes”, es decir, sin llamamientos nominativos), con la simple manifestación de la inexistencia de éstos, es suficiente para formalizar la renuncia y posterior aceptación por el heredero favorecido por dicha renuncia.

‍

2.- VENTA DE VIVIENDA ARRENDADA. NO ES NECESARIO APORTAR LA RENUNCIA DEL ARRENDATARIO AL DERECHO DE TANTEO PARA PODER INSCRIBIR:

Adjunto (AQUÍ) la Resolución de la DGSJFP de 8 de noviembre de 2023 (BOE de 30 de noviembre de 2023), donde la DG resuelve un caso de una compraventa de inmueble (local) arrendado, en cuya escritura el Notario da fe de que se le ha exhibido una escritura donde el arrendatario renuncia a su derecho de adquisición preferente que le reconoce la LAU.

El Registrador deniega la inscripción, alegando que es necesario que se le acredite a él también, fehacientemente, los detalles y circunstancias de esa renuncia (aportando copia de esa escritura de renuncia donde el Registrador pueda analizar sus términos, la legitimación de quien la otorga, etc.). La DG revoca la nota de calificación, considerando que con la dación de fe del Notario conforme el arrendatario ha renunciado a su derecho de tanteo es suficiente, pues la Ley no atribuye competencias al Registrador para calificar los extremos de dicha renuncia.

‍

3.- EN CATALUÑA EL PRELEGATARIO PUEDE TOMAR POSESIÓN, POR SÍ MISMO, DE LOS BIENES PRELEGADOS:

Adjunto (AQUÍ) la Resolución de la DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de Catalunya de 27 de octubre de 2023 (DOGC de 8 de noviembre de 2023), donde se resuelve un caso relativo a una aceptación de herencia con varios coherederos, donde uno de ellos, además, siendo prelegatario de un inmueble, acepta su parte de la herencia y, asimismo, de forma unilateral, se adjudica dicho bien que conforma el prelegado. El Registro de la Propiedad deniega la inscripción alegando que, para que dicha adjudicación surta efecto, es necesaria la conformidad de todos los herederos.

El Notario autorizante presenta recurso y, la DG, alineándose con éste, revoca la nota de calificación, recordando que, de conformidad con el CCCat (art. 427-22), el legatario puede tomar por sí mismo posesión del legado si se trata de un prelegado.

‍

4.- COMPRAVENTA CON CONDICIÓN RESOLUTORIA EN CATALUÑA. INTERPRETACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE IMPAGO NECESARIOS PARA RESOLVER EL CONTRATO:

Adjunto (AQUÍ) la Resolución de la DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de Catalunya de 10 de noviembre de 2023 (DOGC de 1 de diciembre de 2023), donde se resuelve un caso relativo a una escritura de resolución de compraventa, de acuerdo con una condición resolutoria pactada e inscrita, a causa del impago de cantidades debidas.

En el supuesto la DG sienta la interpretación correcta del artículo 621-54 CCCat, en virtud del cual, para poder dar por resuelta la compraventa por impago de las cantidades aplazadas (para que los vendedores recuperen la propiedad del inmueble) es necesario que las cantidades impagadas superen el 15% del precio íntegro (precio total de la compraventa), de modo que, sólo una vez que se hayan acumulado impagos de cantidades vencidas que superen ese 15% del precio total de compra, se podrá entonces sí dar por resuelta la compraventa.

‍

5.- SON INSCRIBIBLES LOS ACUERDOS DE UNA JUNTA GENERAL A LA CUAL NO ASISTEN LOS ADMINISTRADORES:

Adjunto (AQUÍ) la Resolución de la DGSJFP de 15 de noviembre de 2023 (BOE de 4 de diciembre de 2023), donde la DG resuelve un caso de una Junta General de Accionistas a la cual, los administradores de la sociedad no asisten.

El Registrador Mercantil deniega la inscripción de los acuerdos adoptados, por esta causa, al amparo del artículo 180 LSC (“los administradores deberán asistir a las juntas generales”). El Notario recurre la calificación, y la DG, alineándose con éste, confirma que, en efecto, la inasistencia del órgano de administración a la junta general no es motivo de nulidad de la misma, sino lo que, en su caso generará, es la responsabilidad de los administradores prevista en el artículo 236 LSC.

‍

6.- ACTA NOTARIAL DE JUNTA. PARA PODER INSCRIBIR EN EL REGISTRO MERCANTIL LA ANOTACIÓN PREVENTIVA, ES NECESARIO ACREDITAR QUE SE HA EFECTUADO EL REQUERIMIENTO NOTARIAL A LOS ADMINISTRADORES:

Adjunto (AQUÍ) la Resolución de la DGSJFP de 14 de noviembre de 2023 (BOE de 4 de diciembre de 2023), donde la DG resuelve un caso de denegación de anotación preventiva de solicitud de acta notarial de junta, en el Registro Mercantil. Supuesto en el que un socio quiere que se levante acta notarial de junta general y, para ello, envía Email al presidente del consejo de administración solicitándolo así, el cual le contesta afirmativamente. Dicho socio intenta que se practique la anotación preventiva en el Registro Mercantil en base a este Email, y el Registrador lo deniega, afirmando que para que sea posible inscribir la anotación preventiva, es necesario aportar el requerimiento notarial a los administradores.

La DG confirma la nota de calificación y recuerda que, para poderse practicar la anotación preventiva que se pretende, es necesario acreditar que se ha efectuado el requerimiento notarial a los administradores (art. 104.1 RRM).

‍

7.- VENTA DE INMUEBLE POR CONGREGACIÓN RELIGIOSA:

Adjunto (AQUÍ) la Resolución de la DGSJFP de 23 de octubre de 2023 (BOE de 22 de noviembre de 2023), la cual puede ser de utilidad en este caso de transmisiones, pues resume y analiza de forma detallada la legislación y documentación necesaria para formalizar la venta de un inmueble perteneciente a una congregación religiosa.

‍

8.- ELEVACIÓN A PÚBLICO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO POR EL ANTERIOR TITULAR REGISTRAL:

Adjunto (AQUÍ) la Resolución de la DGSJFP de 2 de octubre de 2023 (BOE de 2 de noviembre de 2023), donde la DG resuelve un recurso interpuesto contra la denegación de la inscripción de una escritura de elevación a público de contrato de arrendamiento.

Contrato de arrendamiento suscrito por el anterior titular registral (como arrendador), y una arrendataria. El propietario no paga el préstamo hipotecario que grava la finca arrendada y ésta, finalmente, es objeto de ejecución hipotecaria, en cuyo proceso, la finca es adjudicada a un tercero, a favor del cual consta inscrito actualmente dicho inmueble. En este proceso de ejecución hipotecaria, el nuevo titular que se adjudica la finca es consciente de que la misma está arrendada, y la adjudicación, en el proceso judicial, se le concede salvaguardando los derechos de dicho arrendatario. Posteriormente, el arrendatario intenta inscribir su derecho, y el Registro lo deniega por falta de tracto sucesivo (art. 20 LH), es decir, que no coincide la persona quien firmó el contrato de arrendamiento como arrendador con el actual titular registral inscrito.

La DG revoca la calificación, considerando este caso una excepción al principio general, pues en el procedimiento de ejecución hipotecaria donde fue parte el actual titular registral se dejó a salvo el derecho de la arrendataria a la ocupación del inmueble.

‍

9.- PROPIEDAD HORIZONTAL. DE ELEMENTO PRIVATIVO A ELEMENTO COMÚN. LA VÍA CORRECTA ES EL ACUERDO DE AFECTACIÓN Y CONVERSIÓN EN ELEMENTO COMÚN:

Adjunto (AQUÍ) la Resolución de la DGSJFP de 14 de noviembre de 2023 (BOE de 4 de diciembre de 2023), donde la DG resuelve un recurso interpuesto contra la denegación de la inscripción de una escritura de segregación de elemento privativo y posterior venta a favor de la comunidad de propietarios (para convertirlo acto seguido en elemento común de la propiedad horizontal).

La DG confirma el defecto y, en resumen, nos viene a decir que si se quiere convertir algo privativo en elemento común, la forma correcta no es su venta a favor de la comunidad, sino su configuración como elemento común, modificando la descripción del edificio, y con acuerdo unánime de la comunidad de propietarios al afectar al título constitutivo.

‍

10.- NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUÑA:

Se resumen nuevas funcionalidades (AQUÍ) y mejoras en la sede electrónica de la ATC:

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD): Se han incorporado novedades en los formularios telemáticos de los modelos 600 y 620 y en el programa de ayuda de los modelos 650 y 660. En concreto:

Adaptaciones del formulario telemático del modelo 600 del ITPAJD para admitir a transmitentes extranjeros sin NIF en las operaciones con la tarifa DRG (derechos reales de garantía y préstamo).
Adaptaciones del formulario telemático modelo 620, compraventa de determinados medios de transporte usados, para permitir exportar la autoliquidación y recuperar sus datos cuando exista más de un adquirente, en el caso de compra de una embarcación, y para mostrar por separado los tipos de vehículo autocaravana.

En cuanto al impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD):

Adaptaciones del programa de ayuda de la modalidad de sucesiones para introducir los depósitos en cuenta corriente o de ahorro con el formato IBAN.

Asimismo, se ha introducido la incorporación automatizada de la escritura pública en los expedientes de autoliquidaciones del ITPAJD (modelo 600) y del ISD (modelos 650, 651 y 653). Por tanto, ya no es necesario que el ciudadano aporte la escritura pública si la notaría ha enviado previamente la declaración informativa notarial a la Agencia Tributaria de Cataluña.

‍

11.- ACTAS LCI. ES NECESARIO PREGUNTAR AL CLIENTE CÓMO QUIERE SUS FUTURAS COPIAS AUTORIZADAS TANTO DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO COMO DE LA COMPRAVENTA:

Se adjunta (AQUÍ) Nota de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Cataluña en la que, dando respuesta a una comunicación recibida en varias notarías por parte del banco ING (en la que se solicita que todas las copias de sus escrituras de CV + PH se expidan en formato electrónico), se indica que, en las CV + PH, es el comprador (quien paga la escritura) el que debe elegir el formato de sus copias autorizadas (en soporte papel o electrónica).

A tal efecto, se recomienda preguntar al cliente por esta cuestión en el acta previa LCI, dejar constancia de ello en el acta, y en base a su preferencia, expedir la copia según de la forma que solicite el adquirente.

‍

12.- INSTRUCCIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE VALORES DE BIENES INMUEBLES 2024:

Se adjunta (AQUÍ) la Instrucción para comprobación de valores de bienes inmuebles de la Agencia Tributaria de Cataluña para hechos imponibles (ITP, Sucesiones y Donaciones) del año 2024.

Hay que recordar que esta tabla es de vital importancia cuando no tenemos el valor de referencia del catastro del inmueble en cuestión. Siempre, en primer lugar, debe tenerse en cuenta el valor de referencia a efectos fiscales. Supletoriamente, a falta de éste, se seguirá utilizando estaba tabla como se hacía tradicionalmente. Multiplicando el valor catastral por el coeficiente multiplicador correspondiente, a efectos de obtener el valor mínimo fiscal.

‍

13.- PROPIEDAD HORIZONTAL Y SEGREGACIÓN / DIVISIÓN DE ELEMENTO PRIVATIVO. SI LOS ESTATUTOS LO PERMITEN, TAMBIÉN, IMPLÍCITAMENTE, AUTORIZAN LAS OBRAS NECESARIAS PARA EJECUTARLA:

Adjunto (AQUÍ) la Resolución de la DGSJFP de 2 de noviembre de 2023 (BOE de 30 de noviembre de 2023), donde la DG resuelve un caso relativo a una segregación de un local, resolviendo que, cuando en el titulo constitutivo de la propiedad horizontal se prevea la posibilidad de segregar o dividir elementos privativos sin necesidad de acuerdo colectivo de la junta de propietarios, implícitamente se están autorizando las obras y modificaciones que dicha segregación precise, salvo cláusula expresa en contrario.

‍

14.- VENTA DE VIVIENDA HABITUAL DE LA FAMILIA. SE REQUIERE EL CONSENTIMIENTO DE AMBOS CÓNYUGES, TAMBIÉN PARA EXTRANJEROS:

Adjunto (AQUÍ) la Resolución de la DGSJFP de 25 de octubre de 2023 (BOE de 22 de noviembre de 2023), donde la DG resuelve un caso de una venta de un inmueble perteneciente a un extranjero, resolviendo que la aplicación del artículo 1320 CC (y por tanto su homólogo en el código civil catalán) relativo a la necesidad de consentimiento de ambos cónyuges para disponer de la vivienda habitual de la familia, es independiente de lo que disponga la ley rectora del régimen económico matrimonial, y que de acuerdo con el Reglamento 24 junio 2016, es aplicable también a matrimonios extranjeros.

‍

15.- IMPORTANTE DISTINCIÓN ENTRE PARTICIÓN HECHA POR EL TESTADOR Y NORMAS PARTICIONALES:

Adjunto (AQUÍ) la Resolución de la DGSJFP de 27 de octubre de 2023 (BOE de 22 de noviembre de 2023), donde la DG resuelve un caso relativo a una escritura de aceptación de herencia y adjudicaciones hereditarias, en la cual, sintetizando la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia, aclara la importante diferenciación entre una partición hecha en el propio testamento y las meras “normas particionales”.

Señala el Centro Directivo que cuando el testador lleva a cabo en el testamento todas las operaciones particionales (inventario, avalúo, liquidación y adjudicación de lotes) estamos ante una verdadera partición hecha en testamento. En cambio cuando se limita a manifestar su voluntad para que en el momento de la partición se adjudiquen determinados bienes en pago de su haber a cada heredero, estamos ante meras normas particionales.

Noviembre 2023

1.- MUCHO CUIDADO. ERRORES EN NOTARÍA QUE GENERAN RESPONSABILIDAD CIVIL:

Se adjunta (AQUÍ) una Nota del Consejo General del Notariado, donde se detallan las principales reclamaciones que el Seguro de Responsabilidad Civil de los Notarios está teniendo que atender ante negligencias, errores o malas praxis profesionales. A continuación, algunos ejemplos destacables:

Varias reclamaciones relativas a documentos autorizados con personas con capacidades psíquicas mermadas. Extremar precauciones con personas ancianas que presenten indicios de deterioro cognitivo, incapacitadas / con medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, bajo tutela, curatela, etc.
Suplantaciones de identidad. Extremar la diligencia al verificar la identidad de la persona con su foto de DNI / NIE / Pasaporte, etc.
Verificación de cargas hipotecarias. Extremar precauciones con hipotecas canceladas económicamente, pero no registralmente. Exigir constancia documental de que efectivamente el préstamo garantizado está pagado.

‍

2.- NUEVO RECORDATORIO. NOVEDADES EN MATERIA DE INVERSIONES EXTERIORES:

Se adjunta (AQUÍ) una nota informativa de OCP con resumen de las principales novedades del Real Decreto 571/2023, sobre inversiones exteriores. Se consideran inversiones exteriores las siguientes:

Inversiones extranjeras en España:

Participación de un NO RESIDENTE en sociedades españolas que supere el 10% del capital social.
Adquisición de inmuebles en España por NO RESIDENTES que superen los 500.000 euros.
En el caso de que los fondos empleados en la inversión tengan origen en jurisdicciones no cooperativas, se exige declaración previa. La orden de 9 de febrero de 2023 (AQUÍ) contiene la lista de jurisdicciones no cooperativas.

Inversiones españolas en el exterior:

Participación en el capital de sociedades no residentes que supere el 10 % del capital social.
Adquisición de bienes inmuebles sitos en el exterior por importe superior a 300.000 euros.
En el caso de que el destino de la inversión sea una jurisdicción no cooperativa es necesaria igualmente la declaración previa.

Obligaciones del Notario:

Cuando entre en vigor el desarrollo normativo del Real Decreto, será obligatorio que el Notario remita la información sobre la inversión exterior al Consejo General del Notariado.
En el periodo transitorio, la presentación telemática de las declaraciones se realiza mediante AFORIX.
Se mantiene vigente la obligación del notario de remitir a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, mediante escrito, en los meses de enero y julio de cada año, una relación de aquellas operaciones intervenidas que tengan la consideración de inversión extranjera, durante el semestre precedente respecto de las cuales no se haya interesado del notario la presentación de la correspondiente declaración.

‍

3.- ES POSIBLE DECLARAR EL FINAL DE OBRA PARCIALMENTE EN UN EDIFICIO DIVIDIDO HORIZONTALMENTE:

Adjunto (AQUÍ) la Resolución de la DGSJFP de 19 de septiembre de 2023 (BOE de 26 de octubre de 2023), donde la DG resuelve un caso de un edificio, con varias plantas, dividido horizontalmente, donde se declara el final de obra de sólo parte de ellos (en concreto, del local bajo y de la primera planta, no así del resto de plantas).

En este caso, la DG lo acepta, afirmando que no existe inconveniente en que la constancia de la terminación de obra pueda ser parcial, por fases, e incluso por pisos; pues puede ocurrir en la práctica que haya elementos no terminados, sin que ello obste a la inscripción de la terminación de otros, siempre que se acredite debidamente.

‍

4.- PARTICIÓN DE HERENCIA POR CONTADOR PARTIDOR. CUIDADO CON LOS CONFLICTOS DE INTERESES:

Adjunto (AQUÍ) la Resolución de la DGSJFP de 5 de septiembre de 2023 (BOE de 25 de octubre de 2023), donde la DG resuelve que en una escritura de aceptación, partición y adjudicación de herencia, la contadora-partidora no se ha limitado a lo estrictamente particional y, en las adjudicaciones, ha realizado funciones dispositivas que requieren la intervención de los herederos.

Además, existe un conflicto de intereses entre dos coherederos hermanos, pues uno es tutor de otro, y por tanto ejerce su representación legal. Al ser los dos interesados en la herencia, y estar uno de ellos representado legalmente por su hermano, hay conflicto de intereses y en este caso es necesario la intervención de un defensor judicial.

‍

5.- VENTA DE PLAZA DE APARCAMIENTO EN FINCA SIN DIVIDIR. ES NECESARIO DESCRIBIR CONCRETAMENTE LA PLAZA DE APARCAMIENTO:

Adjunto (AQUÍ) la Resolución de la DGSJFP de 28 de julio de 2023 (BOE de 12 de octubre de 2023), donde la DG resuelve un caso de venta de una participación indivisa (1,329%) de una finca, destinada a aparcamiento de vehículos. La escritura contenía la descripción de dicha finca registral en su conjunto (consistente en la planta sótano de un edificio destinada a aparcamientos y trasteros), pero no la descripción de esa concreta plaza de aparcamiento cuyo uso y disfrute exclusivo se atribuía a la participación indivisa de finca transmitida.

La DG, alineándose con el Registrador, considera que es necesario que, en la escritura de compraventa, se describa con detalle los linderos y la superficie de la plaza de aparcamiento que se transmite.

‍

6.- REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y LEY 11/2023. NUEVOS PLAZOS PARA CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS:

Adjunto (AQUÍ) la Resolución de la DGSJFP de 7 de julio de 2023 (BOE de 15 de agosto de 2023), donde se aprueba el calendario para implantar la ley 11/2023 de digitalización de actuaciones registrales. Esta ley viene a instaurar la firma electrónica de todos los asientos y documentos registrales y la llevanza de un protocolo en soporte electrónico. La citada resolución incluye dos anexos con un calendario de implantación de la firma electrónica en cada uno de los Registros de la Propiedad de España, y amplía el plazo ordinario de calificación registral de 15 días hábiles a 30 días hábiles, durante el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se inicia la implantación de las actuaciones digitales.

Se adjunta al resumen la resolución con los anexos en los que se encuentran las respectivas fechas de inicio de la fase de implantación de firma electrónica, para que todos los empleados de la notaría puedan consultarlas y tener en cuenta que en el plazo de un mes desde esa fecha, el plazo de calificación no es de 15 días como habitualmente, sino de 30.

¡La importancia de esta consulta radica en que se autorizan cancelaciones de hipotecas inscritas en todos los registros de España, y cada uno de ellos tiene una fecha prevista para la implantación de esa firma electrónica!

‍

7.- VECINDAD CIVIL Y SUS DIFICULTADES DE PRUEBA. HAY QUE DARLE MUCHA IMPORTANCIA A LA MANIFESTACIÓN QUE SE INCLUYA EN LA ESCRITURA:

Adjunto (AQUÍ) la Resolución de la DGSJFP de 3 de octubre de 2023 (BOE de 2 de noviembre de 2023), donde la DG resuelve un caso relativo a la prueba de la vecindad civil de una fallecida y su importancia para determinar el Derecho sucesorio aplicable.

En el supuesto, la causante, en su testamento, manifiesta que tiene vecindad civil común. No obstante, su heredero (esposo), cuando acepta la herencia, en dicha escritura de aceptación manifiesta que la vecindad civil de la causante era la de Ibiza, y en base a la misma, se adjudica toda la herencia (a diferencia de ello, si la vecindad civil fuera común, como la causante no tenía descendientes, pero sí ascendientes vivos, éstos serían legitimarios). Al presentarse a inscripción dicha escritura de aceptación de herencia, el Registrador la deniega, al considerar que prevalece la manifestación de la vecindad civil común realizada por la fallecida en su testamento.

La DG, alineándose con el Registro, considera que la prueba de la vecindad civil es muy difícil (salvo en aquellos casos en los que conste inscrita la manifestación expresa en el Registro Civil). Así pues, en caso de dudas, debe prevalecer la manifestación del interesado realizada ante Notario (pues se ha realizado estando debidamente informado por parte del fedatario), incluso sobre lo que pueda resultar de documentos extrajudiciales (como un certificado de empadronamiento del que resulte que la persona está empadronada en ese domicilio desde hace más de 10 años), pues no siempre la vecindad administrativa coincide con el domicilio efectivo (que es lo que determina la vecindad civil).

‍

8.- EL ADMINISTRADOR CON CARGO CADUCADO PUEDE CONVOCAR LA JUNTA GENERAL PARA LA RENOVACIÓN DEL ÓRGANO DE ADMNISTRACIÓN Y PARA PRESENTAR CUENTAS ANUALES:

Se adjunta (AQUÍ) la Resolución de la DGSJFP de 31 de octubre de 2023 (BOE de 21 de noviembre de 2023), en la que la DG resuelve que es válida la Junta General convocada por administrador con cargo caducado, siempre que esa Junta General se convoque para renovar el órgano de administración y aprobar las cuentas anuales de varios ejercicios como forma de superar el cierre del Registro de la Propiedad.

‍

9.- PODERES PREVENTIVOS Y ASPECTOS INTERREGIONALES:

Se resume a continuación, brevemente, una ponencia relativa a los poderes preventivos y a los aspectos a tener en cuenta en el ámbito del Derecho interregional:

Gran utilidad del poder preventivo: evita a la familia tener que recurrir a medidas de apoyo judiciales (que tardan más de un año en constituirse, más el coste de abogados, etc.).
En breves será posible consultar telemáticamente, en el Registro Civil, la vigencia de estos poderes. Cautela a tener en cuenta siempre que un apoderado acuda a Notaría a firmar con uno de estos poderes.
Dudas sobre Derecho aplicable cuando un cliente acude a Notaría para firmar un poder preventivo: Debemos acudir siempre al criterio de la residencia habitual (art. 9.6 Cc) para constituir el poder al amparo del CCCat o el Cc.
Recordar siempre incluir (o no), a petición del cliente, la cláusula sobre si se requiere autorización judicial para los mismos actos para los que la requiere el curador.
En Cataluña, en los próximos meses, habrá novedades relevantes en esta materia, pues el anteproyecto de reforma del Libro II del Código Civil Catalán sobre esta materia entrará en el Parlament en breves ya, como Proyecto de Ley, de modo que, si se tramita ordinariamente, en unos meses habrá una nueva normativa en esta materia con modificaciones muy profundas que deberemos estudiar para adaptar las escrituras.

‍

10.- LEY 11/2023. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES NOTARIALES Y REGISTRALES (PROTOCOLO ELECTRÓNICO, VIDEO FIRMAS y COPIAS AUTORIZADAS ELECTRÓNICAS):

Se adjunta artículo de nuestro BLOG que resume los 10 puntos principales de la entrada en vigor de la Ley 11/2023 (AQUÍ).

Tres son los cambios principales que nos afectarán a nuestro día a día:

El primero es el depósito en sede electrónica notarial de todos los documentos firmados, siendo fiel reflejo del documento en papel (matriz, unidos, diligencias y notas).
El segundo gran cambio es la posibilidad de videofirmar con certificado digital determinados tipos de documentos una vez que el ciudadano registrado en el portal notarial;
y por último, la creación de las copias autorizadas electrónicas que sustituyen al papel con su misma eficacia y validez.

Tras 21 días de implementación nos hemos encontrado con las siguientes casuísticas:

EN CUANTO AL PORTAL NOTARIAL (PNC):

Los ciudadanos que quieran realizar trámites deberán cumplimentar el formulario y validar su móvil y correo de contacto. El trámite es sencillo y se completa subiendo a la plataforma el documento de identidad. Lo hemos validado y funciona correctamente para ciudadanos identificados con DNI, NIE y PASAPORTE.
La forma más práctica de acceder y que sirve también para firmar es utilizar un certificado digital. Recomendamos el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, aunque hay varias entidades emisoras certificadas por Ancert.
El ciudadano que acceda podrá consultar todo su histórico de escrituras entre el 1 de enero de 2007 y el 8 de noviembre de 2023. Lo firmado a partir de la entrada en vigor de la ley todavia esta por determinar cómo se publicara.

EN CUANTO A LA VIDEOFIRMA:

Desde el inicio hemos logrado realizar con éxito 2 videofirmas. Si bien es una tecnología muy nueva y que tiene sus limitaciones no ha resultado complejo de realizar una vez que el cliente esta registrado en el portal y dispone del certificado digital para poder firmar.
La conexión se realiza con una aplicación integrada en el navegador web y es intuitiva y sencilla. Esperamos que a medida que los ciudadanos se registren aumente el número de documentos otorgados por este método.

EN CUANTO A LA COPIA AUTORIZADA ELECTRÓNICA:

Ya hemos emitido las primeras copias autorizadas electrónicas con código seguro de verificación (CSV).
El proceso lo gestionamos desde el mismo Word y de manera paralela al depósito del documento aunque se puede emitir con posterioridad, siempre para documentos firmados a partir del 9 de noviembre de 2023.
El documento se publica en la sede electrónica notarial y se genera de forma rápida y sencilla en SIGNO el CSV para remitir al cliente.
Una vez subido a la sede electrónica se comparte con el cliente mediante un correo electrónico en el que le facilitamos un enlace a su copia autorizada electrónica. Este método de entrega le da autenticidad y validez legal frente a terceros. Creemos que poco a poco irá sustituyendo el papel pues para su consulta y validación no es necesario estar dado de alta en el portal notarial del ciudadano.

DUDAS MÁS FRECUENTES DE PROTOCOLO ELECTRÓNICO y VIDEOFIRMA:

En SIC, dentro del apartado “Ley 11/2023. Digitalización de actuaciones notariales y registrales” se puede encontrar un documento con preguntas y respuestas sobre dudas existentes en relación a la puesta en marcha de la Ley 11/2023, se han emitido dos publicaciones: volumen 1 y volumen 2.

Asimismo, se adjuntan (AQUÍ en singular y AQUÍ plural), plantillas base para cualquier escritura electrónica otorgada por videofirma a través del Portal Notarial del Ciudadano.

MODIFICACIÓN DEL ÍNDICE ÚNICO INFORMATIZADO. NECESIDAD DE INFORMAR POR SEPARADO DEL NÚMERO DE FOLIOS EN SOPORTE PAPEL / TELEMÁTICO:

A partir del 9 de noviembre de 2023, se modifica el Índice Único Informatizado para incorporar como campo obligatorio a informar en cada instrumento público el número de folios de matriz del soporte papel por separado del número de folios en soporte electrónico.

‍

Para cualquier duda en todo lo relacionado a la nueva digitalización al respecto (tanto de empleados como de clientes), contactar con Antonio Alba para su resolución en el correo: antonio@jesusbenavides.es

Octubre 2023

1.- REGISTRO CENTRAL DE TITULARIDADES REALES. NOTA ACLARATORIA

Se adjunta (AQUÍ) nota aclaratoria de OCP sobre diversas cuestiones relativas al Registro Central de Titularidades Reales y las obligaciones de los Notarios al respecto:

Para el otorgamiento del negocio jurídico, no es requisito de validez la obtención del correo electrónico al que se refiere el artículo 4 del RD 609/2023, pues no forma parte de los requisitos de identificación del titular real.
Porcentaje de participación: solo se deberá incluir esta información cuando haya que efectuar una nueva acta de manifestaciones para el supuesto de que exista discordancia entre el contenido de la BDTR y la manifestación del otorgante

‍

2.- COMPRAVENTA DE INMUEBLE FORMALIZADA POR REPRESENTANTE CON PODER REVOCADO. MUCHO CUIDADO AL VERIFICAR LA VIGENCIA DE PODERES Y CARGOS DE SOCIEDADES

Adjunto la Resolución de la DGSJFP de 26 de julio de 2023 (BOE de 28 de septiembre de 2023). La DG resuelve un caso de una CV de un inmueble, en el que la parte vendedora es representada por un apoderado, manifestando este que su poder está vigente, y el Notario, dando su juicio de suficiencia positivo en la escritura. No obstante, de los datos obrantes en el Registro Mercantil, resulta que ese poder estaba revocado de hacía pocos días, habiéndose publicado dicha revocación en el BORME, una vez inscrita en el Registro (momento a partir del cual es oponible frente a terceros), el mismo día de la firma de la CV.

La DG confirma la calificación del Registro, de forma que no se puede inscribir el derecho del comprador ya que el vendedor no estuvo debidamente representado por una persona con facultades suficientes para formalizar dicha venta.

Para tener en cuenta el caso y realizar las consultas pertinentes en el Registro en una fecha lo más cercana posible a la firma de la escritura (si es posible, el mismo día), para evitar casos así.

‍

3.- SL. REDUCCIÓN DE CAPITAL POR COMPRA DE PARTICIPACIONES. IMPORTE DE LA RESERVA INDISPONIBLE

Adjunto la Resolución de la DGSJFP de 24 de julio de 2023 (BOE de 27 de septiembre de 2023). La DG resuelve el típico caso de “salida” de un socio de una SL. Para ello, la sociedad recompra todas las participaciones de ese socio (por un valor de reembolso superior al nominal) para, a continuación, reducir el capital social en el mismo importe (procediendo así a su amortización) y, asimismo, dotar una reserva indisponible, por el importe de la reducción (tomando como referencia el nominal de las participaciones, y no el valor reembolsado al socio, que como se indica, es superior), para garantizar los derechos de los acreedores.

El Registro califica negativamente porque considera que el importe de la reserva ha de ser igual “al valor de lo recibido por el socio” (esto es, al total reembolsado, y no sólo al valor nominal de las participaciones).

La DG revoca la calificación del Registrador Mercantil, determinando que en estos casos el importe de la reserva indisponible ha de ser igual al valor nominal de las participaciones amortizadas, y no al importe reembolsado al socio saliente

‍

4.- GUARDA DE HECHO. DOCUMENTO INTERPRETATIVO PARA TRÁMITES BANCARIOS

Se informa que en SIC, dentro del enlace “Ley 8/2021 de apoyo a la discapacidad” se pone a disposición de los empleados un protocolo marco firmado entre la Fiscalía General del Estado y el sector bancario para clarificar las atribuciones del guardador de hecho en el ámbito de las gestiones bancarias.

Este documento también ha sido objeto de análisis detallado en un artículo de nuestro blog (AQUÍ se puede consultar).

‍

5.- INVERSIONES EXTERIONRES. NOVEDADES NORMATIVAS A TENER EN CUENTA

Se informa a la plantilla de la reciente aprobación del Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores (AQUÍ se puede consultar), que deberá ser tenido en cuenta cuando se formalicen operaciones con no residentes. En concreto, se modifica la normativa anterior en los siguientes aspectos fundamentales:

1.- Se consideran inversiones extranjeras a los efectos de hacer la correspondiente declaración posterior al Registro de Inversiones del Ministerio de Economía, las siguientes:

Participación por no residentes en sociedades españolas cuando dicha participación supere el 10% del capital social o de los derechos de voto de la compañía (anteriormente se exigía que la participación fuese del 50%).
Adquisición de bienes inmuebles en España por no residentes cuando el importe supere los 500.000€ (anteriormente el límite mínimo estaba en 3.000.000 €).

En estos casos el titular no residente tiene la obligación de declarar ante el Registro de Inversiones del Ministerio de Economía la inversión, mediante los modelos que resultan de la disposición transitoria 3 del Real Decreto (modelos DP1, D1A D1B, DP2, D2A, D2B).

2.- Si la operación ha sido intervenida por Notario, deberá comunicar la inversión al Consejo General del Notariado a través de la sede electrónica notarial (SIGNO) y, en todo caso, advertir al compareciente de la obligación de presentación.

3.- En el caso de que las inversiones consideradas extranjeras (de conformidad con el artículo 4 del Real Decreto), tengan origen en un país de jurisdicción no cooperativa (antiguos paraísos fiscales), que son las recogidas en la Orden de 9 de febrero de 2023, será necesario hacer una declaración previa y los Notarios deberán exigirla antes del otorgamiento, y advertir expresamente de ello en el documento público.

‍

6.- NOTAS PRÁCTICAS DE DOCUMENTOS DONDE INTERVENGAN EXTRANJEROS

Se adjunta (AQUÍ), un interesante artículo de un compañero Notario, donde se exponen una serie de reflexiones prácticas a tener en cuenta cuando en un documento público intervenga una persona física extranjera. A modo de resumen, se destacan las más relevantes:

Identificación. Se aplican las reglas generales del Reglamento Notarial. En concreto, en el caso de los extranjeros comunitarios ésta se realiza a través, bien de su pasaporte, bien de su documento de identidad nacional.
NIE: Los extranjeros que, por sus intereses económicos, profesionales o sociales, se relacionen con España, deben estar dotados, a efectos de identificación, de un número personal, único y exclusivo, de carácter secuencial. Necesario para todas aquellas operaciones con trascendencia tributaria.
Traducción: Salvo que el notario conozca el idioma extranjero, habrá que atenerse a lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento Notarial y solicitar un intérprete.
Medios de pago: Mucho cuidado y diligencia con materia de prevención de blanqueo. Es altamente recomendable exigir que las cuentas de ingreso y abono sean de bancos españoles. Si hubiera bancos extranjeros o cuentas de terceras personas, se exigirá información lo más completa y fidedigna posible acerca del origen de los fondos, requiriendo justificación documental (certificados de titularidad de las cuentas, contratos justificativos del origen de los fondos, etc.).
Apostilla: Resulta imprescindible contar con ella respecto de los documentos otorgados en el extranjero.
Operaciones inmobiliarias. Recordar la retención del 3% del precio (Impuesto de la Renta de No Residentes) e inversión del sujeto pasivo en la “plusvalía municipal”.

‍

7.- SOLICITUD DE COPIAS DE TESTAMENTOS AL ARCHIVO DEL COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA

Información de interés al solicitar copias de testamentos al Colegio. Para evitar problemas en caso de discrepancias de fechas, se solicita por parte del Colegio que, cuando se remita una solicitud de copia, se adjunte a la solicitud de copia de testamento los correspondientes certificados de defunción y últimas voluntades para identificar de forma más exacta tal petición.

‍

8.- FIRMA TELEMÁTICA DE DOCUMENTOS NOTARIALES. ENTRADA EN VIGOR

Como ya se informó en anteriormente, el próximo 9 de noviembre entrará en vigor la Ley 11/2023, que permitirá la firma telemática de documentos públicos (esto es, a través de un sistema de videoconferencia con el Notario y firma electrónica, sin necesidad de que el cliente acuda físicamente a la Notaría). AQUÍ se puede encontrar un artículo en el blog de la Notaria de Jesus Benavides con más detalle al respecto (qué documentos se podrán firmar, procedimiento, etc.).

Para ser pioneros con esta novedad y dar el mejor servicio a los clientes, se ha creado en la página web de la Notaría de Jesus Benavides un nuevo apartado (Videofirma) donde, mediante unos didácticos videos, se explica todo el proceso que deberá seguir cualquier ciudadano que quiera poner en práctica esta posibilidad.

‍

Para cualquier duda al respecto (tanto de empleados como de clientes), contactar con Antonio Alba para su resolución en su correo electrónico: antonio@jesusbenavides.es.

Septiembre 2023

1.- CÓMPUTO PLAZOS PARA CELEBRACIÓN DE JUNTA GENERAL. NO SE PUEDE INCLUIR EN EL CÓMPUTO EL DÍA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

Adjunto la Resolución de la DGSJFP de 11 de julio de 2023 (BOE de 28 de julio de 2023). Con arreglo a ella, y a modo resumen, la DG nos recuerda las reglas de cómputo de los plazos para la convocatoria de junta general en una sociedad de capital. Como es sabido, el artículo 176 LSC determina que entre la convocatoria y la celebración de la junta general debe transcurrir un mes (SA) o 15 días (SL). Para el cómputo de estos plazos, el día de inicio comienza el día en que se remite el anuncio al último de los socios y, para determinar el día de finalización del plazo, no se podrá computar el día de celebración de la junta general.

Por tanto tiene que transcurrir un mes para la sociedades anónimas y 15 días para las sociedades limitadas, y es al día siguiente de estos plazos cuándo se puede celebrar válidamente la Junta General.

‍

2.- DOCTRINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL EN MATERIA ARANCELARIA

Se adjunta (AQUÍ) interesante documento que recoge un resumen de la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en materia arancelaria, de los años 2020 – 2023. Para consultar en caso de dudas sobre cómo minutar escrituras concretas.

‍

3.- NOVEDADES EN EL ÍNDICE ÚNICO INFORMATIZADO

Se informa de que, recientemente, el Índice Único Informatizado ha incluido una serie de novedades para mejorar el reflejo de los negocios jurídicos que se otorgan en los instrumentos públicos.

En concreto, se crean nuevos actos jurídicos para recoger debidamente:

Actas de adquisición o conservación de vecindad civil.
Escrituras de medidas de apoyo y las de constitución de asistencia (y su equivalente en Cataluña),
Actas de omisión de número de protocolo o de Libro Registro (para dar solución al caso infortunado de que quede un número o varios sin documento realmente autorizado o intervenido).

Otras pequeñas modificaciones:

Constancia de los medios de pago en las actas de depósito.
Especificación de la titularidad ganancial (o no) en la compraventa de participaciones y acciones sociales.
Constitución de entidades con o sin personalidad jurídica, donde se exige la información de su Número de Identificación Fiscal (si la obtención es posterior al otorgamiento y no se ha podido obtener el dato por parte del cliente, llegado el vencimiento del plazo para remitir el índice, deberá solicitarse el levantamiento de regla por el cauce habitual).

‍

4.- TEORÍA DEL NEGOCIO JURÍDICO COMPLEJO. COMPRA + HIPOTECA DE INMUEBLE POR PERSONA CASADA. NO ES NECESARIO EL CONSENTIMIENTO DEL OTRO CÓNYUGE SI LA HIPOTECA SE REALIZA DE FORMA SIMULTÁNEA A LA COMPRA. CUIDADO EN CASO DE EXTRANJEROS

Se adjunta (AQUÍ) interesante artículo donde se resume la doctrina de la DG sobre la teoría del negocio jurídico complejo. Se trata de casos donde una persona casada compra ella sola un inmueble, y acto seguido lo hipoteca. Como es sabido, la regla general determina que, para hipotecar la vivienda habitual, aunque esta pertenezca a uno solo de los cónyuges, es necesario el consentimiento del otro. Como excepción a esta regla general, surge la teoría del negocio jurídico complejo, en virtud de la cual, no es necesario el consentimiento del cónyuge no titular en la constitución de hipoteca sobre vivienda habitual inmediatamente posterior a su compra, es decir que la hipoteca se firme con el número inmediatamente posterior de protocolo a la de compraventa.

En el caso de extranjeros, CUIDADO, pues la DG no admite la doctrina del negocio jurídico complejo, salvo que ese derecho extranjero lo permita y así se acredite (así pues, deberá verificarse mediante informe del notario si el Derecho extranjero que rige el régimen matrimonial concreto de los clientes, admite o no esta teoría del negocio complejo).

‍

5.- ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES. UNA BUENA ESCRITURA PUEDE SALVAR UN MAL CERTIFICADO

Adjunto la Resolución de la DGSJFP de 10 de julio de 2023 (BOE de 28 de julio de 2023). Con arreglo a ella, y a modo resumen, la DG determina que, en el marco de una elevación a público de acuerdos sociales de una SL (cese y designación de cargos), si en el certificado no se indica el quorum de adopción de los acuerdos, pero en la escritura sí se especifica (mediante una manifestación del administrador), ello es suficiente para poder inscribir el acuerdo en el Registro Mercantil.

‍

6.- PRIOR IN TEMPORE, POTIOR IN IURE. LO QUE LLEGA PRIMERO AL REGISTRO, ES LO QUE PREVALECE (AUNQUE EL DERECHO SEA POSTERIOR)

Adjunto la Resolución de la DG de Dret, Entitats Jurídiques y Mediació, de 17 de julio de 2023 (DOGC de 31 de julio de 2023). Con arreglo a ella, y a modo resumen, la DG determina que lo que accede primero al Registro, es lo que prevalece.

Supuesto en el que, en el año 1986, mediante documento privado, se constituye un usufructo vitalicio sobre una finca. Posteriormente, el 09/02/2023, se eleva a público este documento privado y se presenta a inscripción en el Registro de la Propiedad. No obstante, el Registrador deniega la inscripción, ya que fecha 03/02/2023, esto es, 6 días antes, se presentó a inscripción una escritura de entrega de legado, en la cual se adjudica ese derecho de usufructo a un tercero, en base a una aceptación de herencia de una persona fallecida en 2022.

En este caso, la DG recuerda el principio básico de funcionamiento del Registro, esto es, prior in tempore, potior in iure, de modo que, lo que primero llega al Registro y se inscribe (usufructo de 2022 presentado el 3 de febrero de 2023), prevalece frente al resto de derechos (en este caso, un usufructo constituido en documento privado en 1986 y presentado a inscripción el 9 de febrero de 2023 en base a una escritura de elevación a público).

‍

7.- TABLA NORMATIVA SOBRE NACIONALIDAD Y ESTADO CIVIL

Se adjunta (AQUÍ) interesante documento que recoge una tabla normativa sobre nacionalidad y estado civil, donde podemos encontrar enlaces a normativa y Resoluciones de la Dirección General sobre materias diversas como Registro Civil, certificaciones, régimen económico del matrimonio, etc.

‍

8.- JURA DE NACIONALIDAD. DIVERSAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA

Se adjunta (AQUÍ) Circular de la DG relativa a la competencia del Registro Civil concreto donde formalizar la declaración de opción de la nacionalidad española, así como el juramento o promesa. En la misma se establece que la competencia corresponderá a la Oficina del Registro Civil del domicilio del optante.

Asimismo, se adjunta (AQUÍ) Circular de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en la que se determina la improcedencia de otorgar actas de jura de nacionalidad cuando se detecten indicios de que el compareciente ha realizado actos incompatibles con la buena conducta cívica (como por ejemplo, el hecho de que el solicitante esté ingresado en un centro penitenciario).

‍

9.- IMPUGNACIÓN JUDICIAL DE CALIFICACIONES NEGATIVAS. SERVICIO AL QUE PODEMOS RECURRIR COMO OFICINA NOTARIAL

Se adjunta (AQUÍ) un documento informativo del Consejo General del Notariado, a través del cual, se da a conocer un servicio del que disponen los Notarios, para poder recurrir judicialmente aquellas calificaciones negativas (o también Resoluciones de la DGSJFP) que puedan suponer un interés corporativo para los Notarios.

Así pues, en caso de que el empleado se encuentre con una calificación negativa que considere que puede afectar al Notariado en su conjunto, puede plantear esta posibilidad al Notario, la cual se podrá solicitar por las vías que se indican en el documento adjunto.

‍

10.- LA RECOMENDABLE ACTA DE MANIFESTACIONES PREVIA AL OTORGAMIENTO DE UNA ESCRITURA EN LA QUE INTERVIENE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD.

La circular informativa 3/2021, de 27 de septiembre de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado, propone que previamente al otorgamiento de una escritura en la que intervengan personas con discapacidad, se levante un acta de manifestaciones en la que se hagan constar las circunstancias que puedan influir en el otorgamiento del negocio jurídico de que se trate. El mencionado acta podrá recoger entre otras circunstancias:

Declaraciones de la propia persona con discapacidad, Por ejemplo, la manifestación de esa persona reconociendo que vende por un precio inferior al de mercado por una necesidad o conveniencia determinada, o los motivos por los que renuncia a una determinada herencia.
Declaraciones de las personas que asistan al discapacitado en el ejercicio de su capacidad. Por ejemplo, la manifestación del guardador de hecho, abogado, acompañante incidental, etc, haciendo constar que ha recomendado a la persona con discapacidad otorgar una escritura de venta porque es necesario para su sustento y manutención futuros, o para saldar unas deudas pendientes.

Este acta es un complemento imprescindible del juicio de capacidad notarial, y aporta claridad y seguridad frente a controversias futuras y posibles reclamaciones. Es recomendable que el requirente del acta sea la persona con discapacidad o su asistente.

‍

11.- SE CREA EL REGISTRO CENTRAL DE TITULARIDADES REALES.

Entra en vigor el día 19 de septiembre de 2023 el Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales. Este registro es de consulta obligada para todos los sujetos obligados por la ley al control del blanqueo de capitales, entre ellos los notarios. Sin embargo, hasta que no se produzca el volcado de datos a este registro, para lo que se dan 9 meses, el Real Decreto establece que hay que seguir acudiendo a las fuentes tradicionales (Base de datos del Titular Real a través de Signo).

Julio 2023

1.- NUEVO PERMISO RETRIBUIDO DE 15 DÍAS NATURALES PARA PAREJAS DE HECHO

Se publica en el BOE y entra ya en vigor el Real Decreto-ley 5/2023 (AQUÍ se puede consultar), en virtud del cual, se reconoce un permiso retribuido de 15 días naturales por el hecho de constituirse (y registrarse) como pareja estable. Se puede informar de ello a todas las parejas estables que se constituyan a partir de ahora, para que puedan disfrutar de este nuevo permiso.

‍

2.- NUEVA REGULACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

El ya citado Real Decreto-ley 5/2023 (AQUÍ se puede consultar) ha derogado la antigua Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (transformación, fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo, etc.). Así pues, a partir de ahora, el nuevo régimen jurídico de las modificaciones estructurales cabe hallarlo en el citado Real Decreto-ley 5/2023. A tener en cuenta cuando cualquier oficial prepare una de estas operaciones (deberá consultar la nueva regulación y adaptar las citas legales al nuevo texto normativo).

‍

3.- LAS SENTENCIAS DE DIVORCIO DE EXTRANJEROS, CON ADJUDICACIÓN DE INMUEBLES, DEBEN ESTAR INSCRITAS EN EL REGISTRO CIVIL CENTRAL

Adjunto la Resolución de la DGSJFP de 13 de junio de 2023 (BOE de 10 de julio de 2023). Con arreglo a ella, y a modo resumen, la DG determina que, en caso de divorcio (DE EXTRANJEROS cuyo matrimonio no está inscrito en el Registro Civil español), si en la sentencia se adjudica un inmueble a uno de los excónyuges, para poder inscribir la misma en el Registro de la Propiedad, es necesario que, previamente, dicha sentencia de divorcio conste inscrita en el Registro Civil central.

‍

4.- REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y PRIOR IN TEMPORE. A VECES SÍ, Y A VECES NO, LO QUE SE PRESENTA DESPUÉS TIENE PRIORIDAD SOBRE DOCUMENTOS PRESENTADOS CON ANTERIORIDAD

Adjunto la Resolución de la DGSJFP de 15 de junio de 2023 (BOE de 10 de julio de 2023). Con arreglo a ella, y a modo resumen, la DG resuelve un caso curioso:

Se firma CV + PH que se presenta a inscripción, calificado con defectos subsanables.
Se presenta subsanación, y estando el asiento vigente (esto es, aún no inscritas la CV + PH), entra en el Registro de la Propiedad un mandamiento de la AEAT con una prohibición de disponer, por deudas tributarias.
El Registrador califica negativamente la CV + PH (presentadas antes que el mandamiento) amparándose en razones de orden público.
El Notario recurre y la DG le da la razón, determinando que si ese mandamiento proviene de un procedimiento administrativo donde no se pone en tela de juicio la validez civil del negocio jurídico (recordemos, deudas tributarias), no procede la calificación negativa, pues la CV + PH se han presentado antes en el Registro (prior in tempore potior in iure).
No obstante, nos recuerda la DG que si el mandamiento hubiere sido librado en el marco de un proceso penal donde se pone en tela de juicio la validez del negocio (por ejemplo, una presunta estafa en la CV), sí que procedería la suspensión de la inscripción (aunque el mandamiento fuera posterior), por razones de interés general / orden público.

‍

5.- NO SE PUEDE INSCRIBIR NADA A FAVOR DE UNA SOCIEDAD CON EL CIF REVOCADO

Adjunto la Resolución de la DGSJFP de 16 de junio de 2023 (BOE de 10 de julio de 2023). Con arreglo a ella, y a modo resumen, la DG determina que, en el marco de una compraventa, si la sociedad adquirente tiene el CIF revocado, no se puede inscribir dicha adquisición a su favor. A tener en cuenta y recordar siempre cuando intervenga una sociedad, consultar la base de datos existente al respecto.

‍

6.- SE PUEDE REDUCIR CAPITAL SOCIAL POR DEBAJO DE 3.000 EUROS EN UNA SL YA EXISTENTE

Adjunto la Resolución de la DGSJFP de 13 de junio de 2023 (BOE de 10 de julio de 2023). Con arreglo a ella, y a modo resumen, la DG resuelve el siguiente caso curioso:

SL ya existente, con capital social superior a 3.000 euros, ejecuta reducción de capital, a resultas de la cual, su cifra de capital social resultante queda por debajo de los 3.000 euros.
El Registrador suspende la inscripción al considerar que dicha cifra queda por debajo del mínimo legal, al considerar que las SL de menos de 3.000 euros de capital sólo son posibles en el momento de la constitución.
La DG revoca la calificación del Registrador, considerando que sí es posible ejecutar una reducción de capital en una SL cuyo resultado sea un capital social inferior a 3.000 euros.

‍

7.- AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL Y DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE. HAY QUE RESPETAR LOS TIEMPOS

A resultas de una operación formalizada en la Notaría, se recuerda que en el marco de un aumento de capital de una SA, el derecho de preferencia de los accionistas en los aumentos de capital nace en el momento de la publicación de la oferta de suscripción de las nuevas acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, o bien, desde la comunicación escrita a cada uno de los accionistas. Dicha suscripción podrá realizarse por los socios en el plazo que haya fijado la Junta, que no podrá ser inferior a un mes desde la publicación o comunicación.

Así pues, deberán tenerse en cuenta y respetarse estos plazos al formalizarse esta clase de operaciones (de modo que no es posible que se realice la suscripción de las nuevas acciones en la misma Junta del acuerdo, salvo que a ella hubieran acudido la totalidad de los socios).

‍

8.- RESPONSABILIDAD CIVIL DEL NOTARIO. MUY IMPORTANTE TENERLO EN CUENTA PARA EVITAR ESTA CLASE DE ERRORES

Se adjunta enlace a un interesante artículo doctrinal (AQUÍ) en el que se analiza la responsabilidad civil del Notario. De especial interés, hay un apartado con detalle de casos concretos (por ejemplo, omisión de cargas, poderes insuficientes, falta de información relativa a los efectos tributarios del otorgamiento, etc.).

Se recomienda encarecidamente a todos los empleados de la Notaría la lectura del artículo y de dichos casos concretos para evitar incurrir en esta clase de errores y la responsabilidad asociada a los mismos.

‍

9.- REGISTRO CIVIL Y JURA DE NACIONALIDAD Y MATRIMONIOS NOTARIALES. CUESTIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA

Se adjunta Oficio de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (ver PDF adjunto al presente Email) en la que se aclaran diversas cuestiones relativas, sobretodo, a la documentación a presentar por los interesados en las actas de jura de nacionalidad y en los expedientes matrimoniales ante Notario, así como a aspectos relativos al trámite a tener en cuenta en ambos otorgamientos.

Junio 2023

1.- ESTATUTOS SOCIALES. CONVOCATORIA DE JUNTA. NO ES VÁLIDA LA CLÁUSULA ESTATUTARIA QUE PERMITE HACER LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA A LOS SOCIOS POR CORREO ORDINARIO (SIN ACUSE DE RECIBO):

Adjunto la Resolución de la DGSJFP de 10 de mayo de 2023 (BOE de 1 de junio de 2023). Con arreglo a ellas, y a modo resumen, la DG nos recuerda que (en el marco de la constitución de una SL), no es admisible la cláusula estatutaria que permite remitir la convocatoria de junta a los socios mediante correo ordinario (sin acuse de recibo), pues para que la convocatoria sea válida, es necesario que el sistema de remisión permita verificar la recepción de la convocatoria por parte del destinatario.

‍

2.- EN LA ESCRITURA DE VENTA EXTRAJUDICIAL DE BIEN HIPOTECADO ES NECESARIA LA NOTIFICACIÓN FEHACIENTE DE LA EJECUCIÓN A LOS TITULARES DE CARGAS POSTERIORES:

Adjunto la Resolución de la DGSJFP, de 11 de mayo de 2023 (BOE de 1 de junio de 2023). Supuesto de ejecución extrajudicial de inmueble hipotecado, en Notaría, donde existe una condición resolutoria posterior a la hipoteca a favor de una sociedad. Se le notifica el procedimiento de ejecución a dicha sociedad mediante correo certificado con acuse de recibo, pero la entrega es negativa, tras lo cual se otorga la escritura. La DG, alineándose con la tesis del Registrador, no lo acepta, pues considera que al formalizarse la ejecución extrajudicial de un bien hipotecado mediante escritura, es necesario notificar fehacientemente el procedimiento a todos los titulares de cargas o derechos posteriores a la hipoteca que se ejecuta, de modo que si se opta por remitir la notificación del procedimiento por correo certificado con acuse de recibo, y su entrega al destinatario es negativa, lo procedente es realizar una notificación personal, por parte del Notario, mediante una acta de notificación (art. 202 Reglamento Notarial).

‍

3.- RECTIFICACIÓN DE CABIDA SUPERIOR AL 10%. NO ES POSIBLE INSCRIBIRLA “POCO A POCO”:

Adjunto la Resolución de la DGSJFP, de 12 de mayo de 2023 (BOE de 1 de junio de 2023). Se otorga escritura de rectificación de cabida de finca, por la “vía simplificada” del artículo 201.3 Ley Hipotecaria (para diferencias que no exceden del 10%), pero al analizarse los metros cuadrados que constan en el registro y los metros declarados ahora (de 9.403 a 10.377), se aprecia que la diferencia es superior al 10%. El Registrador suspende inscripción y posteriormente, el Notario presenta escritura de subsanación donde se solicita que se inscriba únicamente el exceso de cabida hasta alcanzar el 10%. El Registrador califica de nuevo negativamente, y la DG, alineándose con el Registrador, confirma que ello no es posible, pues no se puede inscribir “poco a poco” o “por partes” una rectificación de cabida, de modo que si la misma es superior al 10%, se debe recurrir al expediente ordinario del artículo 201.1 de la Ley Hipotecaria, y no a la vía simplificada del artículo 201.3.

‍

4.- MINUTACIÓN DE “CONCEPTOS MENORES”. QUE SE PUEDE COBRAR Y QUE NO:

Interesante entrada del blog “justitonotario” (AQUÍ) donde se analiza una Resolución de la Dirección General de 3 de enero de 2023 (se puede consultar completa en un enlace del citado blog), en la que se resuelve un recurso de un particular contra la minuta de un Notario de una escritura de compraventa. A modo de resumen, en ella se determina que:

¿Qué se testimonia y qué no? Es el Notario quien decide.
Informe del Registro Mercantil: No corresponde.
Consulta Titular Real: Sí.
Caras en blanco de los cheques: correcto.
Incorporación a la copia de un folio para la consignación de notas: correcto.
Diligencias: Deben constar para poderse minutar.
Copias simples y pacto de asunción de gastos por la parte compradora: Si el comprador asume los gastos, ello incluye las copias necesarias para cumplir las obligaciones de comunicación del negocio formalizado.
Número de copias simples electrónicas: 2 (para comunicaciones a Catastro y Ayuntamiento, respectivamente).
Número de copias simples en papel: 3 (para liquidar ITP, “plusvalía” y trámites diversos, respectivamente).
Momento de indicar el número de copias que desean los otorgantes: En el momento de la firma.
¿Qué podemos considerar testimonios? La transcripción de los datos de la sociedad interviniente; la elaboración de la ficha necesaria para poder realizar la liquidación telemática; el testimonio por petición de información registral; la consulta de Titularidad Real; la nota simple del Registro; el recibo del IBI; la certificación catastral descriptiva y gráfica (al margen de la gestión extraarancelaria también minutable); los cheques que acreditan los medios de pago; el certificado de deudas de la comunidad; la etiqueta de la Certificación Energética o el certificado entero y respetando lo que se necesita según los casos; el justificante de recepción del Ayuntamiento de la comunicación del artículo 110.6.b) y la comprobación de CSV`s.
Sello de seguridad: Sí, se minuta.
Nota del Registro: Puede ser un suplido (al margen del testimonio).

‍

5.- NO SE PUEDE SER 2 COSAS A LA VEZ. NO ES POSIBLE SER VOCAL (PERSONA FÍSICA) EN UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE UNA SOCIEDAD Y, AL MISMO TIEMPO, SER TAMBIÉN PERSONA FÍSICA REPRESENTANTE DE UNA MERCANTIL QUE OSTENTE CARGO DE VOCAL EN ESE MISMO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Adjunto la Resolución de la DGSJFP de 23 de mayo de 2023 (BOE de 16 de junio de 2023). Con arreglo a ellas, y a modo resumen, la DG determina que, en un consejo de administración de 3 miembros, no es posible que una misma persona física ostente el cargo de vocal del consejo y, al mismo tiempo, el de persona física representante de una sociedad que es también vocal en dicho consejo, ya que ello implicaría que, de facto, una sola persona tendría derecho de veto para la adopción, o no, de cualquier acuerdo, además de poder generar situaciones susceptibles de conflicto de interés. En todo caso, si el consejo tuviere más de 3 miembros, la cuestión sería más discutible y se debería analizar el caso concreto para obtener una conclusión al respecto.

‍

6.- VENTA DE INMUEBLE POR UNA SOCIEDAD REPRESENTADA POR UN ADMINISTRADOR CON SU CARGO NO INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL. ES POSIBLE SI EL JUICIO NOTARIAL DE SUFICIENCIA SE HACE BIEN:

Adjunto la Resolución de la DGSJFP de 9 de mayo de 2023 (BOE de 29 de mayo de 2023). Con arreglo a ellas, y a modo resumen, la DG reitera su doctrina ya consolidada y determina que, en un caso de una SL que vende un inmueble, representada en la compraventa por su administrador, sin el cargo aún inscrito, es posible formalizar la operación si en el juicio notarial de suficiencia se realiza del modo correcto. En concreto, la escritura debería contener todas las circunstancias previstas por la ley para entender válido el nombramiento de administrador:

El acuerdo de la Junta General debidamente convocada.
La aceptación del nombramiento,
La notificación o consentimiento, en su caso, de los titulares de los anteriores cargos inscritos.

‍

7.- MOFIDICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL PARA ADAPTARLO A LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE PROCESOS DIGITALES

AQUÍ se puede consultar la citada reforma del Reglamento del Registro Mercantil, publicada en el BOE de 14 de junio. En base a la misma, como aspectos clave:

Se prevé la asignación de un Identificador Único Europeo (EUID) a todas las sociedades de capital y sucursales, que permita identificarlas inequívocamente a través de un sistema de interconexión de todos los registros mercantiles de la UE.
Se prevé la posibilidad de crear y cerrar sucursales de forma telemática / en línea.
Su entrada en vigor se retrasa un año, a contar desde la publicación en el BOE de la Ley 11/2023 (esto es, el 9 de mayo de 2024).

Mayo 2023

1.- RENUNCIA DE HERENCIA DE MENORES DE EDAD Y CONFLICTO DE INTERESES. ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

Adjunto la Resolución de la DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya, de 20 de febrero de 2023 (DOGC de 2 de marzo de 2023). Con arreglo a ella, y a modo resumen, la DG nos recuerda que en la renuncia de una herencia a favor de menores de edad, la regla general es que la misma debe formalizarse en escritura pública por parte de los padres, con autorización judicial (art. 236-27 CCCat) o, alternativamente, de los dos parientes más próximos (art. 236-30 CCCat). En caso de conflicto de intereses de uno de los progenitores, la renuncia la realiza el otro progenitor con el consentimiento de los dos parientes. Si el conflicto de intereses afectare a alguno de los dos parientes, éste debe abstenerse o, en su caso, deberá recurrirse al pariente sucesivo para sustituirlo.

‍

2.- REGISTRO DE LA PROPIEDAD. NO SE PUEDEN SOLICITAR NOTAS SIMPLES NI POR EMAIL NI MEDIANTE DOCUMENTO PRESENTADO POR VÍA TELEMÁTICA:

Adjunto las Resoluciones de la DGSJFP de 27 de marzo de 2023 (BOE de 18 de abril de 2023) y de 28 de marzo de 2023 (BOE de 18 de abril de 2023). Con arreglo a ellas, y a modo resumen, la DG nos recuerda que no se pueden solicitar notas simples ni por email ni mediante una solicitud presentada en un documento a través del sistema de presentación telemática de documentos del Registro. La vía ordinaria es a través del portal telemático de Registradores.org o vía Telefax en el caso de las notas continuadas de Notaría.

‍

3.- CESIÓN DE FINCA A CAMBIO DE PENSIÓN VITALICIA GARANTIZADA CON CONDICIÓN SUSPENSIVA Y DERECHO REAL DE HIPOTECA. NO SE PUEDE HIPOTECAR LO QUE AÚN NO TE PERTENECE:

Adjunto la Resolución de la DGSJFP, de 28 de marzo de 2023 (BOE de 18 de abril de 2023). Con arreglo a ella, y a modo resumen, la DG nos recuerda que no se puede hipotecar lo que aún no es tuyo. Se formaliza en escritura pública una cesión de una finca a cambio de una pensión vitalicia. Cedente (persona mayor), cede la finca a un tercero (cesionario), a cambio de una pensión vitalicia. La cesión se formaliza con una condición suspensiva, de forma que la transmisión del dominio se producirá cuando la parte cesionaria justifique que ha satisfecho la totalidad de la pensión convenida (se entiende que a la muerte del cedente). Asimismo (para garantizar que los obligados al pago de la pensión la abonarán), la parte cesionaria constituye hipoteca sobre dicho inmueble, a favor del cedente, como garantía adicional en el pago de la pensión vitalicia. Se deniega la inscripción de la hipoteca ya que la condición suspensiva aún no se ha cumplido, de forma que los cesionarios aún no han adquirido la titularidad del inmueble (condición suspensiva pendiente de cumplimiento) y, por lo tanto, no pueden hipotecar algo que aún no les pertenece.

‍

4.- HIPOTECA Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES. NO PUEDE SER UN DOMICILIO EXTRANJERO:

Adjunto la Resolución de la DGSJFP, de 30 de marzo de 2023 (BOE de 18 de abril de 2023). Con arreglo a ella, y a modo resumen, la DG nos recuerda que al formalizar un derecho real de hipoteca, en la escritura debe constar un domicilio del deudor a efectos de notificaciones y requerimientos, el cual debe estar situado en España, de modo que no es admisible señalar un domicilio del deudor en el extranjero, a estos efectos.

‍

5.- ESCRITURA DE EXTINCIÓN DE PAREJA ESTABLE Y DISOLUCIÓN DE CONDOMINIO (PISO EN COMÚN). SE PUEDE OTORGAR CON HIJOS MENORES SI NO SE INCLUYEN EN LA ESCRITURA PACTOS QUE AFECTEN A LOS HIJOS:

Adjunto la Resolución de la DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya, de 19 de abril de 2023 (DOGC de 24 de abril de 2023). Con arreglo a ella, y a modo resumen, la DG determina que cuando existe una pareja estable con hijos y con una vivienda en común, cuando se extingue la pareja estable por cese de la convivencia, aunque existan esos hijos menores de edad, pueden formalizar la extinción de la pareja estable en la escritura y acordar en la misma la disolución del condominio del inmueble que tenían en común. No obstante, ello solo será posible si en dicha escritura de extinción de la pareja estable, no se incluyen medidas que afecten a los hijos, como un convenio, un plan de parentalidad, una pensión de alimentos, o un régimen de visitas (en cuyo caso, lógicamente, requeriría autorización judicial).

‍

6.- ESCRITURA DE DIVISIÓN MATERIAL DE ELEMENTO PRIVATIVO DE UNA FINCA SUJETA A RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL SOLO SE REQUIERE MAYORÍA SIMPLE:

Adjunto la Resolución de la DG de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya, de 5 de mayo de 2023 (DOGC de 15 de mayo de 2023). Con arreglo a ella, y a modo resumen, la DG determina que en el caso de un edificio antiguo con una división horizontal “singular” (dividido en 4 entidades, una de la cual, engloba 13 pisos susceptibles de aprovechamiento individualizado), si los estatutos no lo permiten expresamente (en cuyo caso no se requeriría acuerdo de Junta) es posible formalizar una división material de esta entidad que engloba esos 13 pisos, para crear 13 fincas registrales independientes, siendo únicamente necesario un acuerdo de Junta aprobado por mayoría simple (esto es, no sería necesario un acuerdo con mayorías cualificadas de 4/5).

‍

7.- ESCRITURA DE RECTIFICACIÓN DE ERROR (DE SUPERFICIE) EN LA DESCRIPCIÓN DE UNA FINCA (ELEMENTO PRIVATIVO) SUJETA A RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL. NO SE REQUIERE DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA ANTIGUA POR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS:

Adjunto la Resolución de la DGSJFP, de 18 de abril de 2023 (BOE de 8 de mayo de 2023). Con arreglo a ella, y a modo resumen, la DG resuelve un supuesto en el que un sobreático, inscrito con una superficie útil de 47,51 metros, se rectifica a 97 metros (pues en realidad esa era la superficie real y correcta), mediante una escritura otorgada por el titular registral de dicha finca, en base a una certificación catastral y gráfica y un informe de arquitecto (que acreditan que se trata de un error y que ese piso tiene esa superficie desde el momento de la construcción), así como mediante un acuerdo de Junta (adoptado por unanimidad) que consiente dicha rectificación. En este caso la DG confirma que con esta escritura es suficiente para inscribir la modificación de la superficie del piso, sin que sea necesaria una escritura de declaración de obra nueva antigua, por parte de la comunidad de propietarios, donde se rectifique la descripción de dicho elemento.

‍

8.- CUANDO EN UNA SUCESIÓN EXISTA UN DERECHO DE TRANSMISIÓN, OJO QUE SE REQUIERE LA CONCURRENCIA DE TODOS LOS INTERESADOS EN LA HERENCIA PARA LA ENTREGA DE UN LEGADO:

Adjunto la Resolución de la DGSJFP, de 19 de abril de 2023 (BOE de 8 de mayo de 2023). Con arreglo a ella, y a modo resumen, la DG recuerda que, en el marco del derecho de transmisión, y en base al artículo 1006 del Código Civil, cualquier operación tendente a partir la herencia a la que esté llamado el transmitente debe ser otorgada por todos los interesados en la sucesión de éste (incluyendo sus legitimarios). Se trata de un caso en el que dos personas fallecidas, en su testamento nombran como herederos a sus seis hijos (con sustitución vulgar en favor de sus respectivos descendientes) y, asimismo, ordenan a favor de tres de sus hijos legados de unos bienes inmuebles. Posteriormente, uno de esos hijos, fallece, dejando viuda y tres hijos (nietos de los primeros causantes). Se otorga escritura de entrega de legado por parte de los herederos instituidos (hijos del matrimonio fallecido) y asimismo por parte de los herederos transmisarios (nietos), pero no interviene la cónyuge viuda del hijo fallecido, cosa que la DG interpreta que es efectivamente necesaria, al ser interesada en la sucesión.

‍

9.- EN BREVES SERÁ POSIBLE OTORGAR ESCRITURAS DE FORMA TELEMÁTICA:

Se adjunta enlace al artículo publicado recientemente en El Periódico (AQUÍ) donde se exponen sucintamente las novedades derivadas de la Ley 11/2023. En base a la misma, en breves (a finales de noviembre vence la vacatio legis de 6 meses), será posible otorgar determinados documentos públicos de forma telemática, es decir, sin la presencia física del cliente en la Notaría. A medida que se dispongan de más novedades sobre la implementación práctica de la medida, se informará debidamente a la plantilla.

Abril 2023

1.- LOS CLIENTES SE PUEDEN IDENTIFICAR ANTE NOTARIO MEDIANTE EL PERMISO DE CIRCULACIÓN VIGENTE DEL REINO DE ESPAÑA:

Adjunto la Resolución de la DGSJFP de 16 de enero de 2023 (BOE de 14 de febrero de 2023). Con arreglo a ella, y a modo resumen, la DG permite que un compareciente se identifique ante Notario mediante un permiso de circulación vigente de España, aunque este recurso deberá ser empleado de manera subsidiaria o supletoria. Eso quiere decir que, de ordinario, en todo caso, la identificación de españoles deberá realizarse mediante Pasaporte o DNI. No obstante, subsidiariamente, también se podrá admitir el permiso de circulación, pues es un documento oficial expedido por una autoridad pública, con fotografía y firma, que tiene efectos identificativos.

‍

2.- ES NECESARIO EL CONSENTIMIENTO DE LOS NUEVOS PROPIETARIOS DE UN INMUEBLE SUJETO A UN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL PARA INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD ACUERDOS ADOPTADOS ANTES DE SU COMPRA QUE NO SE HAYAN INSCRITO

Adjunto la Resolución de la DGSJFP de 31 de enero de 2023 (BOE de 20 de febrero de 2023). Con arreglo a ella, y a modo de resumen, la DG recuerda que, por regla general, si una comunidad de propietarios adopta un acuerdo sujeto a inscripción en el Registro de la Propiedad, y posteriormente, antes de que se inscriba dicho acuerdo, hay cambios de titularidad en elementos privativos, para lograr la inscripción de dicho acuerdo, los nuevos propietarios deben prestar su consentimiento. No obstante, en este caso concreto, al tratarse de una herencia, la DG aplica el principio de sucesión universal (artículo 661 Cc) y permite la inscripción del acuerdo.

‍

3.- EN EL MARCO DE UNA HERENCIA, LA SEPARACIÓN DE UN MATRIMONIO DEBE SER PROBADA FEHACIENTEMENTE, PARA PODER PRIVAR AL CÓNYUGE SUPÉRSTITE DE SUS DERECHOS SUCESORIOS A LA LEGÍTIMA

Adjunto la Resolución de la DGSJFP de 24 de enero de 2023 (BOE de 14 de febrero de 2023). Con arreglo a ella, y a modo de resumen, la DG nos recuerda que, en el marco de una aceptación de herencia, para poder formalizar la misma sin el cónyuge supérstite legitimario (a resultas de estar los cónyuges separados), es necesario acreditar fehacientemente la separación (por mutuo acuerdo en escritura pública / resolución judicial de separación o divorcio / por ratificación del cónyuge que no participa en la partición.)

‍

4.- CAUTELAS A TENER EN CUENTA EN EL JUICIO DE SUFICIENCIA CUANDO SE EMPLEE UN PODER PREVENTIVO EN PREVISIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD.

Adjunto la Resolución de la DGSJFP de 4 de noviembre de 2022 (BOE de 2 de diciembre de 2022). Con arreglo a ella, y a modo de resumen, la DG determina que para poder emplear un poder preventivo en previsión de pérdida de capacidad (del tipo que sólo despliega efectos una vez se acredite la pérdida de capacidad, no antes) no basta un juicio de suficiencia genérico como en cualquier clase de poder, sino que se exigirán unos requisitos adicionales, a saber: se estará a la voluntad del poderdante y, en todo caso, se exigirá certificado médico actual, con indicación de fecha, autor, objeto y un juicio expreso del Notario conforme el poderdante está en la situación de apoyo descrita para que el poder entre en vigor (e incluso, en caso de duda, se podrá exigir un informe pericial que se valorará en un acta notarial aparte o, en su caso, añadiendo la comparecencia del poderdante para valorar in situ su situación de necesidad).

‍

5.- LAS RESOLUCIONES JUDICIALES QUE AFECTEN A LA CAPACIDAD DE LA PERSONA DEBEN ESTAR INSCRITAS EN EL REGISTRO CIVIL PARA QUE LOS ACTOS DERIVADOS DE LAS MISMAS TENGAN ACCESO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Adjunto la Resolución de la DGSJFP de 3 de enero de 2023 (BOE de 9 de febrero de 2023). Con arreglo a ella, y a modo de resumen, la DG nos recuerda que la sentencia judicial que afecte a la capacidad de una persona, además de firme, debe estar inscrita en el Registro Civil. Sin este requisito, el acto realizado por el representante, no podrá acceder al Registro de la Propiedad.

‍

6.- CUANDO SE INDIQUE EL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL MATRIMONIO EN UNA ESCRITURA, DEBE DETALLARSE SI ES LEGAL O CONVENCIONAL

Adjunto la Resolución de la DGSJFP de 20 de diciembre de 2022 (BOE de 3 de febrero de 2023). Con arreglo a ella, y a modo de resumen, la DG nos recuerda que al indicar el régimen económico del matrimonio, es necesario determinar en la escritura si dicho régimen económico-matrimonial es legal o pactado (ya que en caso de ser pactado, se pueden haber previsto reglas específicas de gestión y disposición, distintas de las genéricas previstas en el régimen legal del Código). Además, si es un régimen pactado o convencional debe acreditársele al notario mediante la exhibición del documento auténtico del que resulte el régimen económico convencional (capitulaciones matrimoniales) con los datos de inscripción en el Registro Civil competente. También puede acreditarse con certificación de matrimonio del Registro Civil a cuyo margen debe constar anotado el otorgamiento de las capitulaciones en las que se pacte el referido régimen económico matrimonial convencional, el día del otorgamiento, el notario autorizante y el número de protocolo.

‍

7.- NECESIDAD DE QUE EL NOTARIO HAGA CONSTAR EXPRESAMENTE EN EL JUICIO DE SUFICIENCIA NOTARIAL LA SALVEDAD DE AUTOCONTRATACIÓN Y/O CONFLICTO DE INTERÉS.

Adjunto resolución de la DGSJFP de 9 de marzo de 2023 (B.O.E. 27 de marzo de 2023). En esta interesante resolución la DG reitera una vez más su doctrina en cuanto al juicio de suficiencia notarial y autocontratación, en el sentido de que deben extremarse las precauciones cuándo se esté en presencia de un negocio jurídico otorgado por un apoderado que a su vez interviene en su propio nombre y derecho como parte con intereses contrapuestos a los de su poderdante. En el caso que nos plantea la resolución, el Registrador suspende la inscripción de una donación en la que el donante actúa a su vez como apoderado del donatario, sin expresarse en la escritura de donación que, en el poder otorgado por el donatario se salva expresamente la figura de la autocontratación y/o el conflicto de intereses. Recuerda el centro directivo su ya reiteradísima doctrina de que el artículo 98 de la ley 24/2001 atribuye en exclusiva el juicio de suficiencia de la representación alegada al notario, sin que el registrador pueda exigir para su calificación que se le exhiba, acompañe o transcriba el documento del que resulte la representación. No obstante, cuando se de la figura de la autocontratación no basta con que el notario haga constar en la escritura el juicio de suficiencia notarial, sino que además será necesario que exprese nítidamente que el documento auténtico del que resulta la representación (poder) contempla la salvedad de autocontratación.”

‍

8.- LEY APLICABLE EN MATERIA DE RÉGIMENES ECONÓMICO-MATRIMONIALES CON ELEMENTOS INTERNACIONALES

8.1.- LEY APLICABLE AL RÉGIMEN ECONÓMICO-MATRIMONIAL:

Rige el Reglamento UE 2016/1103 (AQUÍ), aplicable a todos los matrimonios celebrados a partir de junio de 2019, que es de aplicación universal (permite aplicar incluso leyes que no sean de países de la UE).
El Reglamento (art. 22) permite a los cónyuges elegir la ley aplicable a su régimen económico matrimonial entre la del lugar de celebración o la de la nacionalidad de cualquiera de los cónyuges.
Validez del acuerdo: Sujeta a los requisitos formales de cada país (en consecuencia, en España, se exigirá escritura pública).
‍En defecto de pacto, la ley aplicable será (art. 26): La de la primera residencia habitual tras el matrimonio, la de la nacionalidad común o la del vínculo más estrecho.
‍También de aplicación a las “uniones registradas”: Parejas estables inscritas en un Registro público.

8.2.- LEY APLICABLE AL DIVORCIO:

Rige el Reglamento UE 1259/2010 (AQUÍ), sobre ley aplicable al divorcio, también de aplicación universal (permite aplicar incluso leyes que no sean de países de la UE).
El Reglamento (art. 5) permite a los cónyuges elegir la ley aplicable a divorcio entre la del lugar de residencia habitual, la del último lugar de residencia habitual, la del Estado cuya nacionalidad tenga uno de los cónyuges en el momento de celebración del pacto o la ley del foro.
Validez del acuerdo: Sujeta a los requisitos formales de cada país (en España, escritura pública de pactos en previsión de ruptura).
‍En defecto de pacto, se aplicarían los criterios del art. 8 del Reglamento.