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Se adjunta (AQUÍ) enlace a Flash Fiscal del Colegio Notarial de Cataluña, en el cual, el Notario don Manuel Sarobe Oyarzun, analiza la tributación de la adjudicación de bienes inmuebles en pago de la legítima.

En base a lo indicado, cuando los bienes pasan directamente del causante al legitimario, la operación queda sujeta al Impuesto sobre Sucesiones. En cambio, si el heredero ya se ha adjudicado los bienes y los entrega después, la Dirección General de Tributos (consultas 150/20 y 123/21) considera que se trata de una adjudicación en pago de deuda, sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP).

Además, la consulta V462/19 recuerda que los legitimarios disponen de 10 años para reclamar la legítima, contados desde el fallecimiento del causante, y que el heredero puede rectificar su autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones si ya tributó por esos bienes.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a la Consulta Vinculante V0935-25 de la Dirección General Tributaria, en la cual, el consultante plan manifiesta que planea efectuar la venta de un inmueble a cambio de criptomonedas. En concreto, la contraprestación se pagaría en bitcoins. La venta se efectuaría al margen de la actividad económica que pudiera ser desarrollada, en su caso, por el consultante.

Para resolver la cuestión, la DGT parte de la base de que, de conformidad con el Reglamento (UE) 2023/1114, los criptoactivos (artículo 3.1.5) pueden ser definidos como “una representación digital de un valoro de un derecho que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro distribuido o una tecnología similar”.Así las cosas, desde el punto de vista del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Centro Directivo viene considerando en diversas consultas vinculantes (V0999-18, V1149-18 y V1948-21, entre otras) a las monedas virtuales o criptomonedas como bienes inmateriales, de modo que, siendo esto así, la venta de un inmueble a cambio de una cantidad de criptomonedas constituye una permuta, conforme al artículo 1.538 del Código Civil.

Por consiguiente, de conformidad con el art. 23 del Reglamento del IPT, en las permutas de bienes o derechos, tributará cada permutante por el valor comprobado de los que adquiera, de modo que, en el supuesto objeto de consulta, y siendo consideradas las monedas virtuales o criptomonedas como bienes inmateriales, la operación planteada constituye una permuta en los términos establecidos en el artículo 1538 del Código Civil. Por lo tanto, en el ámbito de la imposición indirecta, y en lo que se refiere al ITP y AJD, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del RITPAJD, considera la DGT que cada uno de los permutantes deberá tributar por el valor comprobado de lo que adquiera, salvo que el declarado sea superior, siendo el tipo de gravamen aplicable el que corresponda a la naturaleza de los bienes adquiridos.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 31 de julio de 2025 (BOE de 30 de octubre de 2025), en el que se resuelve un supuesto relativo a una escritura de ampliación de obra nueva por antigüedad referente a una buhardilla inserta en un piso sujeto a propiedad horizontal.

Se trata pues del supuesto muy habitual en edificios antiguos de grandes ciudades, donde hay pisos que disfrutan de forma privativa de una buhardilla pero que la misma no consta declarada e inscrita en el Registro de la Propiedad. Cuando se plantea la venta, normalmente la tasación hipotecaria del comprador arroja esta situación como condicionante, lo que obliga al vendedor a tratar de regularizar la situación para poder formalizar la venta al precio de mercado y que el banco del comprador le financie toda la operación una vez el condicionante se haya solventado.

Para ello, es necesario declarar la obra nueva por antigüedad de la buhardilla, siendo requisitos necesarios dos, según ha resuelto la Dirección General en este supuesto, esto es, contar con acuerdo de la comunidad de propietarios que lo permita (que no tiene que ser unánime, bastará con una mayoría de 3/5 de la LPH o la mayoría que prevea la norma autonómica correspondiente) y, en segundo lugar, disponer de un certificado del técnico competente que acredite la antigüedad de la obra, sin que sea necesario acreditar que el uso no es contrario al planeamiento urbanístico.

Se adjunta (AQUÍ) reciente Sentencia del Tribunal Supremo, en concreto, la STS 944/2025, de 16 de octubre, la cual sienta una relevante jurisprudencia en materia de pensión de viudedad y parejas de hecho.

El caso versa sobre una mujer que había convivido muchos años con su pareja, y tenían dos hijos en común, pero no habían formalizado su pareja estable en la forma prevista en la Ley. Tras el fallecimiento, la conviviente superviviente solicita pensión de viudedad, la cual le es denegada por falta de formalización de la pareja de hecho, interpretación que es confirmada por el Tribunal Supremo.Así pues, en la citada Sentencia, el Alto Tribunal reitera nuevamente su doctrina, recordándonos que, en el caso de parejas de hecho, para poder cobrar la pensión de viudedad en caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, no basta con acreditar la convivencia prolongada ni la existencia de hijos en común, sino que será necesario que la pareja esté formalmente constituida, mediante inscripción en el Registro de Parejas de hecho correspondiente o mediante escritura pública, con al menos dos años de antelación al fallecimiento.

Muy importante para las parejas de hecho tener en cuenta esta realidad, para hacer las cosas bien, acudir a un Notario, formalizar su relación y así quedar debidamente cubierto legalmente frete a futuras contingencias que puedan ocurrir.

Se adjunta (AQUÍ) muy reciente Sentencia del Tribunal Supremo, en concreto, la STS 4685/2025, de 29 de octubre, en la que el alto tribunal resuelve un caso relativo a la responsabilidad personal de los administradores por deudas sociales.

En el caso en concreto, se trata de una SL, con un capital social de 3.006€ que, desde hace años, presenta una situación económica grave (pérdidas sostenidas en el tiempo y, derivado de ello, un patrimonio neto muy inferior a la mitad de su capital social, incluso en algún ejercicio final negativo de más de 100.000 €), lo que la lleva a causa de disolución de conformidad con el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital, la cual sin embargo no es promovida por los administradores de la sociedad.Paralelamente, la sociedad contrata con una tercera empresa la instalación de unas placas fotovoltaicas en la nave industrial de su propiedad, incumpliendo las obligaciones de pago asumidas en dicho acuerdo, lo que finalmente conlleva a la existencia de una deuda (reconocida judicialmente) con la empresa de instalaciones eléctricas de más de 700.000€. Esta empresa, ante la imposibilidad de cobrar la deuda con los recursos de la mercantil deudora, interpone una acción de responsabilidad solidaria contra los administradores de la sociedad, para que estos respondan con su patrimonio de las deudas sociales generadas.

Los tribunales de justicia confirman en este caso que, ante el incumplimiento de los administradores de su deber de promover oportunamente la disolución social (convocar junta general en el plazo de dos meses para que adoptase el acuerdo de disolución o la remoción de la causa disolutoria ex. artículo 365 LSC), estos han de responder de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, según determina el art. 367 LSC, esto es, vendrán obligados a pagar de su bolsillo deudas que no son suyas (son de la sociedad), por culpa de “no haber hecho las cosas bien” y haber promovido la disolución de la empresa ante la grave situación económica de la misma.

Para tener presente en el asesoramiento que prestamos a los clientes al constituir sociedades o asumir cargos en órganos de administración de sociedades mercantiles, pues las consecuencias de hacer las cosas mal pueden ser muy graves para las personas que asumen estas responsabilidades.

Se adjunta (AQUÍ) enlace al Resolución JUS/3997/2025, de 16 de octubre, de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació (publicada en DOGC de 6 de noviembre), en el que se resuelve un supuesto relativo a la venta de un inmueble, en el que la parte vendedora es gran tenedor persona física, y la transmisión se formaliza sin que se comunique la misma a l’Agencia de l’Habitatge de Cataluña, a los efectos de que esta pueda optar por ejercer los derechos de tanteo o retracto de la administración establecidos en el artículo 6 del Decreto ley catalán 2/2025, de 25 de febrero.

Presentado a inscripción el documento, la Registradora de la Propiedad califica negativamente el documento, alegando que, para la válida inscripción del mismo, es necesario acreditar la comunicación pertinente al órgano administrativo catalán competente en materia de vivienda, ya que de conformidad con la interpretación de la Registradora, estas operaciones (venta de gran tenedor persona física) están sujetos a derecho de tanteo y retracto de la administración catalana.

Interpuesto el correspondiente recurso, la Dirección General catalana revoca la nota de calificación, exponiendo que, en el caso concreto, la cuestión que se plantea es la de determinar si en las transmisiones de viviendas realizadas por personas físicas grandes tenedoras es de aplicación el derecho de adquisición preferente a favor de la administración de la Generalitat, debiéndose responder negativamente a la cuestión, pues la normativa actualmente vigente determina que el derecho de adquisición preferente a favor de la Generalidad en las transmisiones efectuadas por grandes tenedores exige que la transmitente sea una persona jurídica.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a sesión de formación en video, ofrecida por el Notario de Esplugues de Llobregat don José Vicente Galdón, donde se analiza en profundidad la fiscalidad de las donaciones mortis causa y de los pactos sucesorios de atribución particular.

Sesión muy interesante para introducirse en una materia compleja, con disparidad de criterios administrativos y jurisprudenciales, especialmente en el ámbito civil catalán que cuenta con instituciones propias en este ámbito.

Asimismo, indicar que se trata de una materia de rabiosa actualidad, teniendo en cuenta la importancia creciente de la materia sucesoria en el marco de una sociedad envejecida. Para su visionado y estudio con detalle, para poder prestar un asesoramiento de calidad a los clientes del despacho notarial que pretendan formalizar operaciones de esta naturaleza.

Se adjunta (AQUÍ) reciente y muy interesante Sentencia del Tribunal Supremo, en concreto, la STS 4240/2025, de 7 de octubre, en la que el alto tribunal analiza, en el marco de un proceso de desahucio por expiración de plazo, la validez de una cláusula convencional de prórroga indefinida por años sucesivos obligatoria para el arrendador y optativa para el arrendatario, en un contrato de arrendamiento de vivienda celebrado tras la entrada en vigor de la LAU de 1994.

El Tribunal Supremo, en una extensa resolución, viene a reconocer la aplicabilidad del principio de autonomía de la voluntad de las partes (art. 1255 Cc), en virtud del cual, es posible pactar plazos de prórroga superior a los que fija la Ley, siempre y cuando se respeten los derechos del arrendatario (esto es, que la cláusula le sea beneficiosa y no perjudicial) y, en todo caso, con un límite de duración fijado en la propia vida de dicho inquilino.

Asimismo, el Alto Tribunal resuelve que el pacto vincula al nuevo adquirente del inmueble, aunque el mismo fuere celebrado entre el anterior propietario y el inquilino en cuestión. Importante para inversores que planteen la compra de inmuebles alquilados, a los efectos de calibrar las consecuencias jurídicas de las cláusulas existentes en los contratos de alquiler de dichas fincas.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 29 de julio de 2025 (BOE de 27 de octubre de 2025), en el que se resuelve un supuesto relativo a la inmatriculación de una finca mediante escritura de extinción de condominio precedida de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.

En el caso en concreto, se otorga por parte de 3 personas una escritura de aceptación de herencia (de unos causantes que habían fallecido hacía más de un año) y, en el mismo día, con el protocolo siguiente del mismo Notario, se otorga consecutivamente una escritura de extinción de condominio, adjudicándose una finca concreta una de ellas. Mediante estos dos documentos, la ahora titular pretende inmatricular la finca en el Registro de la Propiedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria (requisito del doble título).Presentado a inscripción el documento, el mismo es calificado negativamente, pues el Registrador de la Propiedad considera que, aunque formalmente se haya cumplido el requisito de la doble titulación (que exige el artículo 205 de la Ley Hipotecaría), la simultaneidad de ambos títulos indica que habrían sido elaboradas “ad hoc” para obtener títulos inmatriculadores.

Interpuesto el correspondiente recurso, la Dirección General revoca la nota de calificación, considerando que en este caso (como ha transcurrido más de un año desde el fallecimiento de los causantes que da lugar a la herencia hasta el otorgamiento del título traslativo posterior, esto es, la disolución de condominio) de los documentos presentados a calificación no puede deducirse que se haya realizado en fraude de Ley, ya que el hecho de que el título previo haya sido otorgado el mismo día que el título inmatriculador no es suficiente para destruir la presunción de veracidad que se deriva del mismo conforme al artículo 17 bis de la Ley del Notariado.

Se adjunta (AQUÍ) enlace al webinots 79 del Colegio Notarial de Cataluña, en el cual, el Notario de Malgrat de Mar don Pedro Rincón de Gregorio, analiza en profundidad el fenómeno novedoso de la tokenización de activos, incluidos los inmobiliarios, poniendo énfasis en cómo puede afectar esta nueva realidad al ámbito notarial y qué implicaciones prácticas tiene para los profesionales del sector.

A modo resumido, la tokenización de inmuebles es el proceso de fraccionar la propiedad de un activo inmobiliario en tokens digitales que se registran en una blockchain, lo que permite a los inversores comprar y vender partes fraccionadas de la propiedad de manera más accesible, aumentando la liquidez del mercado y facilitando la inversión inmobiliaria al permitir la participación con capitales menores.

La conferencia aborda fundamentalmente los retos de futuro que presenta esta nueva tecnología y su encaje en nuestro ordenamiento jurídico y en la institución del Notariado. Visionado muy interesante para estar al corriente de nuevas tendencias tecnológicas que de bien seguro tarde o temprano llegarán con mucha intensidad a nuestro país.

Se adjunta (AQUÍ) Resolución de 28 de julio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (BOE de 17 de octubre de 2025), relativa a la negativa del Registrador Mercantil a inscribir las cuentas anuales del Sevilla Club de Futbol.

La particularidad del caso radica en que en el anuncio de convocatoria de la junta general que aprueba esas cuentas, se omite de forma absoluta la referencia al derecho del socio a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta en los términos que exige el art. 272.2 de la LSC (en el que se establece que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas). Así las cosas, la ausencia de esta mención en el anuncio de convocatoria vicia de nulidad la junta que aprueba las cuentas anuales de la sociedad, lo que impide su depósito en el Registro Mercantil.

Frente a la negativa del Registrador, se interpone recurso ante la Dirección General, la cual confirma la nota de calificación, recordándonos de nuevo la importancia de realizar los anuncios de convocatoria de junta general de forma escrupulosamente correcta, pues cualquier pequeño defecto, en la práctica, puede resultar insubsanable e invalidar la eficacia jurídica de todos los acuerdos adoptados, con todos los perjuicios que ello puede suponer para la sociedad y demás partes implicadas.

Se informa de que recientemente, se ha añadido a la plataforma notarial SIGNO una nueva funcionalidad, en virtud de la cual, además de una búsqueda por sujetos, se puede realizar una búsqueda por inmueble.

Así pues, mediante la referencia catastral, se puede obtener un informe detallado de las operaciones notariales donde la finca aparece, con resultados desde 2007 hasta la fecha, y sin coste alguno (en base a prueba realizada aparecen las compraventas que ha experimentado la finca, constitución de derechos reales de hipoteca, escrituras de cancelación de hipoteca, etc.) con detalle de fecha, importe de la operación, y notario autorizante del documento público en cuestión.

Recurso muy interesante que puede aportar información de interés en el marco de la formalización de operaciones inmobiliarias.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a Flash Fiscal número 15, de la Comisión Fiscal del Colegio Notarial de Cataluña, en el cual, don Juan Galdón López, Notario de Esplugues de Llobregat, comenta la Consulta Vinculante CV0935/2025 de 27 de mayo (AQUÍ se puede consultar), de la Dirección General de Tributos, relativa a la posibilidad de, en el marco de una compraventa inmobiliaria, abonar el precio de la misma con criptomonedas (en concreto, Bitcoin).

Analizada la normativa básica que regula el contrato de compraventa y el de permuta, así como la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales (que considera a las monedas digitales como bienes inmateriales que constituyen representaciones digitales de valor que no han sido emitidas ni admitidas por un Banco Central), se alcanza la conclusión que si se formaliza una operación inmobiliaria donde se intercambia la propiedad de un inmueble por criptomonedas, no estamos en realidad ante una compraventa sino ante una permuta, ya que la moneda virtual no tiene consideración de dinero de curso legal con el que se puede pagar el precio de la compraventa, con los relevantes efectos que tendrá a nivel de tributación.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a la Resolución JUS/3811/2025, de 10 de febrero, de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Cataluña, publicada en el DOGC de 24 de octubre, en la que la Dirección General resuelve un supuesto relativo a una escritura de opción de compra autorizada por el Notario de Barcelona don Jaime Calvo Francia, redactada según minuta reiterada en muchas ocasiones.

En concreto, el caso versa sobre una opción de compra que se concede sobre una finca, con un precio de compra muy reducido, y con la facultad de ejercicio unilateral por parte del optante (además, con una redacción de minuta que ya ha sido objeto de pronunciamiento en un caso análogo por la DGSJFP en su resolución de 9 de septiembre de 2024).Presentada a inscripción la escritura, la misma es calificada negativamente por el Registrador de la Propiedad, alegando en esencia que, en realidad, no estamos ante una opción de compra, sino ante una traba sobre un inmueble en función de garantía de un préstamo, que no cumple con los requisitos de protección de la parte deudora que impone la configuración legal básica de los derechos reales de garantía inmobiliaria ni se acredita el cumplimiento de los requisitos de transparencia material que exige la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de rédito inmobiliario.

Interpuesto el correspondiente recurso, la Dirección General catalana confirma íntegramente la nota de calificación.Para estar muy atentos a esta clase de operativas fraudulentas que pueden generar graves perjuicios económicos a los ciudadanos que caigan en esta clase de engaños, así como a todos los profesionales implicados en la operación, incluyendo al fedatario público que las autorice, como se ha podido ver recientemente en diversos casos que han saltado a la palestra mediática y que se hallan actualmente judicializados en vía penal (se enlaza AQUÍnoticia periodística al respecto sobre casos muy similares al aquí analizado).

Se adjunta (AQUÍ) enlace a la Resolución JUS/3812/2025, de 14 de febrero, de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Cataluña, publicada en el DOGC de 24 de octubre, en la que la Dirección General resuelve un supuesto muy curioso relativo a unos derechos de servidumbre personal y perpetua que pesan sobre las butacas del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, que constan inscritas en el Registro de la Propiedad, con los siguientes particulares:

Según resulta de la resolución, en el Registro de la Propiedad donde consta inscrito el Gran Teatro del Liceo de Barcelona (constando como propietario el Consorcio del Gran Teatre del Liceu), la finca resulta gravada por una pluralidad de derechos de servidumbre personal y perpetua a favor de los socios del Teatro, en virtud de los cuales, cada uno de sus titulares tiene derecho a utilizar unas determinadas butacas preasignadas, con posibilidad de disponer de las mismasy transmitirlas a terceros según consideren.

Mediante escritura autorizada ante Notario, 3 de los socios venden sus respectivos derechos de servidumbre personal y perpetua al Consorcio del Gran Teatre del Liceu (esto es, el propietario del solar y del edificio) y, en base a ello, dicho Consorcio solicita la cancelación del derecho real de servidumbre por confusión.

Presentada a inscripción la escritura, la misma es calificada negativamente por la Registradora, alegando que no es posible la extinción por confusión / consolidación, ya que no concurre en un único patrimonio y el conjunto de todas las facultades, derechos o obligaciones que se desprenden de las servidumbres personales en cuestión.Interpuesto el correspondiente recurso ante la Dirección General catalana, se dicta una interesante resolución de carácter doctrinal y técnico, donde se aplica la regulación del Libro V del Código Civil de Cataluña (en concreto la figura de los derechos de aprovechamiento parcial de los arts. 563-1 y ss CCCat), en la que finalmente se concluye que (aplicando por analogía el art. 566-3.3 CCCat) sí es procedente la solicitud de extinción y cancelación de los 3 derechos de aprovechamiento parcial adquiridos, porque concurren en el Consorcio la propiedad del inmueble y también la titularidad de estos derechos de aprovechamiento parcial sobre bienes inmuebles.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a la Resolución JUS/3636/2025, de 4 de febrero, de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Cataluña, publicada en el DOGC de 14 de octubre, en la que la Dirección General resuelve un supuesto relativo a una escritura de aceptación de herencia y entrega de legítima, con los siguientes particulares:

Se trata de una herencia de un señor que, en testamento válido, deshereda a sus hijos por ausencia de relación familiar manifiesta y prolongada (al amparo del art. 451-17 CCCat) y nombra heredero de todos sus bienes al Ayuntamiento de su pueblo.Fallecido el señor, el Ayuntamiento acepta la herencia, pero con la particularidad de que los hijos del causante desheredados se personan en el Ayuntamiento y manifiestan su rechazo a dicha desheredación, de forma que anuncian su intención de llevar el caso a los tribunales. Ante tal situación, el Ayuntamiento, para evitar una situación litigiosa, a pesar de la desheredación del causante, opta por pagar la legítima a los hijos con la entrega de dos fincas rústicas de la herencia del causante.

Presentada a inscripción la escritura en el Registro, la misma es calificada negativamente, alegando el Registrador que, al haber sido desheredados los hijos, la entrega de esas dos fincas por parte del Ayuntamiento constituye una donación, sin que concurran los requisitos legales para la validez de esta.Interpuesto el correspondiente recurso, la Dirección General catalana revoca la nota de calificación, alegando que, en definitiva, corresponde al heredero (en este caso, el Ayuntamiento) dar por supuesto si la causa de desheredación debe tener efecto o no, ya sea por motivos de prueba, o por los que sean, de modo que, al amparo del principio de libertad civil (art. 111-6 CCCat), nada impide a heredero y legitimarios alcanzar un pacto y dejar sin efecto la cláusula de desheredamiento.

Se adjunta (AQUÍ) enlace al Reglamento UE 2024/886, de 13 de marzo, en virtud del cual, a partir del 9 de octubre de 2025, las entidades financieras y de pago que permitan emitir transferencias, están obligadas a realizar una comprobación previa conforme el beneficiario de una transferencia (informado por el ordenante) y el titular real de la cuenta coinciden.

Así pues, a partir de ahora, cuando realicemos una transferencia, antes de que se emita, el banco nos informará de si existe alguna discrepancia entre el beneficiario de la transferencia que estamos realizando, y el titular real de la cuenta, cosa que ayudará a evitar muchas estafas y fraudes con suplantación de identidad, ayudando así a incrementar el nivel de protección del cliente bancario frente a estas conductas delictivas cada vez más habituales en la práctica.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a sesión de formación en video, ofrecida por el Notario de Madrid don Segismundo Álvarez Royo-Villanova, en el seno de la formación práctica notarial que ofrece la Fundación Notariado.

En ella, el citado Notario realiza una sesión formativa muy interesante e ilustrativa sobre el régimen jurídico aplicable a esta clase de operaciones (transformaciones por cambio de tipo social, fusiones, escisiones, cesiones globales de activo y pasivo, operaciones transfronterizas, etc.).  En concreto, la sesión centra su análisis partiendo de la nueva normativa aplicable vigente desde el año 2023, de la mano de Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio (AQUÍ se puede consultar), destacando la protección que la nueva regulación brinda a los derechos de los socios, trabajadores y acreedores y la voluntad del legislador de facilitar y simplificar esta clase de operaciones mercantiles complejas.

Para visionar con detenimiento y familiarizarse con el régimen jurídico de esta clase de operaciones mercantiles complejas.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a la Ley catalana 8/2025, de 30 de julio, del Estatuto de los municipios rurales, en virtud de la cual, a partir del 20 de agosto de 2025, la compra de primera vivienda / vivienda habitual en municipios rurales de Cataluña gozará de un ITP reducido.

En concreto, un tipo del 4% en municipios rurales y del 3% en municipios rurales de atención especial. Para saber el listado de municipios englobados en cada categoría, AQUÍ se puede acceder a la información en concreto.Los requisitos para beneficiarse de la medida son los siguientes:

• La persona contribuyente debe ser miembro de una unidad familiar con hijos de hasta 16 años escolarizados en un centro educativo en el municipio rural o bien en un centro de otro municipio al que está adscrito el centro del municipio rural. Este requisito de escolarización no será exigible para los menores de hasta 3 años.
• En la última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), la suma de las bases imponibles general y del ahorro, correspondientes a los miembros de la unidad familiar, menos los mínimos personales y familiares, no deberá exceder de 36.000 euros.
• Que el inmueble se destine a ser la vivienda habitual del adquirente.

Se adjunta (AQUÍ) enlace al nuevo portal estadístico inmobiliario que ha creado el Consejo General del Notariado español, en el cual se puede encontrar mucha información de interés sobre la evolución del mercado inmobiliario de una ciudad concreta o, incluso, de un código postal específico (lo que nos permite acotar mucho más la búsqueda y encontrar información de mayor interés para cada caso concreto).Para acceder al Portal simplemente es necesario registrarse con un Email y una contraseña, tras lo cual, ya tendremos acceso a realizar las consultas que queramos.

Adjunto AQUÍ un ejemplo de la información ampliada que se puede obtener (correspondiente en concreto al Municipio de Matadepera, situado en la provincia de Barcelona), donde podremos encontrar detalle de la evolución de los precios por metro cuadrado del último año, número de operaciones formalizadas, precio total medio, superficie total media de los inmuebles, tipología de viviendas transmitidas (obra nueva vs “segunda mano”), % de inmuebles transmitidos que son casas o pisos, edades medias de los compradores, % de tipologías de compradores (personas físicas vs personas jurídicas), así como información relativa a la nacionalidad de los compradores.

Nueva herramienta que el Notariado pone a disposición de la sociedad y que facilita mucha información de interés a los operadores del mercado inmobiliario a la hora de plantear una operación inmobiliaria en un lugar concreto.

Se adjunta (AQUÍ) Resolución de 4 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, relativa a una escritura de reducción y ampliación de capital social, la cual presentada a inscripción en el Registro Mercantil, es calificada negativamente en primera instancia. Ante ello, el Notario autorizante presenta diligencia de subsanación (donde se incorpora certificado de acuerdos sociales de la compañía aclarando y subsanando los defectos observados).

Presentada esta diligencia de subsanación, el Registrador Mercantil la vuelve a calificar negativamente, alegando que en la misma debe constar quién efectúa la entrega de la certificación subsanatoria, elevando a público dicha certificación, así como sus facultades (art. 108.3 RRM).

Frente a esta segunda calificación, se interpone el correspondiente recurso ante la Dirección General, la cual revoca la nota de calificación, confirmando que, en estos supuestos de errores materiales, como el consentimiento a la elevación a público de los acuerdos sociales ya fue prestado por parte del presidente del consejo de administración al formalizar la escritura de elevación a público de acuerdos, con la simple incorporación de la certificación por el notario a la escritura por medio de una diligencia subsanatoria (correctamente al amparo del artículo 153 del Reglamento Notarial), el procedimiento utilizado es un mecanismo perfectamente válido para obtener dicha subsanación.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a la primera actualización del Compendio de Buenas Prácticas Bancarias del Banco de España, esto es, el documento donde el supervisor recoge las principales quejas de los clientes bancarios en lo que se refiere a su relación con las entidades financieras, y el criterio del supervisor en estos casos.

El documento presenta las siguientes principales novedades:

• Cuentas bancarias: Al practicar embargos en cuentas de sus clientes, las entidades bancarias deben actuar proactivamente si el cliente manifiesta que su saldo proviene de una renta básica o ingreso mínimo vital o de un salario inferior al mínimo legal. En tales situaciones, la entidad debe atender con agilidad las peticiones de sus clientes y, si tras analizar la situación, se confirma que el saldo podría ser inembargable, contactar con el órgano embargante para informar sobre la situación, aunque la entidad no sea responsable del resultado de esta gestión
• Comunicaciones con el cliente:En las comunicaciones que deban realizarse al cliente con un plazo de preaviso establecido (por ejemplo, modificaciones contractuales de condiciones), si se usa un buzón de banca electrónica con aviso (SMS, correo electrónico, etc.), dicho plazo comienza cuando se ha realizado efectivamente el aviso. El contenido de la comunicación no puede aplicarse hasta que venza el plazo establecido desde ese aviso por el medio de comunicación habitual del cliente
• Préstamos hipotecarios:Se introducen nuevos criterios para la forma de calcular la pérdida financiera en reembolso anticipado de préstamo hipotecario (art. 23 de la Ley 5/2019). Al calcular el valor de mercado de un préstamo hipotecario, es esencial considerar todas las reglas de remuneración en el momento de la concesión para evitar pérdidas financieras ficticias. Así:
  
  • En préstamos con un tramo inicial a tipo reducido inferior a 36 meses, el tipo de contratación para calcular el diferencial se obtiene tomando el mayor valor entre los tipos fijos o, si es variable, el mayor valor entre los tipos fijos pactados para el tramo inicial y el índice variable pactado en la fecha de contratación más su diferencial.
  • En préstamos mixtos con un tramo fijo inicial de al menos 36 meses, si este tramo es inferior a 60 meses, se usa el mayor valor entre los tipos fijos y el variable en la fecha de contratación; si es igual o superior a 60 meses, solo se consideran los tipos fijos pactados para el tramo inicial.
  • En préstamos con diferencial bonificable, las bonificaciones no deben generar pérdidas y deben aplicarse consistentemente, calculando el diferencial en la fecha de formalización e incluyendo una nota en la FEIN sobre posibles variaciones futuras.
• Testamentarías:No se considera buena práctica aumentar las comisiones de mantenimiento de una cuenta en aquellas situaciones en las que los herederos —o los titulares supérstites y los herederos del titular fallecido en el caso de ser una cuenta de titularidad plural— no la pueden cancelar por causas ajenas a ellos, como en casos judicializados. La prohibición de modificar al alza las comisiones también se aplica si existen productos vinculados que requieren mantener la cuenta abierta. En resumen, aumentar las comisiones en estas circunstancias se considera contrario a las buenas prácticas bancarias

Se adjunta (AQUÍ) Resolución de 9 de julio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, relativa a una escritura de renuncia al cargo de administradorsolidario de una SL.

En el supuesto, el administradorsolidario de la sociedad (el único con cargo vigente), de forma unilateral, renuncia a su cargo en escritura pública, y opta por notificar esta renuncia a la sociedad mediante correo certificado al domicilio social de la compañía (siendo la carta devuelta al no ser recogida por persona alguna).

Presentado a inscripción el documento, la Registradora Mercantil deniega la inscripción por dos motivos:

• Si la notificación por correo certificado resulta infructuosa, se ha de intentar la notificación presencial y personal por parte del Notario (vía del art. 202 del Reglamento Notarial).
• Además, el administrador saliente ha de acreditar que ha convocado Junta General, de forma válida, con el objeto de que se pueda elegir a un nuevo administrador.

La Dirección General confirma la nota de calificación, de modo que, en estos casos de renuncia unilateral del administrador, deberá tenerse en cuenta estos particulares para que la decisión pueda desplegar sus efectos e inscribirse en el Registro Mercantil.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a Flash Fiscal número 14, de la Comisión Fiscal del Colegio Notarial de Cataluña, en el cual, doña Concha Carballo, abogada y economista, analiza la sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2025 (AQUÍ se puede consultar), relativa a la aplicación de la reducción del 99% en el Impuesto sobre Sucesiones (art. 20 2c) a participaciones sociales de una sociedad mercantil cuya actividad principal es la de arrendamiento de inmuebles.

En el supuesto se debate si basta con cumplir los requisitos formales del artículo 27 de la Ley del IRPF para disfrutar de este beneficio fiscal o, por el contrario, es preciso que la contratación de la persona empleada con contrato laboral y a jornada completa se justifique desde un punto de vista económico (es decir, que tenga una carga de trabajo suficiente para justificar su contrato de trabajo).

El Tribunal Supremo confirma en su sentencia que, en efecto, es suficiente con cumplir los requisitos formales del citado precepto (sin que se exija una valoración sobre la racionalidad de la contratación del empleado o su justificación económica), recordando que, en caso de sospecha de fraude, debe acudirse a la vía de la simulación.

Se adjunta (AQUÍ) Resolución de 1 de julio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, relativa a un recurso interpuesto contra la negativa del registrador de bienes muebles I de Madrid a inscribir una escritura de prenda de participaciones sociales.

En este supuesto estamos ante un caso en el que mediante escritura en febrero de 2025, se formaliza la compraventa de determinadas participaciones sociales de una SL, y, en garantía del pago de parte del precio que se aplaza, la compradora constituye prenda sobre otras participaciones sociales de esa misma SL de las que ya era titular antes de la compraventa.

Se presenta a inscripción esta prenda en el Registro de Bienes Muebles, la misma es calificada con defecto insubsanable, pues a juicio del Registrador, no es inscribible en el Registro de Bienes Muebles una prenda sin desplazamiento constituida sobre participaciones de sociedad limitada.Interpuesto el correspondiente Recurso, la Dirección General confirma la nota de calificación, confirmando así de nuevo el criterio ya conocido de que en efecto, las participaciones sociales tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que opera al margen del Registro Mercantil.

No obstante, para hacer seguimiento de la cuestión, pues el Gobierno ha presentado recientemente iniciativas legislativas que, a medio plazo, pueden suponer un cambio de paradigma en este ámbito (esto es, la obligatoriedad de inscribir en el Registro Mercantil la titularidad de acciones y participaciones sociales).

Se adjunta (AQUÍ) interesante Sentencia del Tribunal Supremo (STS 1053/2025, de 1 de julio), en la que se resuelve el supuesto habitual que ocurre en muchas herencias, donde una vivienda, que es heredada por diversas personas, en la práctica es ocupada por uno de los coherederos de forma exclusiva y excluyente, impidiendo el disfrute del inmueble al resto.

En estos casos, resuelve el alto Tribunal que la condición de coheredero no concede un derecho a un uso exclusivo y excluyente del inmueble que impida el disfrute al resto de copropietarios (con independencia de que se tenga un % de la propiedad mayor que el resto de coherederos), de modo que, en estos casos conflictivos, el resto de coherederos, si ven impedido su derecho al uso y disfrute de la vivienda, podrán instar una acción de desahucio por precario contra el coheredero que ocupa el inmueble, a los efectos de poder recuperar el uso y disfrute del inmueble.

Se adjunta (AQUÍ) interesante cuestión planteada a la Comisión de Consumidores del Consejo General del Notariado, que consiste en la posibilidad de que el deudor hipotecario delegue la firma del acta LCI en un tercero relacionado con la operación que se firmará (esto es, un empleado de la gestoría que prepara la hipoteca, del banco que la concede, de un profesional de la inmobiliaria que ha intermediado en la operación, etc.).

La respuesta a es^ta pregunta es rotundamente negativa según la mencionada Comisión, pues tal como se indica en este documento, el objetivo de la LCI es que el deudor, antes de firmar su hipoteca, tenga a su disposición la información necesaria para poder comprender adecuadamente la operación que quiere firmar, y así, más tarde, poder formalizar su préstamo hipotecario completamente informado de todos sus aspectos jurídicos y económicos.

Así pues, es necesario que toda la información precontractual que ha de brindar el Notario al futuro deudor se realice de una forma presencial y directa, pues sólo así se garantiza que la misma sea personalizada y adecuada para los fines perseguidos.Asimismo, la nota responde otra cuestión interesante, negando la posibilidad de que el test que debe responder el deudor se pueda contestar por correo electrónico.

Se adjunta (AQUÍ) un muy interesante manual para gestionar la rectificación de las discrepancias entre el catastro y el título de propiedad de un inmueble.

En concreto, el manual detalla todos los pasos a seguir para solventar aquellos supuestos en los que no coincide la realidad física con el Catastro, para lo cual, será procedente iniciar el procedimiento notarial de subsanación de discrepancias (regulado en el art. 18 de la Ley del Catastro Inmobiliario).

Asimismo, también consta de una guía práctica para saber cómo proceder en caso de una alteración física de la finca (como segregaciones, divisiones, agregaciones, agrupaciones o reparcelaciones), a los efectos de comunicar al Catastro Inmobiliario estas operaciones, y adaptar así la nueva realidad jurídica de la finca en dicho Registro público.

El manual contiene información de mucha utilidad, como formularios de instrumentos públicos así como capturas de pantalla de todos los pasos a seguir en la web del Catastro.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia número 983/2025, de 3 de abril, en la cual se plantea un supuesto relativo a un entramado societario creado con el objetivo de defraudar a acreedores.

La sentencia objeto de análisis, hace un interesante repaso a la figura del levantamiento del velo societario, la cual permite a los tribunales omitir la responsabilidad patrimonial societaria, y atribuir las deudas de la sociedad también a los administradores o socios cuando éstos pretenden cometer fraudes o abusos frente a terceros y “esconderse” detrás de una sociedad para que las consecuencias de dichos fraudes o abusos no alcancen su patrimonio personal.

Importante recordatorio para todos los empresarios y emprendedores que creen una nueva sociedad para que hagan siempre las cosas bien, y no piensen que, por el hecho de existir una sociedad interpuesta, las consecuencias de hacer las cosas mal (fraudes, actuaciones malintencionadas, etc.) no les puede llegar a acarrear graves consecuencias económicas sobre su propio patrimonio personal.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a la Consulta Vinculante número V0174-25, de 14 de febrero de 2025, de la Dirección General de Tributos, donde la misma resuelve una consulta relativa a cómo deben tributar las operaciones donde se eleva a público un contrato antiguo sujeto a ITP.

El caso en concreto versa sobre la elevación a público de un contrato privado de compraventa de derechos hereditarios formalizado en el año 2003 entre dos hermanos (uno le vende al otro el 25% de sus derechos sobre una herencia formada por un inmueble), donde el hermano vendedor fallece en 2006. Ahora, en 2025, se plantea la posibilidad de elevar a público ese contrato privado de compraventa, y la duda versa sobre la tributación de la operación tanto por lo que se refiere al ITP como al AJD.

• Por lo que se refiere al ITP, el cómputo del plazo de prescripción respecto de hechos imponibles documentados en documento privado depende de la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 1227 del Código Civil (entre otras, la fecha de fallecimiento de alguno de los firmantes), de modo que en este caso estaría prescrito (pues uno de los firmantes fallece en 2006).
• Por lo que se refiere a la cuota gradual de AJD, tampoco procederá tributar por este impuesto, puesto que no se cumple uno de los requisitos exigidos por el art. 31.2 LITPAJD, esto es, que el acto no esté sujeto al ISD o al ITP (ya que está sujeto pero prescrito como hemos visto), de modo que, como conclusión, la elevación a público de contrato privado sujeto a ITP, cuando está prescrito, tampoco da lugar a la tributación por cuota gradual de AJD.

Se adjunta (AQUÍ) nota informativa de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Cataluña, en relación a determinadas deficiencias en información y remisión de documentos en el Índice Único, que afectan a la labor de la Agencia Tributaria de Cataluña. Así pues en concreto se recuerda:

• Remisión de copias simples: Es obligatorio por parte de los Notarios remitir a la ATC copia simple de las escrituras que recojan hechos imponibles de ITP y AJD en un plazo máximo de 10 días desde la formalización del documento a través de la herramienta telemática existente a tal efecto.
• Operaciones sujetas a IVA con inversión del sujeto pasivo: Se han detectado numerosos errores de grabación en estas operaciones, recordando que es necesario señalar que se trata de operaciones “sujetas a IVA”.
• Número de protocolo: Es muy importante informar correctamente del número de protocolo, pues se ha detectado un alto porcentaje de errores en este campo.

Se hace referencia a la Nota emitida por el Consejo General del Notariado, en relación a la Orden HAC/305/2025, de 27 de marzo (AQUÍ se puede consultar, y a la cual ya hicimos una referencia en una newsletter anterior), en la cual se establece el sistema de recaudación del importe del timbre de los folios de matriz y de copia autorizada en soporte electrónico.

Dicha Orden, aunque ya está en vigor, se halla pendiente de que se implementen los aspectos técnicos informáticos de la misma para su efectiva puesta en marcha.

En cuanto ello suceda, su despliegue supondrá un incremento del coste de los documentos públicos, pues en notaría se deberá proceder a la recaudación como suplido del importe del “timbre electrónico”.

Tan pronto el sistema informático que ha de elaborar la FNMT esté concluido se procederá a su comunicación para que los ciudadanos tengan conocimiento de ello.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a Circular Fiscal 4/2025 del Colegio Notarial de Cataluña, donde se analizan las principales modificaciones fiscales en Cataluña que entran en vigor a partir del 27 de junio de 2025, de la mano del Decreto Ley 5/2025. En concreto:

• Nuevo escalado del ITP del 10% al 13% (para importes superiores a 1,5M euros).
• Tipos agravados del 20% para grandes tenedores y transmisiones de edificios enteros.
• Novedades en materia de tipos reducidos para la compra de vivienda habitual de jóvenes menores de 35 años, familias numerosas, personas con discapacidad, familias monoparentales y víctimas de violencia de género.
• Nuevas bonificaciones en materia de TPO para cooperativas de viviendas sin ánimo de lucro, o en la transmisión de edificios de oficinas para su transformación en VPO.
• Se eleva al 3,5% el tipo de gravamen del AJD para documentos notariales en los que se haya renunciado a la exención de IVA.
• Bonificación del 100% AJD para jóvenes de hasta 35 años en la adquisición de vivienda habitual (si cumplen una serie de requisitos).
• Derogación de la bonificación para la transmisión de inmuebles en el caso de empresas inmobiliarias.
• En el ISD, se amplía de 3 a 6 meses el plazo para la adquisición de la vivienda en el caso de donaciones de dinero de familiares para la adquisición de la misma.

Se adjunta (AQUÍ) enlace al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, aprobado recientemente por el Gobierno, en el cual, entre otras medidas, se proyecta la posibilidad de que, en un futuro próximo, sea obligatorio:

• Inscribir en el Registro Mercantil todas las transmisiones de participaciones sociales.
• Depositar electrónicamente de manera anual el libro de socios en el Registro Mercantil.
• Asimismo, vincular la eficacia frente a terceros de la transmisibilidad de las participaciones a su inscripción registral.

Actualmente, la legislación mercantil española no obliga a la inscripción en el Registro Mercantil de la titularidad de las participaciones de las sociedades de responsabilidad limitada, con lo cual, la futura reforma que se proyecta puede tener una gran incidencia en el tráfico mercantil de nuestro país. Para seguir de cerca la evolución legislativa de la medida que se propone.

Se adjunta (AQUÍ) curiosa Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 12 de junio de 2025 (BOE de 3 de julio de 2025), en la Dirección General resuelve un recurso contra la negativa de la registradora mercantil central II a reservar determinadas denominaciones sociales.

De todas las denominaciones solicitadas, las que aquí generan interés son la denegación de las denominaciones “EVM, SL” y “EVM Hub, SL”, la cual fue basada en la existencia de identidad o cuasi coincidencia con otras ya inscritas o reservadas (como “EVM Group, SL” o “VMP Hub, SL”).

Interpuesto el correspondiente recurso, la Dirección General emite una resolución interesante, donde se repasan los requisitos que deben reunir las denominaciones sociales que se pretenden reservar para la constitución de una nueva sociedad (o cambio de denominación claro está), centrando su mirada en el concepto de identidad (art. 408 del Reglamento del Registro Mercantil y la Orden de 30 de diciembre de 1991, sobre el Registro Mercantil Central) y, en especial, en los términos o expresiones genéricoscarentes de virtualidad diferenciadora que, añadidos a una denominación ya existente, no permiten su diferenciación (y por lo tanto no deben ser admitidas).

A estos efectos, se adjunta AQUÍ una guía de ayuda del Registro Mercantil Central donde se incluye un listado de estos términos genéricos.

En el caso concreto, la palabra “Grupo” o “Group” si que se encuentra dentro del listado de términos genéricos (de modo que no puede ser admitida la denominación solicitada).

A diferencia de ello, considera la Dirección General que a distinta conclusión debe llegarse respecto de la denominación «EVM Hub, SL», pues se añade un término (“Hub”) que no está incluido en la citada relación y ha de considerarse suficientemente diferenciador para no incurrir en la prohibición de identidad de denominaciones.

Interesante resolución que nos recuerda y facilita recursos interesantes para elegir bien el nombre de nuestra futura sociedad y no tener problemas con ello.

Se adjunta (AQUÍ) Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 19 de junio de 2025 (BOE de 9 de julio de 2025), en la Dirección General resuelve un supuesto relativo a una solicitud para la asignación de número de registro de alquiler de corta duración a una finca registral.

Como es sabido, desde la entrada en vigor (1 de julio de 2025) del Real Decreto 1312/2024 (AQUÍ se puede consultar) todos los arrendadores de inmuebles de corta duración están obligados aobtener previamente un número de registro en el Registro de la Propiedad a los efectos de poder ofrecer sus servicios a través de las plataformas en línea.

En este caso concreto, el interesado solicita la asignación de este número de Registro, lo cual es denegado por la Registradora, pues los estatutos de la comunidad de propietarios establecen que “los sesenta y seis apartamentos existentes en el edificio será destinados exclusivamente a vivienda, sin que pueda por tanto instalarse en ninguno de ellos, ni en parte del mismo industrias, comercios ni, en suma, ejercer ninguna actividad o profesión su titular o cualquier persona que pudiera ocuparlo”.

Interpuesto el correspondiente recurso, la Dirección General confirma la nota de calificación, estableciendo que, en estos casos, es necesario diferenciar entre la autorización administrativa para ejercer una actividad de uso turístico de corta duración, y el plano civil, pues aunque se cuente con esta autorización, si la comunidad de propietarios prohíbe este uso, no será posible la asignación del número de registro que exige la nueva norma para poder publicitar el inmueble en las plataformas online de alquiler turístico.

Esta resolución nos sirve para recordar la entrada en vigor de esta nueva norma y, asimismo, para ver la importancia de examinar con detalle los aspectos civiles que pueden influir en el desarrollo de una actividad económica en un inmueble.

Se adjunta (AQUÍ) Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 27 de mayo de 2025 (BOE de 25 de junio de 2025), en la Dirección General resuelve un supuesto relativo a una escritura de cancelación de condición resolutoriacon los siguientes condicionantes:

• Se formaliza escritura de compraventa, donde parte del precio, queda aplazado a futuro, con un calendario de varios pagos, siendo el último con fecha límite 31/12/2024.
• En garantía del precio aplazado se constituye condición resolutoria, la cual se podrá cancelar, según lo pactado, de forma unilateral por la parte compradora, cuando se acredite el pago de las cantidades debidas.
• La parte compradora realiza los pagos (pero el último lo realiza fuera de plazo mediante transferencia fechada el 03/01/2025) y en base a ello, otorga la escritura de cancelación de condición resolutoria que se presenta a inscripción.

Presentada esta escritura en el Registro de la Propiedad, el Registrador la califica negativamente, considerando que al haberse realizado el pago aplazado más allá de la fecha límite convenida entre las partes, no se cumple la condición pactada para que el comprador pueda cancelar unilateralmente la condición resolutoria, de modo que será necesario el consentimiento expreso de la parte vendedora para poder inscribir la cancelación pretendida.

Interpuesto el correspondiente recurso, la Dirección General confirma la nota de calificación, considerando que, como lo único que se pactó expresamente como supuesto de cancelación unilateral fue el pago del precio aplazado como fecha límite el 31/12/2024, y el pago se ha producido más tarde, no procede acudir a esa vía unilateral, sino que la única forma de que se pueda cancelar esa condición resolutoria es acudir a las reglas generales, esto es, consentimiento expresado del titular de la condición resolutoria o resolución judicial firme, o bien el transcurso de los casos que de caducidad legal que para los supuestos de condiciones resolutorias que no son en garantía de precio aplazado.

Se adjunta (AQUÍ) enlace al Webinot 78 del Colegio Notarial de Cataluña, donde el Notario de Reus don Emilio Mezquita García-Granero analiza a fondo el controvertido concepto de gran tenedor y los retos que plantea su definición en la práctica notarial y en la tributación de las operaciones que se formalizan en los despachos notariales.

Asimismo, se adjunta (AQUÍ) la Resolución 3/2025, de la Dirección General de Tributos y Juego de la Generalitat de Cataluña, donde se ofrecen pautas interpretativas en relación al ITP y la aplicación en Cataluña del tipo de gravamen del 20% en transmisiones patrimoniales onerosas de viviendas cuando el adquirente sea una persona física o jurídica que tenga la consideración de gran tenedor, o se transmita un edificio completo de viviendas. En la Resolución, por ejemplo, como aspectos interesantes, se pueden reseñar los siguientes:

• No se tendrán en consideración a efectos del cómputo de viviendas de gran tenedor cuando se ostente simplemente un derecho de usufructo o habitación (si de la plena propiedad o de la nuda propiedad).
• Si el contribuyente es propietario de uno o más inmuebles en un % inferior al 100%, se tendrá la consideración de gran tenedor si la suma de las superficies de todos los inmuebles donde es propietario de algún % es superior a los 1.500 metros cuadrados.
• En el caso de persona física, se excluye del cómputo su vivienda habitual.
• En el caso de venta completa de un edificio, tendrá la consideración de edificio la construcción que tenga 2 o más viviendas independientes, esté hecha o no la división horizontal (quedando pues excluidas las transmisiones de viviendas unifamiliares). Asimismo, el gravamen del 20% solo se aplicará a la superficie del inmueble que tenga uso residencial, así como a los elementos comunes, pero no a la parte proporcional que esté calificada para otros usos (locales, almacenes, aparcamientos, etc.).

Asimismo, sobre esta materia, se adjunta (AQUÍ) circular fiscal número 5/2025 del Colegio Notarial de Cataluña, que aporta más criterios interpretativos sobre esta materia.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a la página web del Institut Català de Finances donde se pone en marcha el llamado “Préstamo de emancipación”, en virtud del cual, si tienes entre 18 y 35 años y quieres comprar tu primera vivienda, el “préstamo ICF Habitatge Emancipació” te permite financiar la entrada hasta el 20 % del importe de compraventa, con un límite de 50.000 €.

Para poder tener acceso a estos préstamos, se deberán cumplir una serie de requisitos como:

• Tener entre 18 y 35 años.
• Compra de la primera vivienda del solicitante para destinarla a vivienda habitual.
• No superar unos determinados umbrales de renta bruta (por ejemplo, una persona sola, 80.963,31 euros / año).
• No tener impagos ni deudas significativas con bancos.
• Que la vivienda que se quiere comprar esté en Cataluña, tenga cédula de habitabilidad vigente y no esté calificada previamente como VPO.

La particularidad del préstamo es que el deudor no tendrá que devolverlo hasta que la hipoteca con el banco ya esté pagada. Después de este período, se dispondrá de un plazo de 5 años para devolver la totalidad del préstamo en cuotas mensuales, con un interés del 0 %.

No obstante, como aspecto negativo, indicar que, con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda asequible en Cataluña, la vivienda que se adquiera por esta vía pasará a ser una vivienda con protección oficial (VPO) de precio limitado de forma permanente.

Se adjunta (AQUÍ) Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 25 de abril de 2025 (BOE de 23 de mayo de 2025), en la Dirección General resuelve un supuesto relativo a una escritura pública que se presenta en formato de copia autorizada electrónica con CSV a través de la Sede Electrónica del Colegio de Registradores de la Propiedad.

Presentada esta escritura, el Registrador deniega el asiento de presentación, pues considera que a través de esta vía no puede comprobarse y garantizarse la autorización por el Notario del documento aportado.

Presentado el correspondiente recurso, como no puede ser de otro modo, la calificación es revocada, resolviendo la Dirección General que, en efecto, las copias autorizadas electrónicas que expedimos los notarios, con su correspondiente CSV, son plenamente válidas para causar un asiento de presentación (y su posterior inscripción en su caso) en el Registro de la Propiedad, pues los Registradores, a través de un portal informático restringido del que disponen, con ese CSV que consta en la copia autorizada electrónica pueden descargar el documento con la firma electrónica del Notario y verificar así su autenticidad y plena validez, para surtir los efectos registrales que correspondan.

Se adjunta (AQUÍ) Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 9 de abril de 2025 (BOE de 21 de mayo de 2025), en la Dirección General resuelve un supuesto relativo a una escritura de disolución y liquidación conyugal de dos personas extranjeras (de nacionalidad suiza), en virtud de la cual, se realiza un reparto de bienes entre dos personas que se divorcian. En dicha escritura, no consta el NIF del exmarido que cede sus derechos de propiedad a la exmujer sobre la finca en cuestión.

Presentada a inscripción en el Registro de la Propiedad, la misma es calificada negativamente, entre otras cuestiones, por no constar en NIF del exmarido que cede sus derechos de propiedad sobre el inmueble en cuestión a su exmujer.

Interpuesto el correspondiente recurso, la nota de calificación es confirmada por la Dirección General, resolviendo que, de conformidad con el art. 23 LN y 156.5 RN, es obligatorio que en la escritura conste el NIF de los otorgantes cuando “se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles”, o bien de un acto o contrato distinto, pero con transcendencia tributaria,  En estos casos la obligación de acreditación y constancia de los respectivos números de identificación fiscal se extienden a los comparecientes y a las personas o entidades en cuya representación actúen, con independencia de que su posición contractual sea la de transmitentes o constituyentes del respectivo derecho real o como adquirentes del mismo.

Se adjunta (AQUÍ) Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 26 de marzo de 2025 (BOE de 19 de mayo de 2025), en la Dirección General resuelve un supuesto relativo a una escritura de préstamo hipotecario, con los siguientes elementos clave:

• Una sociedad solicita un préstamo a una entidad financiera.
• La entidad financiera, para conceder ese préstamo, le requiere un aval, que se lo presta una sociedad de garantía recíproca.
• Esta sociedad de garantía recíproca, para asegurar la devolución del aval, exige la constitución de un derecho real de hipoteca sobre una finca propiedad de la sociedad.
• En esa hipoteca, se pacta que la concreción de la obligación futura garantizada (que dependerá de la cuantía que en su caso deba finalmente aportar el avalista si el aval llega a desplegar sus efectos), se concretará mediante el otorgamiento unilateral por parte de la sociedad de garantías recíproca de acta en la que se recoja el saldo que arroje la cuenta y testimonio de la certificación de dicho saldo intervenida por Notario.

Presentada a inscripción la escritura, la misma es calificada negativamente, pues el Registrador considera que no se determina la obligación garantizada, lo que daría lugar a una inscripción nula al amparo del art. 30 LH.

Presentado el correspondiente recurso, la Dirección General revoca la nota de calificación, considerando el centro directivo que en este caso no se infringe el principio de especialidad, pues en la escritura de préstamo hipotecario se concretan de forma expresa y concisa los conceptos de los que se derivan las cantidades que en el futuro pueda adeudar la hipotecante como consecuencia del incumplimiento de la póliza de aval garantizada con la hipoteca.

Se adjunta (AQUÍ) curiosa Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 23 de mayo de 2025 (BOE de 23 de junio de 2025), en la Dirección General resuelve un supuesto relativo a una escritura de constitución de una sociedad limitada, con los siguientes elementos clave:

• Una sociedad (llamémosla “X”) decide constituir una nueva sociedad filial unipersonal, y para ello, adopta un acuerdo en el seno de su consejo de administración.
• Adoptado el acuerdo por el consejo de administración de la sociedad matriz, se expide certificado del acuerdo del consejo (por las personas facultadas para ello) para que se pueda constituir esa nueva sociedad filial. En el certificado del acuerdo del consejo, no constan el nombre de los consejeros asistentes a la reunión que adoptó el acuerdo.
• Finalmente, un consejero de la sociedad “X”, en ejecución de dicho acuerdo, y al amparo de esta certificación, acude a un Notario y formaliza la escritura de constitución de la sociedad filial.

Presentada a inscripción esta escritura de constitución, el Registrador deniega la inscripción, alegando que es necesario que en el certificado del acuerdo conste el nombre de los consejeros que adoptaron el acuerdo.

Interpuesto el correspondiente recurso, la calificación es revocada por la Dirección General, recordándonos la misma que la exigencia de que conste el nombre de los miembros del consejo de administración que han concurrido en la sesión en la que se ha adoptado el acuerdo es un requisito exigible para la inscripción de los acuerdos del consejo en cuanto hacen referencia a su propia sociedad, no así en la ejecución de un acuerdo que se refiere a una nueva sociedad filial, como es el caso, de modo que no es exigible este detalle en el certificado del acuerdo del consejo.

Se adjunta (AQUÍ) Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 23 de mayo de 2025 (BOE de 23 de junio de 2025), en la Dirección General resuelve un supuesto relativo a una escritura de dación en pago de deuda, en virtud de la cual, una sociedad da a dos de sus socios una finca, en pago parcial de una deuda de más de 900.000 euros.

En la referida escritura de reconocimiento de deuda, los otorgantes exponían que, en el pasado, con motivo de la falta de liquidez de la sociedad, los socios le prestaron esos más de 900.000 euros a la sociedad, estando estas aportaciones reflejadas en la contabilidad de la sociedad, pudiendo ser acreditadas donde fuere necesario según consta en un documento de cuenta mayor que exhibieron al notario autorizante y se incorporó a dicha escritura.

Presentada a inscripción la escritura, la Registradora deniega la inscripción, alegando que no constan identificados los medios de pago en cuanto a las cantidades aportadas por los socios a la sociedad que son objeto de compensación.

Interpuesto el correspondiente recurso, la Dirección General revoca la nota de calificación, considerando que las deudas que mediante la dación quedan extinguidas están perfectamente causalizadas e identificadas en el libro mayor, con el valor probatorio la ley atribuye a tal contabilidad, de modo que queda excluida la hipótesis de reconocimientos de deuda ficticios que quedaran al margen de laposibilidad de detección, comprobación y regularización de incumplimientos tributarios ode la normativa de blanqueo de capitales.

Se adjunta (AQUÍ) Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 23 de mayo de 2025 (BOE de 23 de junio de 2025), en la Dirección General resuelve un supuesto relativo a una escritura de préstamo con garantíahipotecaria, que tiene la particularidad de que en la misma se constituye hipoteca sobre dos fincas, y se manifiesta que la distribución de la responsabilidad hipotecaria se realiza en hoja anexa a la escritura (la cual se aporta sin firmar).

Presentada esta escritura en el Registro de la Propiedad, el Registrador la califica negativamente, considerando que existen dudas acerca de la autenticidad del cuadro de distribución, pues consta en un documento adjunto que carece de firma legitimada alguna por persona con facultades suficientes.

Interpuesto el correspondiente recurso, la Dirección General revoca la nota de calificación, considerando que en estos casos, y de conformidad con el art. 154 del Reglamento Notarial, “no será necesaria la firma de otorgantes y testigos en las particiones y demás documentos que se protocolicen, aun cuando se hallen extendidos en papel común, debidamente reintegrado, si el instrumento público mediante el cual se protocolicen, lo está en papel timbrado”. Así pues, resulta inequívocamente que los documentos incorporados a la propia escritura pasan a formar parte integrante de ella a todos los efectos, de modo que no cabe albergar dudas sobre la autenticidad del cuadro de distribución hipotecaria, aunque no esté firmado por las partes.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala I, número 2129/2025, de 9 de mayo, en la que el alto tribunal resuelve un litigio relativo a quien debe asumir los gastos de la comunidad en VPOs alquiladas (esto es, el inquilino o la administración propietaria de esas VPOs).

Para resolver el litigio, el Tribunal Supremo recuerda que la disposición adicional primera de la LAU (apartado 8) establece que los arrendamientos de protección oficial de promoción pública se regirán por las normas particulares de éstas, que son las autonómicas sobre esta clase de viviendas arrendadas. Así las cosas, en el caso concreto, la norma autonómica (la de Madrid) permite que la arrendadora pueda percibir, “además de la renta inicial o revisada que corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el inquilino y se satisfagan por el arrendador”, siempre y cuando así conste en el contrato como era el caso, de modo que, en efecto, en este caso, corresponde al inquilino de VPO pagar los gastos de la comunidad de su vivienda.

Se adjunta (AQUÍ) Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 7 de mayo de 2025 (BOE de 7 de junio de 2025), en la Dirección General resuelve un supuesto relativo a una escritura de disolución y liquidación de una sociedad, con los siguientes hechos clave:

• La convocatoria de la junta general se realiza mediante la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que estaba situado el domicilio social.
• No obstante, según el artículo 11 de los estatutos sociales de dicha entidad, “el órgano de administración convocará a los socios a la celebración de cualesquiera Junta General, mediante correspondencia telegráfica o escrito duplicado entregado personalmente a cuya recepción se obtenga la firma del socio acusando recibo”.

Presentada esta escritura a inscripción, el Registrador deniega la misma, por considerar que la junta que adopta el acuerdo no ha sido convocada con los requisitos que establecen los estatutos sociales.

Interpuesto el correspondiente recurso, la calificación es confirmada por la Dirección General, considerando que cuando los estatutos concretan como forma de convocatoria de la junta general el envío de carta certificada con aviso de recibo (o similar), quedan determinadas las características concretas de la comunicación de la convocatoria, sin que sea competencia del órgano de administración su modificación, siendo ello así porque los socios tienen derecho a saber en qué forma específica han de ser convocados, de modo que esa es la única forma en que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a video de Flash Fiscal del Colegio Notarial de Cataluña, donde la notaria de Barcelona doña Elena Cantos comenta una consulta informativa de la Agencia Tributaria de Cataluña (en concreto la 94/24), la cual versa sobre la consulta que realiza una persona física sobre cómo debe tributar una donación de inmueble de una persona física a una sociedad.

La ATC considera que en la aportación del inmueble realizada por el socio a la sociedad a título gratuito hay que tener en cuenta el art. 3.2 de la Ley 19/1987 (Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones) que prevé que los incrementos patrimoniales obtenidos a titulo lucrativo por personas jurídicas no restan sujetos al ISD, sino que tributan por el Impuesto de Sociedades (Ley 27/2014), de modo que la escritura que documenta la donación a la sociedad del inmueble debe tributar por la modalidad actos jurídicos (pues el IS es compatible con el IAJD y se cumplen el resto de requisitos exigibles).

Se adjunta (AQUÍ) Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 8 de mayo de 2025 (BOE de 9 de junio de 2025), en la Dirección General resuelve un supuesto relativo a una escritura de elevación a público de un contrato de compraventa. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

• La vivienda pertenecía inicialmente a un matrimonio, 50% proindiviso.
• Este matrimonio contaba con un único hijo.
• Pasados los años, fallece el marido (sin testamento).
• A la vista de este fallecimiento, el hijo único es declarado heredero único abintestato mediante la correspondiente acta notarial.
• Acto seguido, se formaliza entre la cónyuge superviviente (la madre) y el hijo (ahora heredero único abintestato) un acuerdo privado de disolución de gananciales y reparto y adjudicación de herencia (esto es, sin escritura pública y sin inscribir la herencia en el Registro de la Propiedad), donde el hijo se adjudica la mitad indivisa de su difunto padre.
• En virtud de su condición de heredero y de este acuerdo privado, el hijo procede a la venta de su mitad indivisa (que también consiente la madre).

Presentada a inscripción la escritura, el Registrador deniega la inscripción, amparándose en el principio de tracto sucesivo, pues en el Registro, esa mitad indivisa consta inscrita a nombre del padre, de modo que, para que el hijo (ahora heredero), pueda vender esa mitad, es necesario que se inscriba previamente la herencia, esto es, que la liquidación de gananciales y adjudicación de herencia a favor del hijo se formalice en documento público y se inscriba en el Registro.

Presentado el correspondiente recurso, la Dirección General revoca la nota de calificación, amparándose para ello en su doctrina del tracto sucesivo abreviado, en virtud de la cual, es posible inscribir la venta de bienes singulares de la herencia hecha por todos los herederos, sin previa partición y adjudicación de la herencia y de sus bienes, siempre y cuando se acredite su llamamiento a la herencia con el correspondiente título sucesorio y sus documentos complementarios, así como el previo cumplimiento de las obligaciones relativas al Impuesto sobre Sucesiones.

Se adjunta (AQUÍ) Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 25 de abril de 2025 (BOE de 23 de mayo de 2025), en la Dirección General resuelve un supuesto relativo a una escritura pública que se presenta en formato de copia autorizada electrónica con CSV a través de la Sede Electrónica del Colegio de Registradores de la Propiedad.

Presentada esta escritura, el Registrador deniega el asiento de presentación, pues considera que a través de esta vía no puede comprobarse y garantizarse la autorización por el Notario del documento aportado.

Presentado el correspondiente recurso, como no puede ser de otro modo, la calificación es revocada, resolviendo la Dirección General que, en efecto, las copias autorizadas electrónicas que expedimos los notarios, con su correspondiente CSV, son plenamente válidas para causar un asiento de presentación (y su posterior inscripción en su caso) en el Registro de la Propiedad, pues los Registradores, a través de un portal informático restringido del que disponen, con ese CSV que consta en la copia autorizada electrónica pueden descargar el documento con la firma electrónica del Notario y verificar así su autenticidad y plena validez, para surtir los efectos registrales que correspondan.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a noticia periodística que hace referencia a una muy reciente y relevante sentencia en el ámbito tributario, pues el Tribunal Supremo, en su sentencia de 20 de mayo de 2025 (se facilitará el enlace a la misma en cuanto esté publicada en CENDOJ), ha resuelto que cuando una sociedad tiene deudas tributarias, la responsabilidad subsidiaria de los administradores por dichas deudas no opera de forma automática, sino que, al tener naturaleza sancionadora, en estos casos la Administración Tributaria, para poder realizar la derivación de responsabilidad que prevé la Ley General Tributaria, es necesario que observe un procedimiento sancionador con todas las garantías constitucionales (como la presunción de inocencia por ejemplo), siendo pues obligatorio acreditar la culpa del administrador en la generación e impago de dicha deuda.

Así pues, a partir de ahora, cuando una sociedad tenga deudas, no podrá exigir su pago automáticamente a sus administradores, sino que deberá acreditar su culpa y responsabilidad para poderles exigir su pago subsidiariamente.

Se adjunta (AQUÍ) enlace la interesante Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 4 de marzo de 2025 (SAP 776/2025), en la que se resuelve un supuesto relativo a un cierre desordenado y abrupto de las operaciones en una sociedad mercantil (el clásico “persianazo” donde la empresa deja de operar “de hoy para mañana”, sin seguir los cauces establecidos para las crisis empresariales, y sin realizar una adecuada liquidación de los activos y pasivos sociales).

En estos casos, como se recoge en la Sentencia, ello puede conllevar a la imposición de responsabilidades personales contra los administradores de la sociedad, pues en definitiva, a cualquier empresa “le pueden ir mal las cosas”, pero en tal caso, la ley establece las vías para ordenar esta crisis empresarial (concurso de acreedores, etc.), de modo que, si no se siguen estas vías y se opta por el “persianazo”, ello puede acarrear graves consecuencias económicas para los gestores de la sociedad que adopten esta salida incorrecta.

Se adjunta (AQUÍ) Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 2 de abril de 2025 (BOE de 17 de mayo de 2025), en la Dirección General resuelve un supuesto relativo a una escritura de adjudicación de herencia, relativa a la sucesión de una señora que, en su testamento, instituyó como heredero universal de todos sus bienes “a los familiares que más la cuiden durante sus últimos años que le resten de vida”.

Fallecida la testadora, el heredero que más ha cuidado a la señora, acredita tal condición mediante un acta de notoriedad, aportando las pruebas pertinentes, lo cual es declarado como Notorio por la fedataria pública en cuestión.

Presentada a inscripción esta escritura, el Registrador la califica negativamente, considerando que la institución de heredero es incierta y, por ende, corresponde abrir la sucesión intestada.

Frente a esta opinión, presentado el correspondiente recurso ante la Dirección General, la calificación es revocada, considerando correcto el cauce seguido por los interesados, esto es, que en esta clase de situaciones, la designación de heredero es válida, y el instrumento adecuado para determinar al heredero que más ha cuidado a la testadora es el acta notarial de notoriedad, en la cual deberán aportarse las pruebas que correspondan para acreditar la identidad de la persona en cuestión.

Se adjunta (AQUÍ) enlace consulta vinculante de la DGT (número V0435-25, de 21 de marzo), en el que la Dirección General de Tributos resuelve un caso de contribuyente que adquiere una vivienda de protección oficial (VPO), en la cual, el precio de compra (que ha sido fijado por la administración) es inferior al valor de referencia.

En este caso, el contribuyente plantea la duda de si, como el precio de venta ha sido fijado por la administración, es necesario liquidar el ITP de la operación en función de dicho precio o en función del valor de referencia.

La DGT resuelve el caso aplicando la normativa general, esto es, señala que el contribuyente está obligado practicar la correspondiente autoliquidación por el valor de referencia, y una vez abonada, si considera que el valor asignado perjudica sus intereses legítimos, entonces podrá reclamar a la Agencia Tributaria la devolución de lo tributado de más, a través de las vías legales establecidas a tal efecto.

Se adjunta (AQUÍ) enlace consulta vinculante de la DGT (número V0411-25, de 20 de marzo), en el que la Dirección General de Tributos resuelve un caso de contribuyente que renunció al 25% de un piso que heredó, en favor de uno de sus hermanos.

En estos casos, el órgano directivo del Ministerio de Hacienda determina que, cuando el contribuyente renuncia a la herencia a favor de otro heredero, se debe pagar igualmente el Impuesto de Sucesiones, ya que se considerará que se ha aceptado el legado previamente (se considera pues que no se trata de una renuncia pura a una herencia sino de una renuncia a favor de una persona determinada).

Además, la DGT señala que, en este caso, el heredero también deberá tributar en el IRPF la donación a su hermano, aunque solo si le ha supuesto una ganancia patrimonial, mientras que, si fuere una pérdida, no podrá desgravarla.

Se adjunta (AQUÍ) Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 2 de abril de 2025 (BOE de 17 de mayo de 2025), en la Dirección General resuelve un supuesto relativo a una escritura de fusión de sociedades en la cual se acredita que las sociedades protagonistas de la fusión se hallan al corriente de pago de sus obligaciones fiscales, aportando a tal efecto sendos certificados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los de la Seguridad Social.

Presentado a inscripción el documento, el Registrador Mercantil deniega la inscripción, alegando que, además, es necesario acreditar el estar al corriente de pago de las obligaciones fiscales frente a la Comunidad Autónoma y frente al Ayuntamiento al que pertenezcan.

Interpuesto el correspondiente recurso, la Dirección General resuelve el supuesto revocando la nota de calificación, considerando pues, que en estos casos, solo es necesario acreditar el estar al corriente de las obligaciones fiscales con la AEAT (estatal) y con la Seguridad Social, no siendo proporcionado exigir más acreditaciones (con las administraciones autonómicas o locales) en el caso de esta clase de modificaciones estructurales.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a un interesante y muy reciente post del prestigioso despacho de abogados Ashurst, donde en el mismo se hacen eco de una reciente consulta vinculante presentada por dicho despacho, y resuelta por la Dirección General de Tributos, en la cual se plantea la duda de si la escritura de venta de inmueble y subrogación de deudor hipotecario, está sujeta o no a la cuota gradual del AJD.

En dicha Resolución, la DGT responde negativamente, de modo que, en esta clase de operaciones conjuntas (esto es, venta más subrogación de deudor), no queda sujeta a la cuota gradual del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados ("AJD"), sin perjuicio claro está de la sujeción al impuesto de la propia compraventa, cuestión no controvertida.

En cuanto la resolución esté publicada en el buscador de la DGT, se procederá a enlazar la misma.

Se adjunta (AQUÍ) enlace a un nuevo Flash Fiscal del Colegio Notarial de Cataluña, en la que el notario don Manuel Sarobe Oyarzun, analiza la resolución del Tribunal Económico-Administrativo de 19 de noviembre de 2024, sobre la incidencia del valor de una edificación declarada en escritura en el cálculo de la ganancia patrimonial.

Así pues, como cuestión clave, se aborda en estos casos qué valor puede computarse por una edificación no acreditada con facturas, resolviendo el TEAC que solo las inversiones efectivamente realizadas y justificadas documentalmente pueden integrarse en el valor de adquisición, de modo que, la mera declaración en escritura no basta.

Así pues, el contribuyente deberá conservar las facturas hasta la venta del inmueble, de modo que, en ausencia de prueba, la Administración puede asignar un valor cero a la edificación, incluso si se presenta una tasación técnica sin respaldo de pagos acreditados.

Se adjunta (AQUÍ) enlace la interesante Sentencia del Tribunal Supremo (STS 32/2025, de 7 de enero), en la que se resuelve un supuesto en el que se discute si, la cesión (en vida del propietario actual) de una vivienda a un hijo en precario (esto es, dejar una vivienda a un hijo para que viva en ella a cambio de nada), debe ser computable o no en la herencia de dichos padres como donación colacionable, una vez se produzca su fallecimiento.

En este supuesto, el Tribunal Supremo responde negativamente, afirmando que, en estos casos, se trata de la cesión gratuita de un inmueble, que no comporta donación de derecho alguno, pues quien cede la vivienda a título de precario, como es el caso, puede poner fin a esa situación a su voluntad, sin que el que la ocupa disponga de un título que le reconozca un derecho a poseer más allá de la voluntad del propietario que se renueva en cada instante. Por ello, no puede admitirse que el valor de mercado del uso de la vivienda cedida en precario deba computarse a efectos del cálculo de la legítima ni para su eventual colación.

Se enlaza (AQUÍ) comunicación remitida por el Encargado del Registro Civil de Barcelona, en relación a las juras de nacionalidad que se realizan ante Notario. En concreto:

• Se recuerda que, de conformidad con el artículo 51.1 de la Ley del Registro Civil, los interesados sólo pueden mantener dos nombres simples o uno de compuesto (y no tres como tienen algunas personas en sus países de origen).
• Se recuerda asimismo que no es correcto mantener el apellido del marido en lugar del apellido de soltera de la madre, y que tampoco se debería aceptar el nombre de soltera de la madre acompañado de la preposición con el apellido del marido.
• Por último se recuerda la importancia de verificar el correcto conocimiento de la lengua castellana, a los efectos de asegurar las previsiones de la ley y, en su caso, evitar suplantaciones de identidad.

Para tener en cuenta en todas las juras de nacionalidad que se formalicen ante Notario.